La hipocresía del Estado, la ceguera de la sociedad y el rol de los medios de comunicación en la protección de las arcas empresariales
Hay una inquietante comodidad en la forma en que el país observa el deterioro de la educación pública. Se han acostumbrado a presenciar el declive de los liceos emblemáticos desde la distancia, convencidos por una narrativa superficial que atribuye la crisis únicamente a la violencia estudiantil o al adoctrinamiento político. Sin embargo, reducir el problema a tales elementos es caer en la trampa del boicot neoliberalista y exime totalmente de responsabilidad al Estado, así como al gobierno que considera un liceo como un centro de adoctrinamiento, a una prensa que diariamente se beneficia del morbo de encapuchados y actos incendiarios, y a una sociedad que evoluciona de manera acrítica y reproduce a un político de turno sin darse cuenta de que la educación pública va más allá de enseñar y preparar; actúa como un espejo social.
Los liceos emblemáticos no fueron establecidos con propósitos políticos. Surgieron de la necesidad y la visión para desarrollar una sociedad educada y con un futuro próspero en un país “en vías de desarrollo”; una política de Estado que se entendió perfectamente hacia la década de 1930 bajo la premisa de que “gobernar es educar”, y nuestro país encontró finalmente un surgimiento intelectual dentro de la población. Esta educación representaba el espacio donde la movilidad social y el mérito intelectual podían confrontarse con el clasismo estructural de la clase alta en un país históricamente desigual. Por ello, las gestiones contemporáneas de la educación pública, comparadas con las de gobiernos que entendieron su valor fundacional, revelan una degradación ética y una hipocresía subordinada ante el populismo y la demagogia de nuestros actuales políticos.
El Estado, en particular el Ejecutivo, se enreda en sus explicaciones sobre medidas impopulares; gobernar la educación pública mediante recortes o subejecución presupuestaria en un sistema estructuralmente deficitario no es una política de austeridad, sino un desentendimiento progresivo. El debate político actual ha evidenciado una incapacidad crónica para articular una visión estratégica a largo plazo. Entre la mediocridad burocrática, la falta de gestión en infraestructura y la pérdida de autoridad pedagógica, el Estado ha decidido reemplazar la gestión educativa por la lógica del orden público; ha optado por administrar la crisis criminalizando a las comunidades escolares y respondiendo con represión ante las quejas y manifestaciones estudiantiles, en lugar de garantizar las condiciones mínimas para su funcionamiento.
En medio de esta crisis educativa, el papel fundamental de los medios de comunicación es evidente, ya que se observa un patrón claro en la prensa ante salidas incendiarias o violencia en el ámbito educativo. Al priorizar de manera exclusiva el conflicto, el desorden y la infraestructura dañada, se construye un estigma que trasciende la pauta periodística. Esta narrativa constante no solo desestabiliza la reputación de instituciones centenarias, sino que también crea el pánico necesario para consolidar la migración de la matrícula hacia el sector privado o subvencionado, desplazando la educación de la esfera de los derechos ciudadanos hacia la del mercado de consumo, donde el objetivo deja de ser la formación integral del estudiante y se transforma en la rentabilidad del capital privado y el lucro de la corporación educativa.
Finalmente, emerge uno de los mayores culpables de este desequilibrio: “el cinismo de la sociedad civil”. Este problema de fondo radica en una ciudadanía que no comprende el papel de la educación pública, una que se forma como un reflejo de nuestra sociedad. Una comunidad que cada día siente en la desigualdad y se polariza aún más puede ver claramente el funcionamiento actual de nuestra sociedad, la cual parece ser una olla de presión que podría estallar socialmente en cualquier momento. Esta ciudadanía evalúa la educación pública bajo una lógica puramente individualista. Se lamentan por el estado de las escuelas en conversaciones privadas, pero critican cuando los estudiantes salen a manifestarse y experimentan la represión policial. Existe un sector que intuye la gravedad de este reflejo, pero elige negarlo, como Pedro a Jesús, en un ejercicio deliberado de miopía social, ya que lo encapsula en los estudiantes y su lucha reiterada que parece no concernirles cuando no se ven afectados. No comprenden que el impacto es transversal; si la educación pública naufraga, es porque el país ha renunciado a la noción de un destino colectivo.
La crisis no se solucionará mientras las autoridades sigan tratando la demanda educativa como un enemigo moral, la prensa persista en encubrir la mercantilización del sistema y la sociedad civil continúe mirando hacia otro lado cuando la causa no parece afectar su bolsillo. Si permitimos la desintegración de los liceos emblemáticos, no solo se perderán aulas e historia; habremos confirmado que la República ya no tiene proyectos que ofrecer a las futuras generaciones.
Ignacio Saavedra Chamorro
Estudiante de 16 años del Instituto Nacional de Chile
Agosto de 2026
