La provisión educativa en la última milla rural ha sido históricamente compleja. Además de las condiciones materiales que son un constante reto para las comunidades que cargan con la labor de educar y formar niñas, niños y jóvenes, se constata año tras años el diagnóstico de inequidad territorial que afecta al largo, angosto y diverso Chile: el desempeño y trayectoria educativa de las personas está fuertemente determinada por su lugar de origen.
Un estudio desarrollado por Castillo-Peña evidenció en 2021 que los estudiantes provenientes de zonas rurales tienen menor probabilidad de acceder a la educación superior que un alumno de un territorio urbano, pese a contar con un rendimiento académico similar en la prueba SIMCE. El gran peso que tiene el territorio sobre el proyecto de vida de una persona sigue siendo una preocupación urgente porque, justamente, las políticas públicas no logran corregir del todo las desigualdades estructurales propias del modelo social chileno.
Pero también hay buenas noticias. Según datos oficiales del Ministerio de Educación, así como evidencias levantadas por el estudio citado, la agenda educativa rural ha visto logros importantes en los últimos años en materia de cobertura escolar –asociado a salud y alimentación– y en mayor acceso a la educación superior por parte de jóvenes de hogares rurales a partir de la gratuidad, particularmente en instituciones del subsistema de educación técnico-profesional.
El escenario es alentador porque nos muestra que los horizontes formativos de los sectores rurales se hacen más grandes, cosechando lentamente en los imaginarios de las comunidades la idea de trayectorias formativas a lo largo de la vida. Si bien se mantienen brechas educativas entre territorios urbanos y rurales, las expectativas de formación de jóvenes y familias que habitan la ruralidad tienen nuevas proyecciones que son necesarias de reconocer, sembrar y garantizar desde las políticas.
Instalar la idea de trayectoria educativa en estudiantes y comunidades de escuelas rurales es un gran mérito que no debemos abandonar porque nos acerca a la justicia territorial. Hay más expectativas de estos jóvenes y sus familias en ingresar a la educación superior que, en los hechos, se está cumpliendo desde el punto de vista del acceso, pero no desde su permanencia ni completitud. Esto se confirmó en el proceso participativo levantado por el Ministerio de Educación para el diseño de la Política Nacional de Educación Rural (2024): las trayectorias educativas se ven afectadas por diferentes problemáticas que terminan por interrumpirlas (o, peor, abandonarlas), tales como la alta movilidad familiar o la falta de oferta de educación secundaria.
Profesionales de la educación, padres, madres y apoderados coindicen en este diagnóstico: tienen mayores expectativas y proyecciones de las trayectorias formativas de las juventudes, pero les preocupa que no logren permanecer ni culminar sus estudios debido a las distancias que deben recorrer, los problemas económicos de las familias, la baja preparación académica y la soledad provocada por la falta de acompañamiento en su carrera.
También es de alto valor que la discusión sobre la propuesta de Política Nacional de Juventudes Rurales (INDAP-INJUV-ODEPA), ponga en la mesa el ámbito educativo y formativo de las personas. En esta agenda el emprendimiento rural ha sido especialmente relevante, pero las posibilidades e intereses de las y los jóvenes no pueden agotarse ahí. Es vital diversificar las posibilidades de trayectorias formativas en la última milla rural de Chile y sostenerlas a lo largo de los gobiernos de turno.
No con la velocidad y cobertura que quisiéramos, hay que admitir que la institucionalidad está hablando en clave territorial y rural. Ejemplos como los Centros de Formación Técnica Estatales en comunas distintas de las capitales regionales, cuyo resultado ha posibilitado que las personas de lugares no urbanos rescaten trayectorias educativas postergadas o abandonadas. Una de sus estudiantes, en el marco de un diálogo realizado durante 2023 en la región de O’Higgins, resaltaba con valor la posibilidad de tener una opción educativa a pasos de su hogar. “Somos dueñas de casa, o sea mantenemos a nuestras familias, o sea, somos como el pilar de nuestra familia; la mayoría, al menos en mi curso, son todas adultas y es importante que sea más cerca”.
Resulta imprescindible pensar en políticas de distinta índole y ámbito que doten a los territorios rurales de condiciones y dinámicas habilitantes para que las personas potencien sus capacidades. Promover trayectorias educativas en la última milla rural implica atender conjuntamente ofertas formativas de calidad y con pertinencia territorial, así como entregar los dispositivos de apoyo mínimos que posibiliten la culminación de transiciones de vida. La institucionalidad y sus actores, como se revisó, están poniendo estos temas en las discusiones de políticas para diversificar las rutas y decisiones de proyectos de vida de las personas. Se avanza por buen camino; urge profundizar la mirada y, por ende, evitar retroceder a los enfoques productivistas de las juventudes que clásicamente se toman la agenda rural.
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Patricio Carrasco, investigador Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
