La transformación política que ha sido mandatada a la Convención Constitucional tiene como tarea proponer un orden político que transgreda la cultura de los privilegios en todo ámbito de la realidad social. El actual Gobierno elegido con el apoyo popular también debe ser fiel a su promesa en favorecer a las víctimas de los Gobiernos anteriores que colaboraron con los privilegiados.
Estamos en un proceso de lucha por el poder que debe fortalecer la democracia dejando atrás las lógicas autoritarias, conservadoras y neoliberales que nos llevaron a una de nuestras mayores crisis políticas.
En este momento fundacional las retóricas son importantes, lo mismo que las ideas y los consensos. Los sectores que representan a los privilegiados vienen haciendo una fuerte presión al trabajo de los convencionales y a las posibilidades de un buen Gobierno de esta fuerza política joven que hizo el quiebre al sistema binominal instalando una tercera fuerza política novedosa en el contexto de la posdictadura.
Son contenidos pendientes en relación a nuestros derechos son los que tendrán que formularse sobre salud, vivienda, educación, trabajo, alimentación, pensiones, etc.
La cuestión acerca de la educación superior será de relevancia dado que ésta trae consigo una histórica culpa por la segregación que produce. Por ejemplo, el actual panorama en que hay universidades que reciben mayores aportes del Estado o esa permisividad existente frente a las universidades que lucran, el escaso apoyo a las instituciones que son centros de formación técnica, etc.
Sin duda la educación superior chilena tiene varias instituciones superiores a las cuáles se les está midiendo con altos estándares de competencia sometidas a criterios de desarrollo tecnocrático impuestos por instituciones internacionales. Son estas instituciones las que corren en desventaja, dado que el aporte del Estado no es equitativo. Siguen existiendo instituciones que ocupan un lugar de privilegio en la distribución de los recursos.
El desafío de un nuevo Chile a la Convención Constitucional y al Gobierno es ineludible en todos aquellos campos en los que seremos sujetos de derecho. El financiamiento de la educación superior en su conjunto no puede seguir manteniendo la brecha de la desigualdad, es necesario que todas las instituciones participantes participen del bien común de manera concreta y comprometida, no sólo como una vana declaración.
El Chile nuevo desde sus fundamentos democráticos debe ser capaz de crear un sistema educativo superior en función del bien común y a favor de todos sus ciudadanos.
Alex Ibarra Peña.
Dr. en Estudios Americanos.
