Este 11 de septiembre, a raíz de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973, mientras la noche se hacía cómplice de distintas manifestaciones y formas de conmemoración, surgía la noticia de que había una persona afectada por trauma ocular causado por la represión policial. Esta nueva victima se suma a las mas de 500 existentes desde la revuelta social del 2019. Parece contradictorio, pero esa misma tarde en que el Presidente Boric en un acto en La Moneda repetía la consigna del “nunca más” a las violaciones de los derechos humanos, ocurría bajo su gobierno una nueva agresión con consecuencias irreparables para una civil a raíz de la acción represiva de un policía uniformado.
A 50 años del golpe de Estado de 1973 y luego de todo lo vivido estos 33 años de transición democrática, ¿cómo estamos entendiendo los derechos humanos en nuestro país?; ¿es que acaso estamos construyendo una jerarquía de derechos humanos más importantes y urgentes que otros, en donde los cometidos en dictadura resultan tener prioridad y urgencia en su resolución y reparación frente a los ocurridos en 2019 e incluso hoy día, que por su contingencia no son objeto de investigación, esclarecimiento y reparación?; ¿en qué medida volver a revisar las violaciones a los derechos humanos ocurridos entre 1973 y 1990 son reales medidas de reparación y no repetición, si la policía sigue reprimiendo y mutilando ocularmente a civiles en el espacio público?
Parece irónico que cuando personajes importantes, como el juez Baltasar Garzón -responsable de la detención de Pinochet en Londres- o Estela de Carlotto -presidenta de la asociación abuelas de la plaza de mayo- están en Chile conmemorando los 50 años del golpe militar, en el mismo espacio temporal y espacial vuelvan a suceder violaciones a los derechos humanos. Pero resulta aún más paradójico que casi a 3 meses del suicidio de una víctima de trauma ocular, se sigan sumando nombres a este cada vez más largo listado de víctimas. Es inaceptable que se sigan usando los discursos de reparación y no repetición -especialmente en este contexto de los 50 años- y continúen ocurriendo en el presente el mismo tipo hechos que como sociedad buscamos dejar en el pasado y erradicar de nuestra realidad cotidiana.
Estamos ad-portas de la conmemoración de los 4 años de la revuelta del 18 de octubre y el panorama es aún más gris que en 2019. Si miramos en retrospectiva, nada ha cambiado: el costo de la vida sigue en aumento y estamos inmersos en un proceso constituyente con claros tintes de extrema derecha, que promete devolvernos a los tiempos de la dictadura. Pero es aún más grave que a 4 años de iniciado el estallido social, continuemos en una sociedad donde una conmemoración o manifestación en el espacio público implique arriesgarse a experimentar represión, perder un ojo o la vida, y no haya nada que garantice los derechos humanos báscios de las personas, ni asegure que las violaciones a los derechos humanos seguirán sucediendo. Estamos en un país de frágil memoria, donde a 50 años de un golpe militar siguen ocurriendo violaciones a los derechos humanos contra civiles desarmados, por parte de la policía uniformada en nombre del Estado. Pero, la contingencia de estos hechos los separa y distancia de las ocurridos en los 17 años de dictadura, al tiempo que, los desautoriza como instancias de injusticia y reparación.
No podemos esperar que las políticas de memoria activadas desde el gobierno constituyan garantías de no repetición, sino entendemos que la violencia estatal unidireccionalmente dirigida contra la población civil ayer y hoy tienen el mismo estatus jurídico y ético, y por tanto, merecen el mismo trato, preocupación y aplicación de la justicia. No es necesario, que las violaciones a los derechos humanos ocurridos desde 2019, hoy y las que seguirán ocurriendo en el futuro, sean naturalizadas y se enfrenten a una política de olvido e impunidad. Es imporante que entendemos que la violencia estatal contra civiles de ayer y hoy son inaceptables, que son el punto de partida para una comprensión de los derechos humanos en todo periodo histórico y en todo evento de asimetría en el uso de la fuerza por parte de agentes del estado constutiyen contextos propiciadores de violaciones a los derechos humanos. No es necesario que como Víctor Jara y otras víctimas del terrorismo de Estado de hace 50 años, las actuales ciudadanos y ciudadanas reprimidas en las calles y objetos de excesos policiales, deban esperar medio siglo para ser reparadas y sus derechos adquieran la relevancia que merecen.
Nahuel Herane,
Observatorio de Historia Reciente de Chile y América Latina UDP.