Con desazón, frustración y también con una cuota de desesperanza, la Región de Valparaíso vuelve a enfrentarse a una dura realidad: la propuesta de Ley de Presupuestos 2026 no contempla los recursos necesarios para responder a las urgencias de nuestra red sanitaria. Una vez más, el Gobierno parece darle la espalda a sus promesas de campaña y a las necesidades de una ciudadanía que espera, con justa razón, un sistema de salud digno y oportuno.
El hospital Carlos Van Buren, emblema de la salud pública regional, continúa siendo el ejemplo más descarnado de este abandono. Se trata de un centro que nunca ha sido normalizado en sus áreas clínicas y que apenas sobrevive con un presupuesto que sólo alcanza entre el 60% y el 65% de su real funcionamiento. Salvo emergencias catastróficas, como el derrumbe de su central de alimentación, no ha habido proyectos de envergadura que permitan llevarlo a los estándares que la propia normativa sanitaria exige. La promesa de adquirir un terreno para iniciar su normalización quedó entrampada en la burocracia: terminamos el 2025 sin terreno, sin diseño, sin proyecto y, peor aún, sin horizonte claro.
La situación no es distinta en otros hospitales clave de la región. El psiquiátrico de El Salvador continúa con una infraestructura precaria, la segunda etapa del Gustavo Fricke se posterga indefinidamente y el hospital biprovincial de Quillota-Petorca sigue esperando la culminación de sus obras. A ello se suma la carencia de especialistas, de equipamiento adecuado y de insumos suficientes para enfrentar listas de espera que se vuelven interminables, tanto en patologías GES como no GES.
El problema no radica en la falta de diagnósticos. Desde el Colegio Médico y otros gremios hemos llevado estas preocupaciones al Congreso, a subsecretarios de redes asistenciales y a distintos ministros de Salud. Sin embargo, pareciera que desde Santiago la lectura de los números no logra traducirse en la comprensión de la realidad concreta: hospitales colapsados, pacientes esperando meses o años por una cirugía, profesionales trabajando al límite y comunidades enteras postergadas en sus derechos.
La salud no puede seguir siendo entendida como un gasto que se posterga, sino como una inversión esencial en cohesión social, en dignidad y en calidad de vida. Cuando el Estado no asegura condiciones mínimas para la atención médica, está vulnerando un derecho humano fundamental: el de acceder a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. Y en la Región de Valparaíso, hoy, ese derecho está siendo sistemáticamente negado.
Sabemos que ningún gobierno, salvo bajo la presión social más aguda, ha priorizado de verdad la salud en esta región. Pero esa resignación no puede transformarse en norma. El presupuesto 2026, en su estado actual, condena a nuestra población a seguir esperando lo que nunca llega. Por eso es vital que en la discusión parlamentaria se corrija el rumbo y se aseguren los recursos que la ciudadanía merece.
El Estado de Chile está en deuda con Valparaíso. No se trata solo de edificios o equipamiento: hablamos de vidas que se prolongan en la incertidumbre, de tratamientos que llegan demasiado tarde, de un sistema que, en lugar de proteger a los más vulnerables, termina reproduciendo la desigualdad. Esa deuda no admite más postergaciones.
Desde el Colegio Médico seguiremos alzando la voz. Nuestra abogacía no busca privilegios corporativos, sino condiciones básicas para ejercer la medicina y garantizar la salud de las personas. Si de verdad queremos un país más justo, no podemos seguir aceptando que Valparaíso se convierta en el símbolo del abandono sanitario.
La salud no es un favor ni una dádiva: es un derecho. Y el 2026, si no hay un cambio de voluntad política, volverá a recordarnos lo lejos que estamos de cumplirlo.
Ignacio de la Torre Chamy, presidente del Colegio Médico de Valparaíso
