La reciente controversia generada por el oficio del Ministerio de Hacienda, en el marco de la formulación del Presupuesto 2027, ha abierto un amplio debate que Chile no puede eludir. Más allá de las posteriores aclaraciones realizadas por la Dirección de Presupuestos respecto del uso del término “descontinuar”, reemplazándolo por la idea de “reformular”, la señal política e institucional ya ha sido emitida y merece una reflexión profunda.
Se trata de algo más que únicamente una discusión semántica. En política pública, las palabras importan porque orientan prioridades, definen decisiones y modelan la forma en que el Estado se relaciona con las necesidades de la ciudadanía. Hablar de reformulación, ajuste o evaluación permanente debería ser parte de una gestión responsable. Sin embargo, cuando en el debate surgen cuestionamientos a programas vinculados a alimentación escolar, salud mental, prevención del suicidio, atención a personas mayores, salud de poblaciones vulnerables y protección social, la discusión deja de ser meramente técnica para transformarse en una definición sobre el país que queremos construir.
Como Federación de Profesionales Universitarios de Chile, consideramos relevante la administración eficiente de los recursos públicos en beneficio de la calidad de vida de la población, el desarrollo y crecimiento económico. Por tanto la responsabilidad presupuestaria es un imperativo para cualquier gobierno y una condición necesaria para la sostenibilidad del Estado.
En este sentido, eficiencia debe estar enfocada en el fortalecimiento de las políticas públicas y no confundirse con debilitamiento social. Los programas públicos son más que solo cifras en una planilla presupuestaria. Son instrumentos concretos que permiten garantizar derechos, reducir brechas, prevenir daños mayores y sostener la cohesión social. En salud, educación y protección comunitaria, muchas veces una política preventiva evita costos humanos y económicos mucho más altos en el futuro.
Consideramos que la restricción del gasto fiscal y el debilitamiento de areas sensibles como salud, educación, seguridad social, traslada el costo e impacta a la población más vulnerable y de especial atención al restringir acceso a atención y beneficios, al mismo tiempo impacta negativamente la calidad y carga laboral de los equipos profesionales.
La discusión de fondo, por tanto, no es simplemente cuánto ajustar, sino dónde, cómo y con qué visión de país.
Chile ha construido durante décadas una red de políticas públicas orientadas a proteger a la infancia, fortalecer la salud pública, acompañar a las familias y responder a necesidades emergentes como la salud mental y el envejecimiento de la población. Cualquier proceso de reformulación debe resguardar ese piso mínimo de protección social y asegurar que la modernización del Estado no termine transformándose en un retroceso para millones de personas.
Nos preocupa especialmente que, bajo la lógica del ajuste, se instale una mirada que reduzca la inversión social a una variable prescindible. Cuando el Estado retrocede en áreas sensibles, quienes primero resienten sus efectos son las familias más vulnerables, niñas, niños, adolescentes, personas mayores y quienes dependen del sistema público para ejercer derechos básicos.
Por ello, hacemos un llamado a que el próximo debate presupuestario se conduzca con responsabilidad, transparencia y sentido estratégico. Ajustar no puede significar desmantelar. Reformular no puede equivaler a debilitar derechos. Modernizar no puede traducirse en un retroceso de décadas en materia social.
Chile necesita equilibrio fiscal, sí, pero nunca a costa de sacrificar la dignidad, la salud y la protección social de su población. Porque un país no se mide solo por el equilibrio de sus cuentas, sino por la fortaleza con que protege a su gente.
Santiago, 28 Abril 2026
