La política y el funcionamiento de sus instituciones son cada día más invisibles para la ciudadanía, salvo que ocurra un escándalo de tal magnitud que resulte relevante para los algoritmos de redes sociales y aquellos fieles a los medios de comunicación tradicionales. Hay una forma de gobernar que no necesita anunciar sus recortes y evita relevar, entre otras cuestiones más importantes, los cambios internos que no llegan a los tabloides; simplemente mueren como otra noticia más. Este gobierno ha perfeccionado el arte del desmantelamiento por omisión y sin una transparencia de compromiso previo, dejando que la inacción haga el trabajo sucio que la ley no le permite hacer abiertamente.
Si diseccionamos algunas medidas por áreas, e iniciamos por las políticas públicas de memoria y reparación histórica, encontramos ejemplos perfectos con el Plan Nacional de Búsqueda y el Plan de Adopciones Ilegales. Descabezar el primero y cerrar el segundo evidencian este vaciamiento institucional, haciendo engañosa la gestión del gobierno: no se niega la memoria explícitamente, se la deja morir de inanición institucional.
Por otro lado, el desmantelamiento de la Política Exterior Feminista, del Biblioespacio Mónica Briones y el cierre del Programa Mujeres Rurales demuestran una retirada deliberada del Estado de su rol garante frente a las mujeres y disidencias. Cada desmantelamiento reduce lo público, individualizando lo estructural y borrando procesos construidos bajo mecanismos de participación ciudadana. El gobierno de Kast, que prometió no vulnerar derechos de ninguna persona, ejecuta hoy ese desmantelamiento de forma sistemática y silenciosa.
También el inminente cierre de INJUV nos trae a colación otra problemática: que un organismo pase de tener presencia nacional a depender de apenas 30 funcionarios demuestra la liquidación encubierta de una institución completa, disfrazada de eficiencia administrativa. Esta responsabilidad no nació con el gobierno actual, pero su continuidad sí. Esta administración tuvo la posibilidad de revertir el vaciamiento heredado y, en cambio, lo profundizaron con un despido de 200 personas. Lo grave es que esto revela que las juventudes no son sujetos de derecho merecedores de institucionalidad propia: hay protección específica para la infancia y la vejez, pero no para quienes sostienen el futuro del país. El INJUV muere por asfixia presupuestaria y desidia política, sin que nadie cargue con el costo político de haberlo desmantelado.
Lo que atraviesa la memoria histórica, los derechos de mujeres y disidencias, y la participación de la juventud es una misma estrategia de achicamiento del Estado, ejecutada allí donde este incomoda a la autoridad, donde exigen verdad, redistribución de recursos o espacios de deliberación colectiva. Lo que se está realizando es una forma de violencia estructural que actúa por omisión, sin necesidad de discursos explícitos ni anuncios estridentes. Basta con dejar de financiar, con reasignar una unidad, con no renovar un convenio. El silencio administrativo y las tácticas de este gobierno se convierten así en la herramienta más eficaz para desmontar derechos sin asumir el costo político de nombrarlos.
Todo esto es una advertencia, pues lo que hoy se desarma en el desinterés y la letra chica de un oficio, mañana será una deuda histórica difícil de saldar. Que esta información circule, se discuta y se resista al olvido es, en sí mismo, un acto de defensa democrática en tiempos de tabloides tendenciosos.
Ariadna Beneventi Pacheco
Directora Cohesión Sociopolítica - ONG Intransigentes
Estudiante sociología UC
Ana Paula Reyes
Directora de comunicaciones - Academia Feminista
Cientista política UC.
