Del reconocimiento formal de los derechos a la construcción del bienestar.
Con frecuencia, el bienestar se ha asociado al crecimiento económico, al nivel de ingresos o la capacidad adquisitiva de las personas. Sin embargo, desde hace algunas décadas comenzó a cuestionarse si estos indicadores, por sí solos permiten explicar cómo viven realmente las personas. Desde el enfoque de las capacidades se planteó que el bienestar no depende solo del reconocimiento formal de los derechos ni de la consagración de políticas públicas, sino también de las oportunidades reales y de las capacidades efectivas que las personas tienen para ejercerlos y construir la vida que desean.
Aunque esta visión ha sido ampliamente discutida, persiste en el debate público y político la tendencia a asociar el bienestar con indicadores de crecimiento económico, el acceso a bienes y servicios o la aprobación de un proyecto de ley. Sin embargo, esta perspectiva parece insuficiente para comprender por qué las personas, pese al reconocimiento formal de ciertos derechos, continúan enfrentando barreras para desarrollar sus proyectos de vida y mejorar sus condiciones de bienestar.
La interrogante que surge en el contexto actual del país no se relaciona únicamente con el número de derechos que formalmente se reconocen, sino también con la posibilidad real de ejercerlos en la vida cotidiana. ¿Qué ocurre cuando la restricción fiscal, la redefinición de prioridades o el debilitamiento de programas sociales limitan las condiciones que permitían transformar esos derechos en oportunidades reales? ¿Es suficiente con que un derecho aparezca en el ordenamiento jurídico si las personas enfrentan más obstáculos para ejercerlos? ¿Es posible hablar de bienestar cuando el reconocimiento formal de los derechos no se traduce en capacidades efectivas para vivir con autonomía y dignidad?
Entonces, lo que se plantea es que el desafío del Estado en materias vinculadas al bienestar y calidad de vida no termina cuando se reconoce un derecho, sino más bien comienza cuando se garantizan las condiciones mínimas para que este sea ejercido. Los derechos no operan de manera aislada, forman parte de un sistema interdependiente. Su ejercicio efectivo depende de una serie de condiciones políticas, sociales y económicas que los potencian o limitan entre sí.
Esta interdependencia se observa claramente en debates actuales sobre políticas públicas en nuestro país. La discusión de la Sala Cuna Universal ilustra que el bienestar no solo se decreta ni tampoco se legisla. El impacto en la calidad de vida y el bienestar de las personas no depende exclusivamente de la aprobación de la ley, sino de cómo esta dialoga con otras políticas públicas.
La conciliación entre el trabajo y la familia, la corresponsabilidad de los cuidados, la estabilidad laboral, los cambios en la regulación de la jornada laboral, los mecanismos de financiamiento de la Sala Cuna Universal, el Seguro de Cesantía y las condiciones laborales forman parte de un mismo ecosistema institucional.
Analizar estas políticas de manera aislada, parecería suficiente, pero aquello no es así. Son condiciones necesarias, pero no suficientes por sí solas para demostrar que el bienestar depende de la coherencia entre diversas políticas que forman parte del sistema de protección social en nuestro país. La arquitectura del bienestar surge de la articulación de un ecosistema de políticas que se refuerzan entre sí. Su potencial para ampliar las capacidades de las personas puede verse afectado cuando entra en tensión con otras decisiones en materia de políticas públicas.
Una madre trabajadora para mejorar sus condiciones de bienestar no ejerce únicamente el derecho a la Sala Cuna Universal, sino que también depende de las condiciones laborales compatibles con la crianza, de los tiempos razonables de desplazamiento, de la proximidad de los servicios, de ingresos suficientes, redes de apoyos y cuidados, pero, también, de mecanismos de protección frente al desempleo. Cuando alguno de estos aspectos se debilita, las oportunidades que buscaba generar una política determinada, en este caso, la Sala Cuna Universal, también se ven limitadas junto a su bienestar.
Lo mismo se puede observar en otras materias en las que se ha legislado en torno al reconocimiento formal de derechos. En materias de discapacidad, por ejemplo, el reconocimiento ha significado un avance significativo indiscutible. Sin embargo, estos avances no siempre se han traducido en la ampliación efectiva de las capacidades de las personas cuando aún persisten barreras de accesibilidad, transporte, apoyos, terapias, empleos o participación. El reconocimiento formal se constituye como una condición necesaria pero no suficiente por sí sola para transformar esos derechos en oportunidades reales de inclusión y bienestar.
En consecuencia, el éxito de una política pública no debería ser evaluado solo por su aprobación, cobertura o ejecución presupuestaria, sino por su capacidad efectiva de ampliar las oportunidades reales de bienestar de las personas. Si una política entra en tensión con otra, no solo disminuye el efecto esperado, sino que también se debilitan las condiciones que permiten que las personas construyan su bienestar. Las personas no viven las políticas públicas por separado, viven el resultado de la interacción entre ellas. Por lo tanto, el bienestar esperado depende de la articulación de las diferentes políticas que forman parte del ecosistema institucional.
El desafío en el contexto actual es garantizar derechos, pero también, asegurar que estos dialoguen entre sí, generándose condiciones reales para que estos puedan ser ejercidos. Entonces, ¿Cómo se construye el bienestar? No se construye de manera aislada en el cuerpo normativo de una ley o reforma, sino que en la experiencia cotidiana que viven las personas para conciliar la vida familiar y laboral, los apoyos y cuidados, depende de contar con servicios oportunos, accesibles y cercanos. En definitiva, el reconocimiento formal de los derechos es apenas el punto de partida. El bienestar se genera cuando el Estado logra convertir esos derechos en posibilidades reales de impactar en la calidad y trayectoria de vida de las personas.
Chile ha ampliado los derechos, pero ahora tenemos el desafío de ampliar la capacidad real de ejercerlos.
Luis Fabián Riquelme Campos
Cientista Político, Universidad Diego Portales.
