El cáncer no puede transformarse en una trinchera política ni en moneda de cambio parlamentaria entre partidos, regiones o sectores de poder. Resulta éticamente preocupante observar cómo, en medio de disputas presupuestarias y negociaciones legislativas, las necesidades de pacientes oncológicos terminan utilizadas como argumento de presión, intercambio o cálculo político.
Cuando el acceso a tratamiento, derivaciones, financiamiento o continuidad terapéutica depende de correlaciones de fuerza parlamentaria, se instala una lógica bélica donde las personas enfermas quedan atrapadas entre bandos. En ese tira y afloja político, quienes viven el cáncer siempre pierden primero.
Las regiones extremas conocen bien esta dinámica. Se nos recuerda en discursos, pero se nos negocia en silencio. Mientras en el centro del país las discusiones suelen medirse en porcentajes o cifras presupuestarias, en territorios alejados esas decisiones se traducen en algo mucho más concreto: pacientes separados de sus familias, viajes interminables para acceder a atención, desgaste económico, sufrimiento psíquico y tratamientos sostenidos bajo una profunda incertidumbre.
El cáncer no puede convertirse en un botín presupuestario o parlamentario ni en un recurso discursivo para disputar cuotas de poder. Hablar de salud pública en Chile exige abandonar la lógica del canje y comprender que detrás de cada cifra existen personas, familias y trayectorias vitales profundamente fracturadas por la enfermedad.
Resulta especialmente grave cuando la discusión política pierde de vista la experiencia humana del cáncer. Porque en oncología o cuidados paliativos el tiempo importa. La continuidad terapéutica importa. El alivio del dolor importa.
La dignidad importa. No se trata únicamente de administración financiera o de votos parlamentarios sino de decisiones que afectan directamente la posibilidad de vivir, aliviar el sufrimiento o acompañar con dignidad.
La salud pública no puede administrarse bajo lógica de guerra política. Mucho menos en regiones extremas, donde históricamente las desigualdades territoriales ya condicionan el acceso a derechos fundamentales.
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Yordanna Ovando Hernández, trabajadora social clínica paliativista
