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El caso del bosque y de los petroglifos de El Mauro. Por Eduardo Pérez Valdivia

EL MAYOR ATENTADO PATRIMONIAL EN LA HISTORIA DE CHILE

La mina de cobre Los Pelambres se encuentra a 45 km al Este de la ciudad de Salamanca, Provincia del Choapa, en la Región de Coquimbo, y a una altura de 3600 msnm. Pertenece en un 60% al clan Luksic (Antofagasta Minerals) y en un 40% al Consorcio japonés Mitsubichi. Comenzó su explotación el año 1999. Es la cuarta mina de cobre más grande de Chile y está entre las 10 más grandes del mundo.

El año 2003, ante el aumento de su producción, Minera Los Pelambres (MLP) se ve en la necesidad de construir un nuevo tranque de relaves mineros tóxicos, porque el que había construido el año 2000 en Los Quillayes (valle de Cuncumén, al interior de Salamanca) ya era insuficiente. Para esto pide las autorizaciones para realizar su “Proyecto de Desarrollo Integral” que consistía en la construcción de un mega tranque de relaves en el lugar denominado El Mauro, ubicado en la cabecera del estero Pupío, situado a 10 km del pueblo de Caimanes y a 50 km al Noreste del balneario de Los Vilos, En 1999, el Gerente General de MLP, Nelson Pizarro Contador, dijo “El respeto por el pasado de la zona ha sido una ocupación principal de la gestión ambiental de MLP, desde sus inicios y hacia el futuro, permitiendo descubrir y rescatar para el patrimonio de Chile el legado cultural de quienes habitaron la precordillera del valle de El Choapa”.

A pesar de lo dicho, para construir el tranque Los Quillayes, MLP destruyó los sitios arqueológicos del lugar, cortando más de 10 bloques graníticos que contenían petroglifos y los trasladó a un Parque Rupestre que habilitó algunos kilómetros más abajo. Ahora para construir su nuevo tranque de relaves, MLP debe cortar un bosque nativo “relicto” y bloques graníticos grabados con petroglifos que conforman un conjunto de sitios arqueológicos ceremoniales (santuario) en el lugar. Para rescatar algo de esta destrucción irreversible, la Comisión Regional de Medioambiente (COREMA) IV Región, en su “Resolución de Calificación Ambiental” (RCA) Nº 038 de Abril de 2004, pone como condición, entre otras, que MLP construya antes de la operación un “Parque Rupestre” donde traslade posteriormente las piezas arqueológicas y los bloques graníticos con petroglifos que retirará de El Mauro, a lo cual MLP se comprometió firmando el documento.

Así, el año 2005, con grave impacto biológico, ecológico y botánico, se intervinieron 125 Hás. de bosque nativo “relicto” (remanente de fines del Pleistoceno, 12000 a 10000 años a.p.), que incluía especies de “canelo chequén”, siendo el bosque más septentrional de su distribución en Suramérica, el bosque más denso de canelos de todo el Norte Chico chileno y la última formación que quedaba en la Región de Coquimbo. Los canelos, peumos, boldos y quillayes de este bosque, eran especies “en peligro de extinción”. Otras especies “menos expuestas” eran el arrayán y el tebo.

Acto seguido, se realiza “el mayor proyecto arqueológico de la historia de Chile”. Un equipo de 250 profesionales de la arqueología, con un costo de US$ 5 Millones, en sólo dos meses, según señala el Informe Nº 19 de la Contraloría (CGR), emitido el 06/04/2006, intervinieron 1800 Hás. conteniendo 148 sitios arqueológicos con relación astronómica y estructuras subterráneas, removiendo 448 bloques graníticos de roca con 765 paneles de arte rupestre conteniendo 2788 motivos (petroglifos), además de un cementerio indígena, desintegrando así un contundente y complejo sistema de material lítico, cerámico y osteofaunístico.

Mauricio Uribe Rodríguez, Presidente de la Sociedad Chilena de Arqueología en 2005, refiriéndose a la cantidad de profesionales que participaron en este desastre dijo: “llega un momento en que los arqueólogos se convierten en los rescatadores de lo posible. Si tú no lo haces, lo hará cualquier persona, incluso sin conocimientos técnicos. Contratarán arquitectos, ingenieros, profesores, etc. con tal de cumplir su proyecto”.

Al respecto, el Dr. Horacio Larraín Barros, Antropólogo y Arqueólogo (State University – NY) señaló el 2004: “……. No son simplemente bloques dispersos o petroglifos inconexos, como se ha afirmado y podría pensarse, sino que constituyen conjuntos que, por la similitud con otras áreas del norte y centro de Chile, deben ser consideradas verdaderos “santuarios”…………Tales “santuarios” no podrían ser trasladados, por la sencilla razón de que se perdería para siempre su funcionalidad, su relación con senderos o trayectos, con el medio y la vegetación, su sentido ritual religioso y, muy probablemente, su asociación con entierros o cementerios.”

Curiosamente el país nunca fue informado de este “mega proyecto arqueológico”, además MLP nunca entregó los informes del trabajo realizado. Por otro lado el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) nunca fiscalizó el trabajo, como le ordena la Ley.

Así entonces, sin fiscalizar, el CMN avaló el Informe hecho por MLP, aprobándolo con una “Línea de Base Arqueológica” (medición) errónea, con sólo 8 sitios arqueológicos de origen incaico, molle y diaguita. Esta es la llamada “Primera Fase”, que tuvo un costo de $ 20 Millones. Pero como posteriormente se encontró más de un centenar de sitios arqueológicos, con data de 2000 años a.p., se tuvo que realizar la “Segunda Fase”, que tuvo un costo de US$ 2 Millones. La diferencia es notable.

Un académico del Depto. de Antropología de la U. de Chile, que participó en la aprobación del Proyecto, dijo “…,reconozco que estuve poco informado………..porque no dimensionamos lo que teníamos al frente, además que estábamos entre la espada y la pared…..”, con estas últimas palabras se refiería a que el Proyecto ya estaba autorizado por la COREMA, cuando se supo del hallazgo de más petroglifos.

Finalmente, la máxima autoridad del CMN de ese entonces, Angel Cabezas Monteira, asumió el “error” disculpándose, y los arqueólogos “rescatadores” que participaron en la operación la calificaron como “el mayor atentado patrimonial de la historia de Chile”.

De los 148 sitios declarados en el Informe 19 de la CGR el 2006, existe información parcial de sólo 40. ¿Dónde está la información de los 108 sitios restantes?, ¿dónde están esos petroglifos?, ¿hubo robo, hubo tráfico de piezas arqueológicas?

Se hizo la denuncia al CMN. Éste rechazó el Informe de MLP (“Primera Fase”) y exigió un nuevo estudio (“Segunda Fase”), pero el Proyecto ya estaba aprobado.

¿Y quienes fueron los responsables de todo esto?. Veamos. El 23 de agosto de 2010, la CGR emitió finalmente el Informe de un Sumario Administrativo, en el que sanciona a tres miembros de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) por haber trabajado de manera ilegal para MLP en los “Estudios de Impacto Ambiental”, ellos son Gonzalo Ampuero Brito, Christian Becker y Gastón Castillo Gómez. Al final, de los tres, sólo Christian Becker fue sancionado, porque Gastón Castillo renunció al cargo antes de la resolución de la CGR y Gonzalo Ampuero se acogió a jubilación. La CGR también sancionó a la Sra. Nibia Palma Manríquez en su calidad de Directora de la DIBAM y de Vice Pdta. del CMN, por no tomar medidas que impidieran estas situaciones, a pesar de conocer los ilícitos. Cabe destacar que Gonzalo Ampuero Brito, en su calidad de Secretario Ejecutivo Regional del CMN, como funcionario de la DIBAM, fue el que aprobó el Proyecto de MLP, su segundo patrón, y en el cual participó, contraviniendo las disposiciones legales.

Pero esto no es todo. Hay más responsables y sorpresas. .La Empresa que realizó el estudio del Proyecto El Mauro, violando la Ley, fue “Gestión Ambiental Consultores” (GAC), cuyos principales ejecutivos, al asumir el Gobierno el Sr. Piñera, pasaron a hacerse cargo del Ministerio del Medio Ambiente. Así, la ex Gerente de Proyectos de GAC, María Ignacia Benitez, asumió como Ministra de Medio Ambiente. También ocuparon cargos en ese Ministerio Ricardo Katz, dueño y Gerente de GAC, Leonel Sierralta e Ignacio Toro. Y finalmente Claudia Rivera, que fue designada Directora de CONAMA Coquimbo.

Los años pasan y nada sabemos del destino de los petroglifos cortados en El Mauro.

Por eso el 16 de abril de 2012 la Fiscal de Los Vilos, María Soledad Salas Salazar, emite a la Brigada de Medio Ambiente (BIDEMA) de la PDI “Orden de Investigar” al interior del fundo El Mauro (R.U.C. Nº 0800824078-8, Oficio Nº 731) para ver dónde están los petroglifos y en qué condiciones. Con esta orden la BIDEMA se presenta en El Mauro, sin embargo MLP le niega el ingreso al fundo. Esta acción de MLP se llama “obstrucción a la justicia”. Entonces cabe preguntarse ¿acaso MLP del clan Luksic está por sobre la ley.

Quisimos saber qué pasó después de este incidente, e invocando la ley de transparencia de acceso a la información pública, en junio de 2013 hicimos la consulta por escrito a la PDI, a lo que respondieron que no podían darnos la información, diciendo al final de su carta “por lo tanto, al no ser este servicio público competente para ocuparse de su petición de información…………se informa que su petición fue derivada al Ministerio Público para que se pronuncie al efecto.” Con fecha 2 de agosto de 2013, por Oficio Nº 1381, el Director de la Fiscalía Regional de Coquimbo nos responde con estas palabras finales “….operando una causal de secreto o reserva prevista por la ley y considerando además que el requirente es un tercero no interviniente en la misma, se denegará la información solicitada”.

Cabe preguntarse ¿por qué la información de esta investigación se convierte en “secreto”, si este es un asunto que atañe al patrimonio de todos los chilenos?.

Afortunadamente, en la consulta que le hicimos al CMN sobre el destino y estado de los petroglifos, nos fue mejor. Nos enviaron el Informe que con fecha 1º de Octubre de 2012 les entregó el Gerente de Medio Ambiente de MLP, Pablo Geisse, el que se titula , “Diagnóstico del estado de conservación de bloques de arte rupestre acopiados temporalmente en el Fundo El Mauro”. Este informe fue elaborado por la Consultora Jaime Illanes y Asociados. A esto Geisse agrega “Esta actividad ha sido solicitada con el fin de evaluar las condiciones en las que se encuentra dicho patrimonio antes de su traslado al “Centro de Difusión del Patrimonio Cultural del Choapa” en el Fundo Tipay”.

En parte de las “CONCLUSIONES” el informe de la Consultora dice: “En los bloques rocosos se observaron alteraciones que, en relación a su localización en el soporte o en el panel, se consideran como deterioros. Se trata de lo siguiente: Presencia de polvo y tierra, Material adhesivo de cinta plateada, Fisuras o grietas por fallas originales del soporte, Desgaste o erosión de los paneles fruto de agentes naturales (p.e. escurrimiento de agua). Presencia puntual o generalizada de líquenes”. Las fotografías que adjuntamos grafican el descuido y desprotección que hubo con los petroglifos por no haber cumplido con el compromiso de haberlos trasladado a un parque rupestre al momento que fueron cortados en el El Mauro el 2005.

El 2 de Diciembre de 2014 MLP anuncia públicamente que ha adquirido en US$ 35 millones el cerro Sta. Inés de 714 Hás., ubicado al Este de Pichidangui, por un período útil de 22 años. Pablo Geisse explica la razón de esta compra diciendo: “La decisión de Los Pelambres, además del propio interés por la conservación, se debe al plan de compensaciones ambientales por sus operaciones mineras y los impactos que ellas suponen varios kilómetros más al norte” , pero la verdad es que el proyecto tiene por objetivo modificar el compromiso ambiental específico de compensación relacionado con la pérdida de formaciones vegetales nativas, del tipo hidrófilas, en el Fundo El Mauro. Por otro lado, pese a la “buena información y buenas relaciones” que la Sub Gerente de Gestión Territorial de MLP, Jesvanna Pollicardo, dice que la empresa tiene con la comunidad, ésta se enteró de la compra sólo cuando MLP cerró el acceso al cerro. Ésta ha sido la política de MLP, primero actúa y después informa a la comunidad, cuando ya todo está consumado. Nunca consulta primero la opinión de las comunidades. Sin embargo, a pesar de que las compensaciones deberían ser hechas en su totalidad donde ocasionaron los daños, es decir, en la Comuna de Los Vilos, MLP invertirá una mayor cantidad de dólares en la recuperación del bosque Fray Jorge, en la Provincia del Limarí. Y además, por parte de su Viña Sta. Rosa de Tabalí, contigua al Valle del Encanto, el clan Luksic, financió la restauración y reactivación de dicho Valle, también ubicado en la Provincia del Limarí. Con esto queda claro que el interés de MLP es poner sus mayores aportes en comunas cercanas al centro político y administrativo de la Región.

Pero a pesar del paso de los años, el tema de este atentado al patrimonio chileno sigue vigente. Es así como al término de la primera quincena de Febrero de 2014, los medios de comunicación informaron que MLP había sido multada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por US$ 2,3 millones ($ 1.282 millones) debido a infracciones en el manejo de sitios arqueológicos en El Mauro, por incumplimientos a su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) “Proyecto Integral de Expansión”, obtenida en abril de 2004.

En este patrimonio cultural afectado por el proyecto de MLP, la SMA detectó infracciones clasificadas como “graves”, en las que constató lo siguiente:

1. No haber construido el Parque Rupestre en el fundo Monte Aranda, con la antelación necesaria para recibir el material arqueológico procedente de los rescates, que se encuentra a la fecha en un depósito de acopio temporal, en la etapa de construcción.

2. No haber habilitado una sala de exhibición con la colección de objetos de origen campesino reunidos en el fundo El Mauro, ni haber elaborado trabajos fotográficos para ambientar los objetos exhibidos a la fecha, en la etapa de construcción del proyecto.

3. No haber habilitado una sala de arqueología y otra sala histórica, con muestras arqueológicas obtenidas en El Mauro y el fundo Monte Aranda o, alternativamente, haber habilitado una muestra histórica con inclusión de elementos arqueológicos, en la etapa de construcción del proyecto.

4. No haber editado el libro sobre la arqueología de El Mauro y Monte Aranda, en la etapa de construcción del proyecto.

5. No haber re-editado la publicación sobre el valle de Cuncumén, con información acerca de excavaciones de sepulturas y una serie de fechas obtenidas por termoluminiscencia, no habiendo incorporado la arqueología del valle del Manque, especialmente su arte rupestre, en la etapa de construcción del proyecto.

6. No haber elaborado los catálogos, trípticos ni cualquier tipo de folletería afín, con el objeto de divulgar los hitos arqueológicos e históricos de las comunidades adyacentes al estero Pupío, en la etapa de construcción del proyecto. Sin embargo, como era de esperar, la reacción de MLP fue inmediata. La empresa aseguró que presentará los recursos legales necesarios para demostrar que no existe incumplimiento, afirmando haber actuado conforme al marco de la ley. Francisco Veloso, Presidente de MLP señaló: "Consideramos que esta sanción es injusta, desproporcionada e ilegal. Tenemos la convicción de haber obrado conforme a derecho".

Después de todo lo expuesto, como conclusión diremos que, a 10 años de este magnicidio al Patrimonio natural y cultural de Chile, de carácter irreversible e irrecuperable, no es posible que esta megaempresa minera, con la arrogancia y prepotencia que la caraterisa, insista en no querer reconocer su responsabilidad ni la gravedad de los hechos cometidos, y que además ofrezca compensaciones que sólo convienen a sus intereses corporativos.

Eduardo Pérez Valdivia
Máster en Patrimonio Cultural
Miembro del Comité Consultivo del Consejo de la Cultura-Región de Coquimbo.

ABRIL de 2014.

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