Hace ya 16 años, en el mes de junio de 2008, diversos acontecimientos me motivaron a escribir el breve artículo que, con algunos cambios menores, reproduzco. El cúmulo de nuevos antecedentes acerca de los traumáticos hechos que estremecieron al país desde septiembre de 1970 -y en este sentido fueron decisivas las afirmaciones del General ® Ricardo Martínez Menanteau, ex Comandante en Jefe del Ejército, en Radio Cooperativa el 27 de junio-, me convencieron que este escrito puede ser un aporte a una necesaria reflexión colectiva.
Viña del Mar
30 de septiembre de 2023
EL “CASO PRATS”, EL EJÉRCITO DE CHILE Y LA NACIÓN.
A pesar de los numerosos y frecuentes llamados a dejar atrás lo pasado, a que es necesario olvidar, los acontecimientos cotidianos enfrentan habitualmente a los chilenos con los dolorosos sucesos de las décadas de 1970 y 1980.
En ese sentido, el mes de junio terminó en una nota alta, pues dos acontecimientos recordaron al país a los protagonistas centrales de aquellos años intensos, convulsionados y que, de alguna manera, permanecen aún cubiertos por sombras, o bien por mantos que se tienden sobre ellos con la clara intención de ocultar la verdad. Pero, por más esfuerzos que se hacen en este sentido, los porfiados hechos y el desarrollo de los acontecimientos hacen que el pasado aflore y nos confronte.
En torno al día 26 y ese día mismo, se inició la conmemoración de los cien años del natalicio del Presidente Salvador Allende, y la ocasión ha servido para conocer más de él, acerca de sus virtudes, y sus limitaciones. En otras palabras, conocemos más acerca de un personaje que después de muchos años de olvido premeditado, es acogido por la sociedad toda, tal vez de acuerdo con sus propias palabras: “…un hombre digno que fue leal a la Patria”.
El último día del mes se conoció el fallo en primera instancia del Ministro Alejandro Solís con relación al llamado “caso Prats”, es decir, del asesinato en Buenos Aires el 24 de septiembre de 1974 del ex Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats González y su esposa, señora Sofía Cuthberth Charleoni. El fallo inculpa a siete miembros del Ejército entonces en servicio activo y a dos civiles. De su lectura queda claro que la orden emanó del entonces Comandante en Jefe y Presidente de la Junta Militar de Gobierno, General Augusto Pinochet Ugarte.
El fallo confirma que la operación fue planeada por el mando militar en sus más altas instancias y ejecutada por un hombre de confianza del General Pinochet, el entonces Coronel Juan Manuel Contreras Sepúlveda, Director de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, y sus subordinados en ese organismo, a pesar de que en sus últimos años de vida el primero negó sus vínculos con el segundo. Sin embargo, Contreras, en todas las instancias en que le ha sido posible, ha confirmado la naturaleza de sus relaciones con el Comandante en Jefe.
El desenlace de este episodio, a pesar de que naturalmente los condenados en primera instancia apelarán del fallo, aclara un episodio más de la cruenta y reciente historia de nuestro país; pero, no cancela la necesidad de debatir acerca de lo que ocurrió en las Fuerzas Armadas, desde que ellas comenzaron a involucrarse en la contingencia política, en octubre de 1970. Este último es el primer tema, pues si se estudia en detalle el fallo del Ministro Solís queda claro que la tesis sustentada por diferentes comandantes en jefe desde 1990, en el sentido de que las responsabilidades con relación a las violaciones a los derechos humanos son individuales y no institucionales, queda sin sustento.
En efecto, el “caso Prats”, con todo lo grave que es que miembros de la institución hayan atentado y asesinado a uno de sus jefes máximos –es importante precisar que no era un “marxista”- denota y resalta un hecho insólito en los anales de las Fuerzas Armadas de occidente: que miembros de la institución atentaron y asesinaron a uno de sus jefes máximos, con el agravante de que se trató de una acción terrorista en el extranjero.
Cabe recodar, no obstante, que el involucramiento de mandos militares en crímenes políticos de compañeros de armas, no era algo inédito en el país. En la conspiración que terminó con la vida del Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider Chereau, en octubre de 1970, participaron de manera activa en su planificación e implementación un general de división (por entonces Comandante en Jefe de la IIª División del Ejército con asiento en Santiago), un vicealmirante y por algunas semanas Comandante en Jefe de la Armada, un general de brigada aérea y el entonces Director General de Carabineros, todos ellos coludidos con la Central Intelligence Agency (la CIA) de los Estados Unidos que financió y los apertrecho para la implementación de su “plan”. En otras palabras, el “caso Prats”, se suma a una lista que se extiende, hasta donde se sabe, hasta el caso del Coronel Gerardo Huber Olivares en 1992. Se conoce además de otros casos cubiertos por un manto de misterio, que terminaron en la muerte nunca aclarada de oficiales y suboficiales.
¿Qué debe hacerse por parte de la ciudadanía frente a crímenes de la magnitud de los enumerados? El Ejército de Chile, una institución que, junto con las otras dos ramas de la defensa nacional y las policías, son financiadas con los tributos de los chilenos, a la que una empresa del Estado de Chile le entrega cuantiosos recursos productos de sus ventas brutas de cobre en el mercado internacional y a la cual le corresponde, de acuerdo con la Constitución Política del Estado vigente, y también lo disponían las anteriores, detentar el monopolio de la tenencia de armas, en el entendido que disponen de ellas para la defensa de la Nación.
En consecuencia, que esas armas hayan sido utilizadas para eliminar chilenos es grave, y más aún para eliminar a compañeros de armas bajo sospecha de ser enemigos. Grave también es el uso de recursos públicos con el afán de obstruir la justicia.
En torno a todas esas muertes -Schneider, Prats, Lutz, Araya Peeters, Huber- y tantos más, queda la impresión de que al interior del Ejército y las otras ramas de la defensa, ha habido, quisiéramos pensar que hubo, un proceso que se escapó de las manos de quienes lo pusieron en marcha. Un proceso en que se sobrepasaron los “mínimos morales” – honor, valor, dignidad y lealtad - según los cuales las propias instituciones requieren guiar su quehacer, hasta generar en su seno organizaciones criminales.
Frente a ello, nos parece indispensable que el Ejército, a través de su Comandante en Jefe, General Oscar Izurieta Ferrer, se pronuncie acerca ya no sólo del fallo acerca del “caso Prats”, sino acerca de lo que revela la investigación del Magistrado Solís, pues ciertamente, en este caso, como en tantos otros, ya no se trata de “responsabilidades individuales”: son institucionales. También debería pronunciarse acerca de cómo el Ejército de Chile explicará a la sociedad chilena que el Comandante en Jefe haya ordenado el asesinato de su antecesor, para quien había sido su hombre de confianza. ¿Cómo explica el General Izurieta que el fallo consigne que al interior de una unidad militar al conocerse la muerte del General Prats hubo oficiales que aplaudieron y celebraron el crimen? De no haber una explicación, los “mínimos morales” parecerán ser solo palabras vacías, sin significado o, lo que es peor, conceptos destinados a encubrir hechos cobardes.
Los desafíos que el “caso Prats” plantea a la sociedad chilena son mayores. La nación necesita garantizar la subordinación militar al poder civil constituido democráticamente. A manera de ejemplo y relacionado con la trayectoria de ellas desde comienzos de la década de 1970: ¿de qué manera se debe decidir qué se enseña al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden, en particular en sus escuelas matrices? Ellas entregan grados académicos, entonces ¿deben someterse, como lo hacen las demás instituciones de educación superior estatales a un proceso de acreditación? ¿Cómo seleccionan a sus profesores civiles? ¿Cuáles son los criterios con que se estructuran los programas de estudio en materias que dicen relación con la historia, la política, los derechos humanos, la sociedad, las relaciones internacionales? En otras palabras ¿qué formación reciben los futuros oficiales? ¿Y cual es el grado de control y rendición de cuentas que el Estado exige a estas instituciones?
En 2007 la Cámara de Diputados tramitó un proyecto de ley – que aún debe debatirse en el Senado - que requiere que las instituciones de la defensa den cuenta al poder legislativo de su quehacer. ¿Se puede agregar a ello el que periódicamente den cuenta acerca de cómo, y lo más importante, de acuerdo con qué valores, se forman los oficiales?
Me parece importante abrir un debate serio y responsable acerca de estos temas. De lo que llevó a oficiales generales a atentar contra un comandante en jefe en ejercicio y contra otro en retiro, a la eliminación física de tantos otros. Para no referirnos a los miles de civiles que murieron a manos de oficiales de las Fuerzas Armadas.
Estamos dispuestos a debatir estos temas, e invitamos a los señores comandantes en jefe, a todos aquellos que en el seno del Estado de Chile tienen algo que ver con el manejo de instituciones que deben estar subordinadas al poder civil y a la sociedad chilena en su conjunto, a destinar un tiempo a reflexionar y a pronunciarse acerca del “caso Prats” y tantos otros. Por otra parte, estamos convencidos que la legitimidad y valoración social constituyen aspectos cardinales para la proyección del Estado y sus instituciones.
Santiago, julio de 2008.
Luis Ortega Martínez
Profesor Titular.Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile.
