Pareciera pretencioso anticipar el futuro, pero existen parámetros que permiten esbozar escenarios plausibles. Por ejemplo, la economía chilena podría llegar, en los próximos años, a crecer mucho más, dado que es el leitmotiv del actual gobierno de chile (mayo, 2026), así como fue para su homólogo Sergio de Castro, que materializó los lineamientos de la U. de Chicago, en chile y como en antaño, el mensaje presidencial que fundamenta es que “Chile extravió la senda del progreso”[1]
Pero la historia y los hechos muestran que de seguir así, tendremos un resultado sombrío, pues se repite en el rostro de Jorge Quiroz, la frase de “privatizar todo”. Sin embargo, la economía no se trata de una ciencia exacta, más bien injusta. Aun así, es razonable proyectar mejoras en los ingresos reales, a nivel macroeconómico. En ese contexto, el cobre y, particularmente el litio, seguramente desempeñará un papel relevante, contribuyendo a que Chile incremente su riqueza.
No obstante, este análisis parte de un supuesto discutible: que el crecimiento económico, es el eje central del desarrollo de un país. Una nación no crece únicamente cuando aumenta su PIB. No es una discusión nueva, pero vuelve cada vez que lo económico resulta ser el eje central para la ganancia de unos pocos. Por ello existen dimensiones igual o más relevantes, que permiten hablar de desarrollo real, tanto del país como de sus habitantes.
El desarrollo humano es una de ellas. Si bien puede sustentarse en el crecimiento económico, su verdadero impacto radica en la capacidad de generar condiciones para que las personas accedan oportunamente a derechos como salud, educación, pensiones, etc.; y por ende mejoren su esperanza de vida, así como perciban una mayor equidad en su calidad de vida.
No se trata simplemente de aumentar el gasto público, sino de focalizarlo con inteligencia hacia los territorios y comunidades que más lo requieren. Podríamos incluso partir de la base que el estado (administración) ha crecido y requiere un ajuste en su tamaño, pero de ahí a eliminar el gasto público o actuar de manera subsidiaria, interviniendo solo para que los privados puedan ser la solución, generará un desequilibrio social al aportar desde el estado al privado en desmedro de las grandes mayorías. El resultado será uno: más pobreza.
Una segunda dimensión para destacar es el capital cultural. La ciencia y las artes no solo enriquecen a las personas, sino que contribuyen a la construcción de un imaginario común que luego se traduce en identidad. Esto se potencia aún más cuando vemos a chilenos destacar en el exterior —en el deporte, la cultura o la investigación— proyectando una imagen país que fortalece el sentido de pertenencia. En este ámbito, la ciencia y la innovación cumplen un rol insustituible. No ayuda, el desprestigio hacia la investigación.
Asimismo, el fortalecimiento institucional resulta fundamental. Un Estado eficiente y transparente no solo garantiza reglas claras, sino que también genera confianza, favorece la movilidad social y contribuye a reducir la desigualdad. En esa línea, la idea de que las instituciones deben funcionar no es solo una consigna, sino una condición estructural para la estabilidad y el desarrollo. Se requiere de un Estado respetuoso de las personas, reconociendo su unicidad y fomentando su desarrollo sin explotarla. No es idealizar al estado, es darle el rol de garante en derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades y la justicia social. Es tener claridad entre derechos y servicios.
Cuando estas bases se consolidan, se abre espacio para una sociedad más participativa, donde las personas ejercen sus libertades, se involucran en lo público y contribuyen a un debate informado. Así, la democracia se transforma en un espacio común para la toma de decisiones colectivas, integrando talentos diversos y fortaleciendo la cohesión social.
En síntesis, un país realmente crece cuando sus habitantes viven mejor, confían más, participan activamente y acceden a mayores oportunidades; no solo cuando produce más riqueza.
Sin embargo, surgen interrogantes relevantes respecto del camino actual. El énfasis en el crecimiento económico como eje casi exclusivo, mesclado misceláneamente con reconstrucción —expresado en iniciativas orientadas a la reactivación, reducción de la burocracia y generación de empleo— parece asumir que el desarrollo es una consecuencia automática de la expansión económica. Esta mirada, aunque necesaria, resulta insuficiente y sus resultados, ya los conoce la historia patria.
El problema radica en que el modelo impulsado, por esta administración, tiende a centrar la riqueza como fin en sí mismo. A ello se suma una tensión evidente entre las promesas iniciales —seguridad y control migratorio— y la capacidad efectiva de implementación. Declaraciones que trasladan la responsabilidad hacia el “autocuidado ciudadano”, debilitan el rol del Estado y, en la práctica, profundizan desigualdades preexistentes.
En paralelo, decisiones como ajustes presupuestarios en áreas sensibles o una visión instrumental de la ciencia, reducida exclusivamente a su impacto en el empleo, afectan dimensiones clave del desarrollo y erosionan el capital estratégico del país.
Las reducciones del 3% exigido por Hacienda, fue traducido al 2.5% en Salud, generando mitigaciones al impacto reductivo. La defensa producida desde Vivienda, en esta materia, al parecer quedó en nada y el verdadero jefe del ministro respectivo le habría ratificado la instrucción. Al parecer lo bueno que hubiese dejado, la exministra Steinert (Seguridad), es una rebaja no tan impactante, pero rebaja, al fin y al cabo.
Los efectos de estas definiciones comenzarán a manifestarse en el corto plazo, especialmente en servicios esenciales como salud, educación y transporte. En este contexto, no resulta extraño que la ciudadanía revise sus expectativas, pasando el apoyo inicial del gobierno (58%), se ha transformado rápidamente en evaluación más crítica, bajando a 38 puntos de aprobación, y evidenciando un escenario de desgaste temprano, marcado por la ausencia de resultados visibles, particularmente en seguridad.
Lo más complejo es que este rumbo no solo limita el desarrollo integral, sino que también puede reactivar conflictos estructurales. Sectores sociales organizados —trabajadores, estudiantes, gremios— tienden a movilizarse cuando perciben amenazas a sus condiciones de vida o a derechos adquiridos. Es sabido que, no todos los problemas son comunicacionales: muchos responden a decisiones de fondo.
Todo esto ante una oposición que en el presente aparece fragmentada, y que la historia indica no actuará unidad hasta tener un nuevo propósito común, dadas las actuales dimensiones parlamentarias, regionales, y comunales.
Por ello, recurrir solo a la oposición parlamentaria y/o municipal, cuyas cuantías de representantes no logran desequilibrar, es minimizar el peso social de las organizaciones y territorios, para dar espacio a los partidos de gobierno que logren acertar en algún momento.
En definitiva, el desafío antes del 2030 no radica en elegir entre crecimiento o desarrollo, sino en comprender que el primero solo adquiere sentido cuando se traduce en bienestar efectivo. Sin esa conexión, cualquier expansión económica corre el riesgo de ser estadísticamente exitosa, pero socialmente insuficiente para enfrentar los nuevos desafíos del siglo XXI.
Hernán García Moresco. Diplomado en Big Data, Universidad Católica. Diplomado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad de Chile. Licenciado en Educación en Matemáticas y Computación, USACH
1) https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=18438&prmTIPO=INICIATIVA
