La seguridad humana se define a partir de dos aspectos principales: En primer lugar, significa seguridad contra las amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión y, en segundo lugar, significa protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el empleo o en la comunidad.
Informe sobre Desarrollo Humano de la PNUD 1994
1. El concepto de Seguridad Humana
En el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, en su párrafo 143, los jefes de Estado y de Gobierno se refirieron a la seguridad humana de siguiente manera: “subrayamos el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de pobreza y la desesperación. Reconocemos que todas las personas, en particular las que son más vulnerables, tienen derecho a vivir libres del temor y la miseria, a disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano”. En este sentido, la seguridad humana se refiere a tres libertades fundamentales: vivir libre del miedo, vivir libre de la miseria, vivir libre con dignidad.
En su Resolución 66/290, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de octubre de 2012, se define el entendimiento común con respecto del concepto de Seguridad Humano sobre la base del párrafo 143: “la Seguridad Humana es un enfoque que ayuda a los Estados Miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos”. En este sentido “la Seguridad Humana exige respuestas centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención que refuercen la protección y el empoderamiento de todas las personas y todas las comunidades. La Seguridad Humana reconoce la interrelación de la paz, el desarrollo y los derechos humanos, y tiene en cuenta igualmente los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales”.
La Seguridad Humana pone de relieve la universalidad y la primacía de un conjunto de libertades que son fundamentales para la vida humana y, como tal, no hace distinción entre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales por lo que hace frente a las amenazas a la seguridad de manera multidimensional y amplia. La Seguridad Humana se basa en un entendimiento fundamental de que los gobiernos mantienen la función primordial de asegurar la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de sus ciudadanos (1).
A partir del Informe sobre Desarrollo Humano de 1994, “Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana” de la PNUD se definen las amenazas a la seguridad humana que pueden clasificarse en siete categorías: 1. Seguridad económica: pobreza persistente, desempleo, exclusión. 2. Seguridad alimentaria: hambre, escasez de alimentos. 3. Seguridad de salud: enfermedades infecciosas mortales, pandemias, ausencia de acceso a cuidados básicos de salud, alimentación deficiente, desnutrición. 4. Seguridad ambiental: degradación ambiental, agotamiento de los recursos, desastres naturales, contaminación. 5. Seguridad personal: violencia física, crímenes, terrorismo, trabajo infantil, violencia doméstica. 6. Seguridad comunitaria: discriminación racial, étnica y otras similares, acceso inadecuado a educación de calidad, servicios públicos, recreación y cultura, represión y criminalización de organizaciones sociales y comunitarias. 7. Seguridad política: represión política, violación de los derechos humanos.
Cabe observar que estas amenazas se vinculan estrechamente con la dignidad y la seguridad de salud, especialmente en el caso de la pandemia de Covid-19.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se proclama que “la libertad, la justicia y la paz del mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, lo cual establece claramente la centralidad del ser humano.
La Declaración afirma, además, que “el desconocimiento y el menosprecio de los Derechos Humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfrutan de la libertad de palabra y de la libertad de creencias” y agrega que “es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
Estas son las bases para la reconceptualización del concepto de seguridad, el cual ya no se fundamenta en las nociones de seguridad nacional y poderío militar que fueron tradicionales durante la guerra fría, sino en lograr las tres libertades mencionadas: la libertad de vivir sin miedo, la libertad de vivir sin miseria y la libertad de vivir con dignidad. También son estas las bases para el establecimiento del derecho internacional de los Derechos Humanos. Tienen en común la búsqueda de la dignidad humana.
La dignidad de la persona es la piedra angular a la hora de sentar las bases de la nueva constitución moderna, como centro y fin del Derecho, haciendo que sea un valor y un principio del Estado Democrático y del Estado de Derecho.
Significa la creación de sistemas políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales, que en conjunto brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad.
Las políticas debiesen asegurar un piso mínimo que garantice el cumplimiento de derechos fundamentales de los ciudadanos y asegure que estos puedan acceder a niveles básicos de bienestar. Los sistemas de protección social deben ser construidos desde una lógica universal para que cualquier persona pueda acceder, dado que cualquiera podría requerir el apoyo y protección del Estado para mantener un nivel mínimo de bienestar y una vida digna. En este sentido los Estados debiesen integrar iniciativas y programas de sus sistemas de protección social en un solo sistema de información social que disponga de toda la información requerida para transitar de una política sectorial a una política universal integral, que garantiza los derechos y las condiciones de vida de toda la población (2).
La pandemia de Covid-19 dejó en evidencia que una crisis universal requiere de un enfoque universal de la seguridad social, incluyendo el ciclo de vida. Ha sido comprobado, mucho antes de la crisis de Covid-19, que los sistemas universales de seguridad social son mucho más eficientes y eficaces que los sistemas de focalización de la pobreza, inspirados en el concepto neoliberal del Estado subsidiario. De acuerdo a un estudio de Stephen Kidd y Diloá Athias, considerando 25 países en desarrollo de Asia, África y América Latina con 42 esquemas de protección social y registros sociales, ningún esquema de la focalización a los sectores pobres tiene errores de exclusión menores de 44% y la gran mayoría muestra una bajísima cobertura (menos de 50%) (3). Detrás de los programas de focalización de la pobreza, está la ideología neoliberal que promueve impuestos más bajos y un gasto público reducido, argumentando que no hay “espacio fiscal” para invertir en la protección social universal. Sin embargo, la crisis del Covid-19 ha enseñado una vez más que, cuando los intereses de los grupos financieros y económicos y de las élites políticas están amenazados, los gobiernos son capaces de encontrar rápidamente cuantiosos recursos financieros destinados al gasto público para sostener las ganancias de las grandes empresas, lo que se confunde con la economía nacional.
Las medidas que los Estados adopten, en particular aquellas que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios “pro persona”, de proporcionalidad, temporalidad, y deben tener como finalidad legítima el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral, como el debido y oportuno cuidado a la población, por sobre cualquier otra consideración o interés de naturaleza pública o privada (4).
En un contexto en que en algunos países el etnonacionalismo, el populismo y el autoritarismo van en aumento y se opone resistencia a los derechos humanos, la crisis de la pandemia puede servir para tomar medidas represivas con fines que nada tienen que ver con la pandemia (5).
Las respuestas a la pandemia y el impacto económico no deben dar lugar a normas menos estrictos, ni siquiera deben ser utilizadas como pretexto por los gobiernos y las empresas para eludir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Es más vital que nunca que tanto los gobiernos como las empresas tomen un camino sostenible centrado en las personas mientras luchan contra el Covid-19 y traten de mantener sus economías. Será igualmente crítico hacerlo una vez que pase la pandemia, en lugar de tomar atajos en nombre del crecimiento económico (6).
No hay que confundir el crecimiento económico con el desarrollo económico. La Declaración de las Naciones Unidas “El Derecho al Desarrollo” es muy claro al respecto (7). En su artículo 1 define “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”. En su artículo 2 define “La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo”.
En el contexto de la pandemia covid-19, particular atención y apoyo requieren los sectores y grupos en situación de discriminación histórica como lo son los sectores pobres, sectores con viviendas precarias, los trabajadores informales y en condiciones precarias, los pueblos indígenas, las mujeres dueñas de casa sin remuneración por el trabajo de cuidado, las mujeres que sufren violencia doméstica, adultos mayores, los niños, las niñas y adolescentes, los migrantes, los enfermos crónicos, las personas privadas de libertad, los discapacitados.
En otras palabras, no se trata de recuperar un sistema económico neoliberal que ha demostrado ser un fracaso político, social, económico y medioambiental, especialmente frente a la pandemia covid-19, sino reorientar y recrear un sistema económico al servicio de la seguridad humana, que asegura el respeto de los derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo y los derechos ambientales, lo que implica la flexibilidad de las empresas en función del desarrollo del ser humano y no la flexibilidad de los trabajadores en función de las ganancias de las empresas y que requiere de un Estado de derecho y un Estado regulador, que privilegia el sector público y los bienes públicos y no un Estado subsidiario al servicio de los intereses de las grandes empresas privadas.
2. La Inseguridad Humana en Chile frente a la pandemia Covid-19
Condiciones históricas de pobreza, creciente desigualdad de los ingresos, discriminación y racismo, falta de acceso a los servicios de salud, viviendas precarias, falta de educación de calidad y otros factores que producen una salud precaria en la sociedad causaron un desproporcionado impacto del covid-19 en los sectores más vulnerados y más vulnerables de la población. La pandemia simplemente reveló estas condiciones históricas fundamentales, exponiendo las desigualdades históricas.
La destrucción sistemática de los derechos laborales y sindicales, la ausencia de políticas de pleno empleo con salarios dignos así como un clima de permanente represión generalizada, han mantenido desigualdades estructurales, originadas por la instauración de la ideología neoliberal bajo la dictadura y alimentadas sin modificaciones sistémicas durante treinta años de una prolongada transición a la democracia. Es la política de seguridad nacional del gobierno de Piñera que ha provocado la mayor inseguridad humana en Chile durante la pandemia.
Frente a las masivas protestas iniciadas el 18 de octubre de 2019 contra las violaciones sistemáticas de todos los derechos humanos durante treinta años y reivindicando el derecho a la vida digna, Piñera instauró el 20 de octubre el estado de excepción con toque de queda y los militares en la calle, declarando “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada, ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, repitiendo las palabras de Pinochet en 1973 para justificar el terrorismo de Estado en toda impunidad de acuerdo a la doctrina de seguridad nacional. Producto de esa crisis se produjo otra, la grave violación a los derechos de miles de personas que fueron torturadas, mutiladas, violentadas sexualmente, detenidas arbitrariamente, amenazadas y que murieron por manifestar su descontento.
De la misma manera, aprovechando la crisis del covid-19, y como primera medida, Piñera decretó el 18 de marzo el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el país “para combatir el coronavirus”, lo que significó imponer la militarización del territorio, ofreciendo más represión, sanciones y cárcel a quienes no acaten las escasas y tardías medidas propuestas por sus ministros. Durante la crisis del covid-19, la actitud del gobierno de Piñera ha reforzado el clima de total impunidad de agentes represivos del Estado y de criminalización de protestas, al que se añade el abandono de amplios sectores de la población producto de la pandemia de Covid-19, agregando una segunda pandemia, la del Hambre.
Pero también el empresariado y sus gremios siguen la misma lógica. Solo cabe recordar algunas declaraciones. Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago declaró “No podemos matar toda la actividad económica por salvar vidas” (elmostrador.cl, 17.04.2020). José Manuel Silva de Corredora de Bolsa Larraín Vial: “No podemos seguir parando la economía y, por lo tanto tenemos que tomar riesgos, y estos riesgos significan que va a morir gente” (en entrevista con La Tercera, citada por Interferencia.cl, 27.03.2020). La línea empresarial fue el prefacio a la política pública, una especie de preparación mediática para la inserción del “retorno a la actividad laboral” que ya comenzó a anunciar el gobierno bajo el concepto de “nueva normalidad”. Los gremios que agrupan a las grandes empresas, incluyendo CPC, Sofofa, la Cámara de Comercio y la Cámara de Construcción hicieron pública su adhesión a la política de “nueva normalidad” del gobierno, señalando que no debía pararse la actividad económica. Ello en evidente desmedro de la salud y seguridad de los trabajadores y las trabajadoras, pero también de los sectores más vulnerados y vulnerables de la población en los espacios y territorios más pobres, donde los contagios y los muertos superan tres y más veces los de los territorios más acomodados (8).
Quedó en evidencia la estrecha relación entre el terrorismo de Estado y el terrorismo empresarial con el paro de organizaciones de dueños de camiones, que provocaron el desabastecimiento y dificultaron incluso el acceso de personal de salud y ambulancias a hospitales. El gobierno negó la aplicación de las leyes de Seguridad de Estado y de las medidas previstas en el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, las que sí se aplican a los manifestantes y a la ciudadanía en general. Piñera, al justificar las negociaciones, declaró “comprendemos y empatizamos con las manifestaciones de los camioneros, porque han sido víctimas de actos de violencia y terrorismo. Incluso apoyamos las manifestaciones pacíficas que han hecho para manifestar sus inquietudes”. El compromiso del gobierno con los camioneros implica la implementación de una agenda anti-delincuencia, que coincida curiosamente con la propia agenda de leyes de Piñera, por lo que instó al Congreso a aprobar las leyes necesarias para materializarla. Bellolio, vocero del gobierno, aseguró que “la movilización no es contra del gobierno, sino contra la violencia” y agregó “lamentablemente algunos grupos de la oposición en el Parlamento no han querido avanzar y han detenido las leyes”.
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En su informe “Chile, how ‘s life? Measure well-being” de 2020, la OCDE estima que el 17% de la población vive en pobreza relativa por carencia de ingresos. Se refiere a la proporción de personas con ingresos familiares disponibles inferiores al 50% de la mediana nacional. El 53% de la población correría el riesgo de caer en la pobreza si tuviera que renunciar a tres meses de sus ingresos. La inseguridad financiera se refiere a la proporción de personas que no son pobres de ingresos, pero cuyos activos financieros líquidos son insuficientes para mantenerse al nivel del umbral nacional relativo de ingresos durante al menos tres meses.
De acuerdo al INE el ingreso promedio en 2018 era de $ 573.964 y el 70% de los trabajadores estaban debajo del ingreso medio. El ingreso medio de mujeres era de $ 474.911 frente al de hombres de $ 652.397 mientras el ingreso mediano de mujeres era de $ 343.234 frente al de hombres de $ 411.100, pero ambos bajo la línea de pobreza de los hogares de $ 430.000. Los asalariados en el sector privado debajo de la línea de pobreza por hogar: 61% de las mujeres y 51% de los hombres ganan menos de $ 430.000.
Una parte importante de los trabajadores está excluida de la seguridad social, además de la discriminación de las mujeres en el sistema de salud y en el sistema de pensiones. La mayoría de las mujeres no tienen derechos al pre- y posnatal.
La precariedad del trabajo tiene a su vez un efecto sobre las bajas pensiones. De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social (9) solo un 42,2% de las personas en edad de jubilar recibe jubilación o pensión contributiva por vejez en 2017, el 63,6% de los hombres y el 31% de las mujeres. El promedio de pensiones de vejez contributivas alcanza $ 276.937 para los hombres y $ 198.716 para las mujeres. Para el universo de personas en edad de jubilarse, los hombres reciben en promedio $ 175.765 y las mujeres a penas $ 61.289. De acuerdo a un estudio de Fundación Sol (10) en 2018 el 80% de jubilados tiene una pensión debajo de la línea de pobreza y el 94,3% de las mujeres una pensión menor de $ 158.000.
Otro efecto de la precariedad del trabajo es el endeudamiento de los hogares. Según el Sistema de Cuenta Nacional del Banco Central en el 1er trimestre de 2019, la deuda total de los hogares asciende a un 73,5% de sus ingresos anuales disponibles en comparación con el 38% en 2003.
La precariedad del trabajo tiene un efecto impactante sobre la pobreza, cuando se define la cantidad de personas en situación de pobreza al considerar sólo y exclusivamente los ingresos del mundo del trabajo de los hogares, es decir los ingresos laborales y las pensiones contributivas, en base a los microdatos de la encuesta CASEN de 2017 (Fundación SOL 2018). El total de la pobreza supera con creces a la información oficial publicada por CASEN: el total de la pobreza sube de 8,6% a 29,4% y la pobreza de las mujeres de 9,1% a 31,7%. Los efectos mayores se encuentran en los adultos mayores de 60 años donde la pobreza oficial de 4,5% sube a 37,8% y en los pueblos originarios de 14,5% a 38,5%.
Pobreza, viviendas precarias y hacinamiento son interrelacionados y son dos grandes problemas en medio de la pandemia y significan que el grado de vulnerabilidad sea mayor para las personas que viven bajo estas condiciones.
En Chile viven hacinados 377.572 hogares, en los que hay desde 2,5 personas e incluso 5 o más personas por dormitorio de uso exclusivo. Según Casen 2017, 22% de los hogares viven en condiciones e infraestructura de precariedad, en la Región de Tarapacá 36%, en la Región de Antofagasta 32% y en la Región Metropolitana 25%, donde las viviendas en situación de hacinamiento se concentran en las comunas pobres del norte, sur y oeste del Gran Santiago. A la precariedad de las viviendas se suma el alza generalizada de gastos de servicios de electricidad, gas y agua. Además, según la Cámara Chilena de la Construcción, CCHC, el precio de viviendas ha aumentado 67,8% entre los años 2011 y 2019, mientras el ingreso de las personas solo aumentó en un 24,7%, lo que redujo aún más el acceso a una vivienda adecuada. No cabe extrañar que, según el Catastro de Campamentos 2019 de Minvu, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cantidad de campamentos ha aumentado de 657 en 2011 a 802 en 2019, que albergan en promedio a 46 hogares, pero en la región de Tarapaca a 103 hogares y en la región de Antofagasta a 100 hogares en promedio. En la región de Valparaiso viven 11.228 hogares en 181 campamentos, en la región del Biobío 6.346 hogares en 131 campamentos. A fines de 2019, producto del estallido social, aumentaron las tomas de terrenos así como durante la pandemia por falta de ingresos para pagar el arriendo. En estas condiciones, el confinamiento y el aislamiento no tienen sentido, porque las personas deben salir a trabajar por necesidad de sobrevivencia de sus hogares. Además, a solo dos semanas de operación de la medida del gobierno “quédate en casa”, las denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron entre 50 y 70% (11).
Cabe observar que los niños, niñas y adolescentes que viven en condiciones de pobreza y hacinamiento han sido invisibilizados en la pandemia por el Estado y por los medios de comunicación, argumentando que no son una prioridad en la lucha contra el covid-19, sin tomar en cuenta sus condiciones de vida. Según un estudio “Covid-19 y Niñez” del Observatorio de Niñez y Adolescencia, Chile lidera el indicador de contagios de NNA sobre el total de contagios con el 8,3% en junio 2020, comparando con Italia 2,4%, España 1,2%, Reino Unido 1,7%, México 2,9%, teniendo estos países un número de habitantes mucho mayor. De acuerdo al estudio “Descripción epidemiológica de NNA con Covid-19” de Minsal, al 01.11.2020, este porcentaje subió a 9,9% con 57.375 casos y una tasa de incidencia de 1.212,1 casos por 100.000 NNA. El 37% de los 1.793 NNA hospitalizados son menores de 2 años, de los cuales 500 menores de 1 año. De los 48 niños fallecidos en hospital, el 20,8% eran menores de 1 año y 8,3% entre 1 y 2 años. Si se considera a todas y todos los NNA que experimentan algún tipo de pobreza (por ingreso, multidimensional o ambos), el 31,2% vive en pobreza, es decir tres de cada diez NNA, destacando la región de La Araucanía con cuatro de cada diez NNA (12). Además, el cierre de escuelas, salas cunas y jardines infantiles, combinado con las cuarentenas, han significado una grave vulneración de los derechos de los NNA a la educación, la alimentación y la salud física y mental. Particularmente afectados son los NNA mapuche de la región de La Araucanía, no solo por la pandemia de Covid-19 sino también por la prolongada pandemia de la violenta represión por el Estado y la militarización de sus territorios, que transforma los NNA en un sector vulnerado en sus derechos fundamentales, como lo demuestra el informe de la Defensoría de los derechos de la Niñez para la Cámara de Diputados (13).
La pandemia puso en evidencia la precariedad del trabajo al aumentar todos los indicadores al respecto en forma dramática. A nivel nacional, el INE, en su informe “Empleo trimestral del 30.10.2020, trimestre julio-septiembre 2020” muestra que la tasa de participación de los hombres bajó a un 64,5% y la de las mujeres de 52,7% en 2019 a un 42,7% en la pandemia.
Anualmente respecto al mismo periodo en 2019, la estimación del total de ocupados bajó en un 18,2%, los hombres en 16,2% y las mujeres en 20,9%. La baja de ocupados afectó particularmente a los ocupados informales -29,9%, las mujeres -34% y hombres -26,5%, así como a trabajadores por cuenta propia con -28,7% y el servicio doméstico con -46,8%, lo que afectó particularmente a las mujeres.
Anualmente, la población fuera de la fuerza de trabajo subió un 28,4%. La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial fue de un 27,8%, con un incremento en el período de 13,5%, la de los hombres fue un 25,3% y la de mujeres un 31,1%. Es decir que uno de cada cuatro hombres y una de cada tres mujeres de la fuerza de trabajo se encontraron sin empleo.
En pandemia, lo anterior repercutió particularmente fuerte en los hogares pobres y los sectores más vulnerables, como queda en evidencia por la situación de los hogares sin ninguna persona ocupada antes y durante la pandemia de Covid-19. En los dos primeros quintiles (más pobres) con un 21% antes a 40% durante la pandemia, los hogares con niños, niñas y adolescentes con un 6% antes y 19% durante la pandemia, los hogares con adultos mayores con un 33% antes y 46% durante la pandemia (14).
La pérdida del trabajo y la consecuente disminución de los ingresos tuvieron desastrosas consecuencias sobre la seguridad alimentaria. Según la encuesta Casen Covid-19 preliminar del Ministerio de Desarrollo Social de septiembre de 2020, los hogares que declararon que sus ingresos no les alcanzan antes de la pandemia (casen 2017) sumaron el 17%, aumentaron al 49% durante la pandemia y el 54,0% de los hogares disminuyó sus gastos de alimentos. Otra vez fueron los hogares más pobres y vulnerables los más afectados: en los dos primeros quintiles (los más pobres), los hogares que declararon que sus ingresos no les alcanzan subieron de 33% antes a 65% durante la pandemia en el primer quintil y de 26% antes a 66% durante la pandemia en el segundo quintil, pero también en el tercer quintil subieron de 14% antes a 51% durante la pandemia. Los hogares más afectados fueron los con jefatura de jóvenes entre 15 y 29 años con un 57% durante la pandemia, seguidos por los hogares con jefatura de mujeres y los hogares con niños, niñas y adolescentes.
La inseguridad alimentaria afectó previo la pandemia al 13,1% de los hogares, sea 2,9 millones de personas que tenían algún grado de inseguridad alimentaria según el informe SOFI 2020 para Chile de la FAO. El 3,4% de los hogares sufre de inseguridad alimentaria grave en 2019, sea 600.000 personas. Durante la pandemia la inseguridad alimentaria afectó al 19,4% de los hogares, es decir casi uno de cada cinco hogares, y se estima que la inseguridad alimentaria grave afecta a un millón de personas durante la pandemia según el vocero de la FAO en Chile.
Los hogares más afectados previo la pandemia por la inseguridad alimentaria fueron los hogares pobres con 32,2%, los hogares con jefatura desocupada con 30,4%, los hogares con jefatura mujer con 16,3%, los hogares de niños, niñas, adolescentes con 15,6%, los hogares de indígenas con 16,8% y los hogares de migrantes con 20,4% (Casen 2017).
Quedó en evidencia que, en el contexto de la pandemia covid-19, particular atención y apoyo requieren los sectores y grupos en situación de discriminación histórica como lo son los sectores pobres, sectores con viviendas precarias, los trabajadores informales y en condiciones precarias, los pueblos indígenas, las mujeres dueñas de casa sin remuneración por el trabajo de cuidado, las mujeres que sufren violencia doméstica, adultos mayores, los niños, las niñas y adolescentes, los migrantes, los enfermos crónicos, las personas privadas de libertad, los discapacitados.
Todo ello requiere de una política de seguridad humana que incorpora respuestas centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención que refuercen la protección y el empoderamiento de todas las personas y todas las comunidades, lo que implica la participación activa de los sectores vulnerables mencionados en la formulación, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas en general y de las políticas de salud en particular, considerando los factores determinantes de la salud en tanto bien público y derecho humano fundamental.
Referencias:
(1) Naciones Unidas: Seguridad Humana, Informe del Secretario General a la Asamblea General A/64/701, 08.03.2010.
(2) H.Berner y T.Van Hemelryck, “Sistemas de Información Social y Registros de Destinatarios de la Protección Social no contributiva en América Latina: avances y desafíos frente al Covid-19”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/140), CEPAL, Santiago, noviembre de 2020.
(3) Stephen Kidd and Diloá Athias, “Hit and Miss: an assessment of targeting effectiveness in social protection – summary versión with updated analysis”, Working Paper, ACT, june 2020.
(4) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, resolución 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”
(5) Pronunciamiento del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres sobre derechos humanos y Covid-19, www.hchr.org.co, Covid-19 y su dimensión de derechos humanos. Ver también “Respuesta integral del sistema de las Naciones Unidas al Covid-19: salvar vidas, proteger a las sociedades, lograr la recuperación y mejorar el mundo”.
(6) CIDH, Resolución 1/2020, op.cit.
(7) “Declaración sobre el Derecho al Desarrollo”, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 41/128, 4 de diciembre de 1986.
(8) Minsal, “NNA-Covid”; Minsal, “Covid-19 por comunas”; Espacio Público, “Covid-19 en adultos mayores por comunas en la Región Metropolitana”.
(9) Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social, “Impacto de la pandemia en los adultos mayores”, 31.07.2020.
(10) Fundación Sol, 2018, “Estudio de pensiones”.
(11) Rodríguez A. y Rodríguez P., “Ciudad y Pandemia”, Barómetro de Política y Equidad, n°17, septiembre 2020.
(12) Observatorio Niñez y Adolescencia, “Covid-19 y Niñez”, junio 2020.
(13) www.camara.cl>verDoc pdf Funciones de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, Documento-Comisión: NNA pueblos indígenas, pueblo mapuche. Comisión Investigadora “Caso Catrillanca”, Cámara de Diputados. (14) PNUD-Ministerio de Desarrollo Social, “Encuesta Social Covid-19: Impactos socioeconómicos de la pandemia en los hogares en Chile”, Resultados Primera Fase, julio 2020.
