Mientras la OMS y sus socios trabajan para actualizar la estimación de muertes reales por Covid-19 y no, los datos que dudosamente entregan algunos de los Estados, va quedando al descubierto la ineficiencia de muchos de los gobernantes y de las innumerables políticas públicas deficitarias que llegaron al millón de muertes, cuyos efectos Covid-19 nos permiten comenzar a observar, nuevamente, el estado de arte de la salud mental-emocional, la salud sexual y reproductiva, al tiempo que las “políticas sociales” ponen al descubierto los problemas laborales y su precarización: el aumento en los niveles de pobreza, hambre, violencia de género y formas de organización de la sociedad civil (no por nada en Chile, se observa en las ollas comunes “Sólo el pueblo ayuda al pueblo”) para no decir qué sucede con las políticas educacionales que, sin tecnologías de conexión, hacen imposible mantener los desgastados procesos de enseñanza- aprendizaje. Por decirlo en breve el covid19 ha puesto en jaque no sólo la vida humana, sino también sus modelos de democracia y mercado. De forma que intentar sobrevivir durante el año 2020, nos trae a la memoria la pieza literaria que comentaremos como pre texto.
El coronel no tiene quien le escriba, novela breve publicada en 1961 por Gabriel García Márquez, escritor, guionista, editor y periodista colombiano, que veintiún años después recibe el Premio Nobel de Literatura, siendo uno de los grandes representantes del realismo mágico (movimiento literario y pictórico de mediados del siglo XX) y que se delimita por su desvelo estilístico y el interés por mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. El realismo mágico surge a partir del término planteado por Franz Roh, crítico de arte alemán, para describir una pintura que demostraba una realidad alterada, y llegó al idioma español con la traducción de Fernando Vela en Revista de Occidente, (1925), que fue en gran medida influenciado por las obras de la escritora chilena María Luisa Bombal. Y más tarde, introducido a la literatura hispanoamericana por Arturo Uslar Pietri en su ensayo Letras y hombres de Venezuela (1948).
En nuestra actual dosis de realismo mágico; el Estado fallido (como caso latinoamericano) no se hace responsable de sus perversas políticas de contención de la pandemia, acciones en donde en el ejemplo del gobierno de Chile ha llegado permanentemente y a ratos, deliberadamente tarde, por ignorancia e insidia, al privilegiar la codicia por sobre la vida humana, teniendo en cuenta que se emprendieron las acciones bajo la sordera del segundo piso de la Moneda, cuya cara oculta viene dejando su sello de arrogancia y que, con su lógica de excelencia, por su misma excelencia, ha resultado ser otro bribonada, como el supuesto plan para abordar la epidemia, sus paso a paso de Cuarentenas de Aislamiento, Cuarentenas Territoriales, Aduanas Sanitarias, Cordones Sanitarios y Toque de Queda, para no decir nada de las migajas de subsidios, cajas de alimentos que hasta comunicacionalmente han sido un desastre, con la complicidad de la clase política que ahora quiere capturar para sí, el momento anterior a la pandemia, el estallido social de octubre del año pasado, del cual, entienden todo, pero no son capaces de asimilar correctamente, porque les ha puesto en jaque el actual sistema de “democracia y mercado”.
El Estado malogrado, pareciera querer dilatar todo con tal de dar muestras de su poder e ineficiencia, al modo de los criterios de algunas fiscalías en los escasos juicios frente a los derechos humanos, puestos en manos de las mismas policías que los han trasgredido, una y otra vez: durante el estallido social, los crímenes de lesa humanidad entendidos como “de especial gravedad, como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o el traslado forzoso de población, la privación grave de libertad o la tortura, que se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, de modo tal, que el generalato de las carabinas cruzadas deberá alguna vez, dar cuenta no sólo de los fraudes ocurridos en el caso Paco-Gate, sino de los sumarios que la Contraloría General de la República, ha puesto en su lista de altos oficiales que están en la mira del ente contralor como son: los generales inspectores Jorge Valenzuela Hernández y Mauricio Rodríguez Rodríguez, además de los generales de dos estrellas, Enrique Bassaletti Riess, Enrique Monrás Álvarez, Hugo Zenteno Vásquez y Jean Camus Dávila. También se contempla a Jorge Ávila Corvalán, quien fue jefe de la zona de Control Orden Público e Intervención, llamado a retiro en diciembre de 2019.
De no dilucidarse las acciones con la trasparencia necesaria para no traer a la memoria la construcción de la realidad con pruebas falsas y el polémico software “Antorcha” (Caso Huracán), o el caso Catrillanca, muchos miembros de la institución no tendrán el respaldo político que hasta ahora parecieran tener por los hijos civiles de la dictadura que actualmente forman parte del gobierno. De ser así, serán los generales quienes no tendrán quien les escriba, o lo que es peor, si no se modifica la actual lógica policíaca y su proceder, serán las policías las que perderán completamente su credibilidad como agentes al servicio de la ciudadanía. Ya se ve la baja en las postulaciones al ingreso institucional.
Sabemos que en cada región hay graves denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, y poco o nada se sabe de juicios o investigaciones, para no decir nada de los más de 400 ojos cegados por la policía, justo ahora en plena campaña del cambio constitucional que nos llevará hacia un estado de derechos, porque no hay derecho de que se mantenga el cinismo de ser los garantes de la paz ciudadana, cuando la población sabe que son escasos juicios en donde con transparencia, se sabe de los agentes involucrados, si además consideramos que hay más de 2500 personas detenidas desde el 18 de octubre de año pasado, con 32 muertos, más de 3400 civiles hospitalizados producto de dichos enfrentamientos, que se suman semana a semana, y más de 2000 policías lesionados en distintos grados, y los informes e investigaciones realizadas por organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, determinaron la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado Chileno.
Pero las cosas, entre políticos, se ven desde otro ángulo y a partir del jueves 3 de septiembre del 2020, cuando en el Diario Oficial se publicó una asignación especial para personal de Carabineros que llega a un 30% de su pago mensual, todo esto mientras el Ejecutivo plantea aumentar como máximo 1.500 pesos al sueldo mínimo de las y los trabajadores, en tanto los bonos de gratificaciones tendrá un costo de 58 mil millones de pesos para el erario nacional, que no incluye al personal de Gendarmería, y está destinado a entregar un ajuste salarial a las policías, similar al recibido recientemente por las demás ramas de la Defensa.
Hoy por hoy la gratificación está firmada en los decretos número 264, de 2020. Concede autorización para otorgar gratificación Especial de Riesgo al personal de Carabineros de Chile. Decreto número 265, de 2020. Autoriza el otorgamiento de la Gratificación Especial de Operaciones Policiales Especiales al personal de Carabineros de Chile. Decreto 266, de 2020. Autoriza el otorgamiento de la Gratificación Especial de Protección de Autoridades al Personal de Carabineros de Chile, sin olvidar que se homologa a la PDI. Gratificaciones que van entre un 20% y 30% no imponible, sobre el sueldo base.
Volvamos a la novela El coronel no tiene quien le escriba, que es una de las más destacadas escritas por el autor, y su protagonista, el viejo coronel que espera la pensión que nunca consigue. Durante 15 años, ha llegado cada viernes a la oficina de correos con la esperanza de recibir una confirmación de su pensión de veterano de la guerra civil. El ex coronel sin ninguna fuente de ingresos, tiene como única esperanza un gallo de pelea, heredado de su hijo difunto, que el ex coronel ha estado criando, con la intención de hacerlo pelear y obtener beneficios con las apuestas, sin embargo, su esposa se opone a invertir los pocos ahorros en la manutención del plumífero. Y la novela transcurre también dentro de esas vicisitudes.
De modo que en la novela el coronel se ve ante los hechos de un Estado que ha olvidado su existencia y que lo tiene en la miseria, no así en la realidad chilena, en donde los datos y hechos demuestran lo contrario, tal vez por eso la lejanía con que la oficialidad institucional ve a sus propios compatriotas y se solazan entre los excesos, pero cabe recordar que los oficiales y personal de servicio que denuncia la corrupción y los delitos internos, son perseguidos institucionalmente. El General director, Mario Rozas resultó ser un manojo de espinas que todavía los civiles del régimen no se atreven a podar. A viva luz la situación es intolerable, tal vez por ello hace un par de jueves la camioneta institucional interrumpió la intervención de Delight Lab y Galería CIMA, que formó parte de la Semana de las Artes Visuales de Barrio Arte y cuyo proyecto fue financiado a través de fondos otorgados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, justo cuando se empezaba a hacer la representación con la bandera mapuche. Algo huele mal –ya no sólo en Dinamarca- parafraseando al príncipe Shakesperiano, de seguir así, serán muchos, incluyendo a los coroneles de la UDI, los que no tendrán quienes les escriban, porque el virus de la verdad pone en entredicho los derechos humanos, y sería muy bueno que los ciudadanos y ciudadanas podamos elegir a los jefes territoriales de las policías, no sólo debemos o podemos elegir a los “representantes de otras instituciones políticas” sino también las formas de gobernanza, así los guanacos tutelares tendrían los criterios que les faltan para que los hombres y las mujeres libres podamos transitar tranquilos por las grandes alamedas.
Sólo que ahora resulta difícil no recordar los tiempos de la dictadura, cuando después del toque de queda aparecían los cuerpos lanzados al río Mapocho. Y sigue siendo un crimen que las instituciones se aparten de lo humanitario, y en éstos casos utilizar el malabarismo de esquina para eludir las responsabilidades de la gobernanza, dejan ver el doble estándar, al tiempo que la ciudadanía exige al Estado de Chile que responda ¿Quién cuida a los cuidadores?
Hans Schuster
Escritor
