“Los libros son espejos: en ellos sólo se ve lo que uno ya lleva dentro.”
Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento (2001)
Cada año, en torno al Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, la lectura vuelve a ganar visibilidad. Se despliegan actividades, campañas y discursos que invitan a acercarse a los libros. Y, con la misma regularidad, reaparecen preguntas que siguen abiertas: cómo ampliar el acceso, cómo formar lectores, cómo sostener políticas efectivas en el tiempo.
Leer no es un acto inocente. Como sugiere la imagen del espejo, enfrentarse a un libro es también enfrentarse a uno mismo: a las propias ideas, prejuicios y límites. Tal vez por eso, más allá de las declaraciones, fomentar la lectura no siempre resulta cómodo ni prioritario. Invitar a leer es, en el fondo, invitar a pensar.
La escena se repite en cada conmemoración: autoridades que subrayan su importancia, ferias que prometen acercar los libros a la ciudadanía y campañas que destacan sus beneficios. Pero detrás de esa visibilidad —que también reconoce el valor de la creación y del trabajo intelectual— persiste una tensión menos evidente: para ciertos sectores, promover la lectura queda relegado frente a otras urgencias.
No es una exageración. Fomentar la lectura implica promover pensamiento crítico, capacidad de cuestionamiento y autonomía intelectual. Y eso, en contextos donde las políticas públicas privilegian la inmediatez o la rentabilidad, puede resultar incómodo. Cabe preguntarse entonces qué tan sólidas son las políticas de fomento lector si no existe un compromiso real con sus consecuencias.
El debate sobre el IVA al libro es un buen punto de partida. En Chile, gravar con un 19% un bien cultural esencial revela una contradicción evidente: se declara la lectura como prioridad, pero se la trata como un producto cualquiera. La discusión sobre reducir o eliminar este impuesto lleva años estancada, como si el acceso al libro pudiera seguir esperando. Sin embargo, la experiencia comparada muestra otro camino: países como España (4%), Francia (5,5%), Argentina (0%) o Brasil (0%) han optado por reducir significativamente o eliminar el IVA al libro, reconociendo su carácter de bien cultural y no meramente comercial. La diferencia no es técnica, sino política: distinguir qué bienes se promueven y cuáles se gravan dice mucho sobre las prioridades de una sociedad.
El problema, sin embargo, va más allá del precio. Las políticas de fomento a la lectura suelen ser fragmentadas, discontinuas y, muchas veces, simbólicas. Hay visibilidad, pero no transformación. Se incentiva la lectura, pero no se asegura el acceso equitativo ni se construyen hábitos sostenidos. En ese vacío, la lectura deja de ser un derecho cultural para convertirse en un privilegio. Y ahí radica lo incómodo. Una sociedad que lee es una sociedad que pregunta, que duda, que exige. Por eso no basta con conmemorar el libro; es necesario asumir lo que implica promoverlo de verdad.
En el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, la tensión se hace aún más visible. Año tras año se releva la importancia de la lectura y del derecho de autor, pero las condiciones que limitan el acceso cambian poco. Se protege —con razón— la creación, pero se descuida su circulación. ¿De qué sirve resguardar el trabajo intelectual si no se garantiza, al mismo tiempo, que llegue a todos? La política pública no puede optar entre autores y lectores: debe responder a ambos.
El desafío, entonces, no es retórico. Es estructural. Porque si cada conmemoración nos encuentra diciendo lo mismo, el problema ya no es la falta de diagnóstico, sino la falta de decisión. Mientras el acceso a la lectura siga condicionado por el precio, la disponibilidad o la ausencia de políticas sostenidas, el derecho a leer seguirá siendo, en la práctica, un privilegio. Y eso no es menor: define el lugar que la lectura ocupa en la vida pública.
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Rossana Carrasco Meza es Profesora de Castellano, PUC; Politóloga, PUC; Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local, Universidad de Chile
