En las prisiones, los muros no sólo encierran a quienes cumplen condena. También marcan la vida de quienes trabajan en el frágil límite entre castigo y reinserción: los agentes de libertad condicional.
Este oficio, ejercido mayoritariamente por mujeres, transforma profundamente a quienes lo desempeñan. No se trata únicamente de vigilar. Implica escuchar relatos de violencia, leer expedientes de crímenes atroces, enfrentar amenazas y, al mismo tiempo, acompañar a personas condenadas en su regreso a la sociedad.
Aquí conviene recordar una intuición clásica de Marx y retomada por el psiquiatra francés Christophe Dejours: trabajar no es sólo producir bienes o transformar el mundo exterior; es también transformarse a uno mismo. Cada jornada de trabajo modifica al sujeto, lo marca, lo altera. Al final del día ya no somos exactamente los mismos que éramos al empezarlo. En el caso de los agentes penitenciarios, esta verdad adquiere un dramatismo particular: el contacto cotidiano con la violencia y la desesperanza deja huellas profundas, cambia la forma de mirar el mundo, la vida familiar y la relación con los demás. Como confesó una agente: “Este trabajo nos roba la inocencia. Nos cambia para siempre.”
El precio subjetivo de esta exposición permanente al dolor es altísimo: estrés crónico, depresión, síndrome de burnout y síntomas de estrés postraumático comparables a los de las víctimas directas. Los datos son contundentes: más de uno de cada cinco agentes presenta síntomas clínicamente relevantes de estrés postraumático. Y cuantos más años de servicio acumulan, más intensos se vuelven estos síntomas.
A la carga emocional se suma una organización del trabajo marcada por recortes presupuestarios, sobrecarga de casos, falta de reconocimiento y de apoyo institucional. En otras palabras: la institución exige un compromiso humano y emocional extraordinario, pero niega su costo.
Las consecuencias trascienden lo individual. Un trabajador agotado y traumatizado no puede acompañar eficazmente a quienes más necesitan apoyo para no reincidir. No reconocer la dimensión psíquica de este oficio significa poner en riesgo no sólo la salud de los propios agentes, sino también la eficacia de las políticas penitenciarias y, en última instancia, la seguridad de toda la sociedad.
En este sentido, el trabajo de los agentes de libertad condicional ilustra una contradicción central de nuestras democracias: delegamos en ciertos trabajadores la tarea de sostener el delicado equilibrio entre control y cuidado, entre punición y reinserción. Pero invisibilizamos el desgaste humano que ello implica.
Lo que está en juego no es simplemente la aplicación de la ley. Es un doble cuidar: cuidar a los condenados, ofreciéndoles una verdadera posibilidad de reinserción, y cuidar a la sociedad, protegiéndola de nuevos daños. Sin embargo, este cuidado tiene un precio humano que sigue siendo silenciado.
Reconocerlo es el primer paso para construir políticas penitenciarias más justas, humanas y sostenibles. Porque la reinserción no se logra con discursos ni con más cárceles, sino con trabajadores capaces de acompañar. Y para que lo sean, necesitamos cuidarlos a ellos primero.
Angelo Soares es profesor titular en la Université du Québec à Montréal (UQAM). Sus investigaciones abordan el trabajo, la salud mental y las formas de violencia invisibilizadas en el mundo laboral, con especial atención a los efectos subjetivos de la organización del trabajo.
— soares.angelo@uqam.ca
