Últimamente, la Crisis Nacional que ya nadie podría discutir y máxime si se está dando comienzo a los estudios y proceso de una nueva Constitución para Chile, se torna obligatorio formularnos una pregunta y luego, ofrecer Soluciones: ¿Cuál es nuestro principal problema nacional?
La respuesta es que nuestro principalísimo problema nacional es la falta de confianza de la Comunidad respecto de la inmensa mayoría de sus Autoridades, sean del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
¿Y por qué esa creciente falta de confianza en nuestra propia institucionalidad?
A estas alturas, afortunadamente se ha producido un consenso muy mayoritario en todo el territorio nacional:
Es porque los tres principales Poderes del Estado, nos han mentido reiteradamente: ya hace alrededor de un siglo, Eugenio Matte Hurtado denunciaba que la causa principal de nuestros conflictos y desgracias era precisamente la “falta de sinceridad de los chilenos” y una de las formas de hacerlo, ha sido mantener en secreto algunos Proyectos o resoluciones. Más aún, empleando otros medios o procedimientos los más variados e imaginativos. Para cuyo objeto, entre otros, utilizan los medios de difusión masiva que muchas veces, con tanta información, sumada a la manipulación que recientemente denuncia Amber Lyon ganadora del premio Emmy, “periodista de CNN que revela cómo -hasta los propios- Gobiernos, pagan a los medios para que falsifiquen noticias”, deforman absolutamente la realidad auténtica.
Si analizamos grosso modo lo que acontece con cada uno de los Poderes del Estado, que tampoco respetan el esencial Principio de la División de Poderes enunciado y reconocido desde 1748, cuando Montesquieu divulgara su obra maestra “El Espíritu de las Leyes”. En efecto:
1º El Poder Ejecutivo -sus integrantes- en la Campaña Presidencial -no sólo la última- prometieron o se comprometieron a alcanzar ciertas metas que sin embargo, parecen cada vez más lejanas… Y para colmo, aparecen personajes ligados a un fecundo proceso de corrupción que se ha puesto en evidencia especialmente, en los casos de Penta o SQM.
2º El Poder Legislativo, ya nadie ignora que muchos de sus miembros se relacionan con la entrega de dineros que no raro y paradojalmente, provienen de sus propios contrarios presuntos. Y es a tal extremo su irresponsabilidad o impavidez, que cuando se denuncia documentadamente una gran estafa y/u otros delitos que superarían los US $4.500.000.-, contra CODELCO, la Comisión designada por la propia Cámara de Diputados, no investiga debidamente y en su Informe Final, no llega a ningún resultado…
3º El Poder Judicial, que es el único Poder del Estado al que compete hacer Justicia o poner orden, se queja de presiones indebidas e incluso es acusado de creciente corrupción en su propio interior. Y es peor aún, otra institución independiente pero vinculada profundamente con el Poder Judicial, el Ministerio Público, también se abstiene en numerosos casos de hacer investigar los delitos, no tan sólo por la impavidez o irresponsabilidad de los Fiscales, sino también, porque existe un sistema conforme al cual se les concede un bono por casos terminados y por ello muchas veces, sin haber investigado y solucionado los casos se propicia intencionadamente “no perseverar”… Causando un gravísimo daño a las víctimas que de hecho, quedan desprotegidas o injusticiadas.
Pero va más lejos: al nuevo sistema procesal penal, a estos incontestables fracasos, suma uno más, de extraordinaria inconsecuencia, en la medida que dificulta muy grandemente la investigación de cualquier delito: es el caso del art. 161A del Código Penal que no ha sido aún derogado y en cuya virtud:
“Se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado; sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado; o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público.
Igual pena se aplicará a quien difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos a que se refiere el inciso anterior. En caso de ser una misma la persona que los haya obtenido y divulgado, se aplicarán a ésta las penas de reclusión menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales.
Esta disposición no es aplicable a aquellas personas que, en virtud de ley o de autorización judicial, estén o sean autorizadas para ejecutar las acciones descritas.” Pero lo último no opera en la realidad, ya que la orden de escuchas a PDI o Carabineros sólo procede previa autorización de juez, y tan sólo una vez que se le han presentado pruebas contundentes para dar lugar a ellas. No puede siquiera obrar en delito flagrante, ni en caso de confesión privada de delito.
En otras palabras: esto significa de manera directa o indirecta, garantizar la impunidad de quienes cometen actos delictivos por estar sancionado grabarlos y divulgarlos. O aún en otros términos, esta disposición legal tiende a presuponer que los delincuentes realizan sus acciones ilegales y delictivas en la plaza pública. De este modo, de hecho, se torna casi imposible descubrir la comisión de delitos, facilitándose la rueda giratoria de quienes son verdaderamente culpables, por falta de evidencias.
Ciertamente, la responsabilidad o culpa de haberse dictado esta norma que ampara la delincuencia, le corresponde al Poder Legislativo y los jueces se ven obligados a “respetar” una norma tan inconcebiblemente injusta.
Frente a estas consideraciones e íntimamente relacionado con ellas, en el mensaje del propio Código de Procedimiento Penal –hoy derogado- se establecía con clara sensatez y afán de Justicia verdadera, que “las desorbitaciones” de los otros dos Poderes del Estado -Ejecutivo y Legislativo- pueden hasta ser toleradas, pero no así si se tratare del Poder Judicial. Porque precisamente, su obligación legal y moral es hacer Justicia, sin mirar a quien. Acogiendo las normas y Principios que hace ya más de 2500 años, le concedían a la Justicia la más grande importancia, así como la rigurosa aplicación de la ley: desde un Sócrates a un Aristóteles. Llegando a definirse la Justicia, por eso mismo, como “la síntesis de todas las virtudes”.
Surge entonces de modo obligado una sola respuesta clara y definitiva: para recuperar esa confianza perdida, es condición sine qua non, hacer verdadera Justicia, dando mínimas garantías a las víctimas.
Al propio tiempo, procurar a través del diálogo franco y abierto entre Autoridades y la ciudadanía, un “consenso mínimo”. Este consenso elemental -de hablar siempre con la verdad- vendría a equivaler a los cimientos de una casa: sin ellos, no se la puede siquiera levantar. Y, lógicamente este gran Acuerdo no excluye a futuro las polémicas en torno de muchas otras materias, ya sean de orden político-ideológico, social o económicas.
Si acaso nos demostramos incapaces de alcanzar ese consenso mínimo, que no es necesariamente una nueva Constitución porque ella no resuelve obligadamente las conductas humanas, la situación actual se tornará tan grave que nadie, absolutamente nadie tendría condiciones ni razones suficientes para asegurar la estabilidad plena del país.
Sin duda alguna, en esta grave y compleja situación que nos afecta a todos los chilenos, gravita poderosamente la creciente vocación neo-utilitarista que está en boga a partir de los Chicago Boys. Es errado calificarla de neo-liberalismo porque la ideología liberal - la Revolución Francesa es de carácter liberal y no socialista, proclamando los tres grandes Principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad- son muy contrarios al utilitarismo. En consecuencia, formulo un ferviente llamamiento para que todos los habitantes de la República seamos capaces de hacer un sincero esfuerzo para alcanzar ese consenso mínimo que, fundamentalmente le conceda a la Verdad y la Justicia la absoluta primacía, por sobre cualesquiera ideologías político-económicas o de otra naturaleza.
