Es innegable que los derechos de hijos e hijas de inmigrantes en Chile enfrentan hoy una arremetida política que hace parte de los discursos securitarios que anudan la migración, la frontera y la delincuencia como si fueran lo mismo. Entre las últimas medidas políticas, gran controversia ha causado el avance del proyecto de ley N.º 17.474-06, impulsado por el ejecutivo y por parlamentarios que buscan limitar el acceso a beneficios sociales, y principalmente, restringir los derechos a la salud y la educación a personas migrantes irregulares, obligando a hospitales y escuelas a reportar datos de migrantes indocumentados. Además, la circular N°014 del Servicio de Registro Civil e Identificación reabrió el debate sobre otorgar la nacionalidad chilena a los hijos/as de migrantes, avivando el uso del término de “hijo de extranjero transeúnte” para quienes no tienen sus papeles al día. Sin embargo, vale señalar que estas medidas se han intentado impulsar desde hace varios años, principalmente promovidas por distintos sectores políticos que pretenden cercenar derechos a los/as hijos de migrantes.
Frente a esto, es importante preguntarse quién y qué se gana con esto, particularmente en un contexto de una preocupante caída de la natalidad, así como malas estadísticas en cuestiones como nutrición, salud mental y desarrollo infantil, en un país que, dentro de sus supuestos pares desarrollados, tiene las peores cifras en bienestar integral de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué se saca con sacar medidas focalizadas en precarizar aún más la vida de este grupo particular de infancias?
La migración es una fuerza laboral movida por el capital, no por las políticas migratorias. Pensar que una política fronteriza, un muro o una zanja detendrán los movimientos forzados de mano de obra precarizada cuando, al mismo tiempo, se ha dispuesto y fortalecido un mercado laboral para que se inserten indocumentados, es tapar el sol con un dedo. Mientras haya puestos de trabajo disponibles para el trabajador/a migrante, más aún para el indocumentado, las migraciones seguirán trazando su camino hacia Chile, sin importar cuantas metáforas lance un gobierno ni cuantos shows mediáticos monten en la frontera. Frente a esta realidad, el gobierno de Kast ha optado por una estrategia política que ha sido mofa pública al señalar, ante las demandas de acciones concretas en materia migratoria, que más que organizar deportaciones masivas, lo que se hará es invitar a las personas a irse por sus propios medios para que desistan quedarse en Chile. La deportación como una metáfora, señaló Kast. Y si bien, en un principio puede causar risa esta salida política y leerse como debilidad institucional del partido o falencia del carácter del presidente, en lugar de mofarnos deberíamos examinar exactamente qué quiere decir con “forzar a desistir”.
Hoy estamos frente a una política del agotamiento, de conducir a las personas migrantes hasta el límite del agote para que desistan de querer hacer sus vidas en Chile. Y ya que el capital sigue atrayendo y creando puestos de trabajo para los indocumentados y que el lobby de los grupos de poder es grande en los gobiernos, se ha optado por una forma más silenciosa y cruel para asegurar la mano de obra precarizada y racializada en ciclos de trabajo circular que se desplaza en los vaivenes del capital, antes que una mano de obra asentada y arraigada que forme parte de la nación en tanto ciudadanos. ¿Cómo? Pues fácil, destruyendo su posibilidad de construir y mantener una familia, colocando en peligro a su proyecto futuro y a sus hijas e hijos.
No se trata solo de una política construida contra la infancia migrante, pues hace años ya que Chile tiene una guerra contra la infancia y la adolescencia que se refleja en las cifras de violencia escolar, violencia intrafamiliar, suicidio infanto-juvenil y abuso sexual infantil. Por lo tanto, esta política va más allá de la infancia, ella no es su foco de ataque, sino su medio para obtener un objetivo mayor: el desistimiento de sus padres para hacer una vida estable en Chile. Atacar a la infancia y no a la irregularidad en el trabajo mantiene las precariedades laborales del trabajador migrante e impide la creación de soportes para su arraigo en Chile.
Este es el escenario ideal para negocios como la agroexportación, que tal como ha demostrado la geógrafa Ximena Valdés, requiere de la mano de obra cautiva que se moviliza por las distintas regiones del país siguiendo el calendario de recolección de fruta para que, una vez terminadas las temporadas, las personas vuelven a sus países. Estas políticas son inmunes a los clamores por los derechos o el bienestar de la infancia, pues los niños no son el foco de esta política, dado que se trata de minar el intento de las familias por arraigarse y proyectar su futuro en Chile. Si dejamos que esta política del desistimiento siga operando vamos a permitir que se construya un sistema de migración indocumentada cuya imposibilidad de arraigarse terminará por socavar los avances en los derechos de todos los trabajadores del país, permitiendo que exista una mano de obra móvil, cautiva y desarraigada que trabajará para el mejor postor y no por su futuro, ni menos aún por un futuro colectivo.
Esta política del desistir, de dejar sin soporte a las poblaciones, del agotamiento físico y mental de las personas migrantes, es una apuesta delicada. Quizás quienes no estén de acuerdo con la migración ni con los derechos humanos, creerán que estas medidas son justas en el sentido de que estas diferenciaciones irán en provecho de quienes se sienten con el derecho de ser nacionales frente a quienes no gozan de esos derechos. Sin embargo, hay que preguntarse hasta qué punto un sujeto que no es parte de la clase alta y rica del país tiene realmente el derecho indiscutido de formar parte de una nación y sus derechos. Si comenzamos a difundir y afirmar la idea de que los derechos de la ciudadanía son privilegios de nacionalidad, ya sea por tierra o por sangre, dejaremos en vilo la idea de que los derechos deben ser expansivos y que el valor de la vida humana es imponderable.
Hasta hace unas décadas eran muy pocos los que gozaban de los derechos de ciudadanía, hombres adinerados, con propiedades, de las mismas familias de quienes hoy siguen siendo los hombres adinerados del país. Fueron las luchas colectivas de quienes pusieron su cuerpo en las calles, organizándose en sus escasos tiempos libres, las que permitieron que campesinos, pueblos, mujeres, jóvenes y empobrecidos pudieran abrirse camino en la imaginación política de forjar un futuro juntos. El corto siglo XX fue un período de apertura democrática, de expansión de derechos, de imaginación política diversa y de lucha social, una época que pareciera que hoy, aunque ya ha pasado el primer cuarto de este siglo XXI, como diría Pepe Bengoa, estaría más cerca del siglo XIX que del XX.
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Constanza Ambiado es estudiante del Doctorado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile.
María Emilia Tijoux es profesora de la Universidad de Chile y actualmente dirige el Fondecyt Regular sobre Migración y Trabajo. ___
Esta columna proviene de reflexiones del proyecto Fondecyt 1240125 “Trayectorias laborales y precarización de los(as) migrantes en la Región Metropolitana desde 1990 al presente”
