Las decisiones actuales del gobierno de José Antonio Kast en materia de género visibilizan las violencias históricamente arraigas en la construcción de roles y estereotipos, profundizando una mirada que fractura los avances de una agenda feminista transversal en todos los ministerios. Interpelan, medidas como la suspensión de becas de magíster y doctorado en el extranjero, el retiro de la Política de Defensa nacional con perspectiva de género, la eliminación de unidades de género, el cambio en la dirección del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), las transformaciones en la política de gratuidad en educación superior, la eliminación de la mesa de trabajo que busca justicia para las infancias abusadas del Sename, entre muchas otras.
Estas decisiones impactan directamente en una agenda feminista que no solo ha buscado reducir brechas entre hombres y mujeres, sino también erradicar las violencias cotidianas que configuran formas de vivir. Se trata de una apertura generacional que ha instalado los derechos como garantías institucionales, mediante políticas públicas y acciones concretas para posicionar a las mujeres en igualdad de condiciones, disminuir brechas y resguardar derechos que posibiliten la toma de decisiones, autonomía económica y eliminación de violencias. En este sentido, la educación cumple una función primordial si consideramos el trabajo no remunerado que las mujeres realizan desde sus hogares y las horas que dedican al cuidado. Por ello, la eliminación y suspensión de becas, políticas, protocolos y unidades de género en el ámbito educativo constituye un retroceso profundo en materias que deberían sostenerse como políticas de Estado.
Se instala el miedo, la emergencia y la crisis desde un discurso político que desde su núcleo arremete con formas de ver y entender el mundo, disminuyendo oportunidades que permitan a las mujeres y las disidencias sostener sus trayectorias educativas en contextos donde la precariedad, las brechas salariales y el trabajo no remunerado limitan su permanencia. Las becas no financian solo estudios: disputan condiciones estructurales que expulsan a mujeres del sistema educativos y de carreras concretas sobre todo en las áreas STEM. Una educación con perspectiva de género es una herramienta crítica que permite cuestionar la naturalización de las desigualdades, fijando la atención en las violencias y en cómo desarmar los mandatos que reproducen la subordinación.
Lo que está en juego no es solo una orientación de política pública, sino el desmantelamiento de condiciones mínimas para la igualdad y la dignidad. En nombre de un orden que se presenta como neutral, se reinstalan jerarquías que precarizan la vida y se supeditan los cuerpos feminizados al servicio del capital. No toda institucionalidad garantiza justicia, y es precisamente ahí donde se vuelve urgente disputar estos retrocesos, ya que sin condiciones materiales para la autonomía, sin educación crítica y sin políticas que sostengan la vida, lo que se consolida es solo desigualdad.
Francisca Rodó- Doctora en Ciencias Sociales, Universidad Santo Tomás.
