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El Estado de Chile y la corrupción: Sus efectos y los desafíos pendientes. Por Diego Durán Toledo

Los resultados del estudio efectuado por la Contraloría General de la República, en relación con la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción en Chile, han dejado una serie de repercusiones y que principalmente se traducen en que los ciudadanos piensan que existe una mayor ocurrencia de acciones que se riñen con la ética pública.

Lo anterior, refleja una pérdida de confianza de nuestros compatriotas respecto al rol que ejerce el sector público en la atención de sus necesidades, en desmedro de los intereses de particulares, sean o no funcionarios públicos.

Lizcano y Mendieta (2011), manifiestan que la mayor problemática para el Estado democrático y de derecho no es solamente este fenómeno, sino que a la par se produce un deterioro de la moral y ética pública, que tiene como a sus principales sujetos a los funcionarios públicos.

En el caso chileno, la ocurrencia de una creciente práctica de corrupción (o al menos de una mayor percepción sobre el aumento de la misma) puede ser nocivo para el país, más aún en el momento particular donde se publican estos resultados, el cual se caracteriza por una nación que enfrenta las consecuencias económicas de la pandémica del COVID-19, con la figura de un presidente y un gobierno que enfrentan desde hace más de un año una fuerte crisis de conducción, un proceso constante de movilización social desde el 18-O, con una clase política transversalmente desprestigiada ante los ojos de la ciudadanía y ad portas de un proceso constitucional, que hasta el minuto tiene más incertidumbres que certezas. El escenario descrito, puede generar en conjunto las condiciones de debilitamiento de la estabilidad democrática e institucional, que en el peor de los casos podría significar un retroceso a la realidad política latinoamericana de los años 70´s y 80´s del siglo pasado o al surgimiento de populismos de cualquier signo, que sin duda debilitarían aun más nuestra frágil institucionalidad.

Es por esto, que al menos el sistema administrativo de la gestión publica debe funcionar adecuadamente y minimizando la ocurrencia de los actos de corrupción, como un bastión de resguardo de la institucionalidad y estabilidad democrática, ante un escenario con tantas vicisitudes como el que se presenta actualmente.

En este sentido, el resultado del estudio efectuado por Contraloría no solo nos demuestra el aumento de la percepción de la corrupción a nivel país, sino que también nos arroja una serie de datos, bajo los cuales se pueden construir las políticas públicas para el combate activo a este flagelo.

En específico, me refiero por ejemplo a las cifras entregadas en materia de denuncia de los delitos de corrupción, donde si bien se señala que al menos la mitad de las personas encuestadas han presenciados actos reñidos con la ética pública, de estos menos de un tercio ha señalado que ha realizado las denuncias correspondientes.

Según el estudio, más de la mitad de las personas que no han denunciado porque desconfían de las instituciones que analizarían los casos en cuestión, mientras que otro 40% fue porque han considerado que estas presentaciones no tendrían sanción alguna.

En relación con lo anterior, como Estado de Chile existe un desafío en reestablecer las confianzas con la ciudadanía, no solo mediante el ejercicio ejemplificador de los organismos de control a través de las acciones de fiscalización correspondientes, sino que también a través de las reformas fundamentales que generarse en materia del control público, a raíz por ejemplo del proceso constitucional que se ha iniciado recientemente.

Pero, por otro lado, a nivel de la administración pública y de la ciudadanía en general, es menester instalar a la probidad pública como un valor transversal a la sociedad, en el cual se refuerce desde las escuelas de formación de los futuros profesionales expertos en la gestión pública, en las instituciones estatales e inclusive desde el mismo sistema escolar a través de la generación de políticas educativas que realcen la importancia de la educación cívica y los valores ciudadanos, la noción de la relevancia del resguardo de este principio como un principio categórico de convivencia, enfocado fundamentalmente en una visión preventiva y que en caso de ocurrencia, fomente la denuncia de estas situaciones, en post del resguardo del bien propio y común de todos nuestros compatriotas.

A su vez, el propio estudio ha indicado la necesidad de generar más acciones de fiscalización y atribuciones por parte de la CGR en la materia, lo cual, en virtud de los antecedentes, es necesario considerar especialmente en aquellas materias e instituciones en las cuales han existido varios de los casos más importante de corrupción de los últimos años, como es la situación de las fuerzas armadas y carabineros.

Cabe destacar, que lo anterior debe ir en un espíritu propositivo mediante el cual las acciones desarrolladas por la Contraloría favorezcan la resolución de problemas públicos en materia de probidad y que a su vez no entorpezcan el desarrollo de la gestión pública.

Por otro lado, se hace necesario que la propia institución pueda fortalecer o mejorar su capacidad operativa en materia de las denuncias de los ciudadanos, en virtud de los datos arrojados en materia de una debida gestión y respuesta a las denuncias presentadas ante este organismo, que en algunos casos no se ajusta en oportunidad y/o calidad de respuesta, a las expectativas que tienen las personas y/u organismos que han recurrido a la CGR.

Finalmente, es un rol fundamental del aparataje público efectuar todo tipo de acciones dentro del marco de la legalidad para establecer políticas anticorrupción, como a su vez desde el propio Estado se debe fomentar el fortalecimiento y participación de las instituciones de la sociedad civil tanto en su accionar como inclusive en sus atribuciones, en post de actuar como veedores y garantes de la correcta gestión administrativa de la administración pública, sin contar con el apoyo de este tipo de instituciones de la sociedad civil y de la ciudadanía general, en su rol de fiscalización y de denunciantes ante los organismos del Estado, de prácticas reñidas con la probidad, cualquier acción en la materia se verá truncada y no tendrá ni el impacto ni apoyo necesario para ser efectiva.

Chile se enfrenta el peligro latente de la corrupción y es tarea de todos colaborar en vencer a este mal endémico, en post del resguardo del fortalecimiento institucional de nuestro sistema democrático y más importante aún para reestablecer desde la gestión pública, las confianzas entre el Estado y las personas.

 

El autor es administrador Público y Magíster en Gobierno y Gerencia Pública. Académico e investigador del Grupo “Unidad de Análisis del Rol del Estado de Chile” de la Universidad Autónoma de Chile.

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