Hay una imagen que resume mejor que cualquier discurso lo que está pasando en Chile. Mientras en Santiago el gobierno tramitaba a toda velocidad una megareforma que le quita recursos a los municipios, decenas de alcaldes estaban en terreno, con las botas embarradas, respondiendo a la emergencia que dejó el sistema frontal en Atacama, Coquimbo y otras zonas del país. La misma institucionalidad que el gobierno de Kast desprecia en el discurso era la que estaba sosteniendo a las familias afectadas en la práctica. No es una coincidencia. Es una paradoja que define a este gobierno mejor que cualquier declaración de principios.
La derecha tiene una relación conflictiva con el Estado desde hace décadas. Lo critica, lo acusa de ineficiente, lo llena de operadores políticos en sus discursos, y propone sistemáticamente reducirlo. La megareforma que acaba de aprobar el Senado por apenas dos votos de diferencia es la expresión más acabada de esa visión. Una rebaja al impuesto corporativo que le quitará más de mil seiscientos millones de dólares anuales al fisco. Un régimen de invariabilidad tributaria por veinte años que amarra las decisiones de seis gobiernos futuros. Modificaciones al sistema de evaluación ambiental que reducen los estándares de protección y limitan las herramientas que tienen las comunidades para reclamar cuando un proyecto daña su entorno. Todo presentado bajo el nombre de Reconstrucción Nacional, que es quizás el eufemismo más audaz de la temporada.
Lo que la megareforma construye no es Chile. Es el blindaje legal de los intereses de quienes más tienen. El empresariado aplaude. Los organismos ambientales advierten que la reforma abre la puerta a proyectos contaminantes que antes habrían sido frenados. La Corte Suprema cuestionó varias de sus disposiciones y sus dudas quedaron en su mayoría sin respuesta. Pero el gobierno siguió adelante. Y el Partido de la Gente, ese que dice no ser ni facho ni comunacho, que se presenta como la voz de la gente común, fue el que inclinó la balanza. No es neutralidad. Es una elección. Y sus consecuencias las pagarán exactamente las familias que el PDG dice representar.
Y entonces llegó el sistema frontal. Las mismas comunas que el gobierno estaba debilitando con la exención de contribuciones, que afecta directamente el Fondo Común Municipal del que depende más del 90% de los municipios del país, fueron las primeras en responder. Los alcaldes desplegaron sus equipos, gestionaron albergues, coordinaron la atención de los vecinos afectados. Sin tiempo para esperar instrucciones desde Santiago. Sin los recursos que esta reforma les seguirá quitando.
La respuesta del gobierno nacional, en cambio, fue lenta e insuficiente. El ministro De Grange visitó Monte Patria en medio de la emergencia para hacer un punto político sobre las represas. Pocas horas después, puentes en la zona sufrieron daños graves que la Contraloría había advertido con meses de anticipación. No había despliegue suficiente para levantar las fichas de emergencia. Las familias afectadas esperaban una respuesta que tardaba en llegar. Y la ciudadanía lo registró: según el Pulso Ciudadano de Activa Research de fines de julio, el 43% evaluó de muy mala o mala la forma en que el gobierno enfrentó la emergencia. Solo uno de cada cuatro la calificó positivamente. Más revelador aún, el 56% cree que el país está poco o nada preparado para enfrentar una nueva emergencia climática en lo que queda de invierno.
Atacama conoce bien esa espera. Es una región que ha vivido catástrofes donde el municipio fue la primera y muchas veces la única línea de respuesta real. Donde la distancia con Santiago no se mide solo en kilómetros sino en tiempos de reacción, en recursos que no llegan, en decisiones que se toman lejos de quienes sufren las consecuencias. Cuando el aluvión, cuando el temporal, cuando la emergencia, no son las empresas privadas las que aparecen con soluciones. Es el municipio, con sus funcionarios, con su presupuesto limitado, con su conocimiento del territorio. Y es exactamente ese municipio al que esta reforma le está quitando recursos.
Eso es lo que significa achicar el Estado en la práctica. No es una discusión filosófica. Es si hay funcionarios suficientes para levantar una ficha de emergencia. Es si el municipio tiene recursos para sostener un albergue más allá de las primeras horas. Es si el Estado llega antes o después de que el daño sea irreversible.
Y la propia ciudadanía le está diciendo al gobierno con mucha claridad que no quiere esa agenda. La misma encuesta muestra que más del 62% rechaza privatizar Codelco, más del 62% rechaza privatizar el Banco Estado y más del 64% rechaza privatizar ENAP. No son datos de la oposición. Son datos de la gente que este gobierno dice representar, diciéndole que el Estado no es el problema. Que Codelco es de Chile. Que el Banco Estado es de Chile. Que ENAP es de Chile. Y que prefieren que sigan siéndolo.
Cuando los efectos de la megareforma se hagan visibles, no lo harán de golpe. No habrá un titular que lo explique con claridad. Será la suma silenciosa de municipios con menos recursos para recoger la basura, de comunidades sin herramientas para frenar un proyecto contaminante, de vecinos que descubren que el plazo para reclamar ya venció antes de que pudieran organizarse. Será el deterioro lento e invisible que la derecha lleva décadas perfeccionando como estrategia: hacer daño de una manera tan gradual que nadie pueda señalar el momento exacto en que ocurrió.
Frente a eso, el desafío de la izquierda y el progresismo no es solo denunciar. Es construir una alternativa con convicción. Y esa alternativa pasa necesariamente por defender un Estado fuerte, no como capricho ideológico sino como necesidad demostrada. Porque no serán los dueños del capital quienes protejan a los más vulnerables cuando llegue el próximo temporal. No será el mercado el que sostenga a la familia de Atacama que perdió su casa en un aluvión. No será la inversión privada la que garantice que un municipio pequeño pueda seguir recogiendo la basura, manteniendo las luminarias o entregando apoyo social a quienes lo necesitan.
La izquierda y el progresismo tienen que levantar ese debate con claridad y sin complejos. Un Estado presente no es sinónimo de ineficiencia ni de burocracia. Es la condición para que los derechos sean reales y no solo palabras en un papel. Es lo que permite que una región como Atacama no dependa de la voluntad de una empresa minera para tener agua, salud o infraestructura. Es lo que hace posible que cuando todo falla, haya alguien ahí.
La paradoja de este gobierno no es un accidente. Es el resultado de gobernar con dogma en vez de con realidad. Y la respuesta no puede ser solo crítica. Tiene que ser un proyecto político que crea, con argumentos y con hechos, que el Estado no es el problema. Que es, muchas veces, lo único que queda.
Tomás Garay Pérez
Abogado
