El análisis de las formaciones sociales latinoamericanas exige una constante actualización de las categorías críticas para evitar el dogmatismo y comprender las mutaciones del capital en la periferia global. En el Chile contemporáneo, el año 2026 representa una ruptura orgánica fundamental, la consolidación institucional de un proyecto de derecha radical liderado por la administración de José Kast. Este fenómeno no responde a un simple péndulo electoral fortuito o a un descontento ciudadano desorganizado; encarna la reconfiguración profunda del “bloque en el poder”, frente al agotamiento de la matriz reformista socialdemócrata y a la prolongada crisis de acumulación y legitimidad que arrastra el país desde la revuelta popular de octubre de 2019.
El Estado no es un árbitro neutral ni un aparato meramente técnico, sino la condensación material de una relación de fuerzas entre sectores de la sociedad enfrentados. El presente artículo examina cómo el gobierno actual opera como el brazo político-jurídico necesario para estabilizar las contradicciones estructurales del capitalismo dependiente, extractivista y rentista chileno. A través de la articulación de lo que aquí se denominará el “Estado Subsidiario Punitivo”, un modelo que acopla la desposesión económica neoliberal radical con una hipertrofia de los aparatos ideológicos y represivos del Estado, la fracción hegemónica de la burguesía busca clausurar definitivamente el ciclo de impugnación popular. Mediante el uso de la “seguridad”, el “orden” y la “austeridad” como fetiches ideológicos, se instrumentaliza una redistribución regresiva del ingreso orientada a restaurar a cualquier costa la tasa de ganancia del gran capital a expensas de la reproducción social de la clase trabajadora.
La Reconfiguración Estructural de la dependencia y el capitalismo chileno.
Para aprehender la dinámica chilena actual, es indispensable situar su formación económica social dentro de la división internacional del trabajo. El modelo de acumulación chileno sigue sólidamente anclado en lo que David Harvey denomina “acumulación por desposesión” y en una matriz extractivista primario-exportadora de baja complejidad tecnológica. Bajo el mandato de Kast, esta condición dependiente se profundiza drásticamente mediante un disciplinamiento fiscal severo y la desregulación de los factores productivos, con el fin de reinsertar al país competitivamente en las cadenas globales de valor controladas por las potencias imperialistas y los fondos transnacionales.
La retórica gubernamental de la administración de Kast legitima este proceso bajo axiomas tecnocráticos pro-mercado:
“No es posible redistribuir la pobreza; la única vía científica para el progreso social es blindar la certeza jurídica y liberar las fuerzas productivas del yugo estatista para atraer la inversión”.
No obstante, esta premisa enmascara una intensificación drástica de la explotación de la fuerza de trabajo (extracción de plusvalía absoluta y relativa). La meta macroeconómica de reactivar la economía a tasas superiores al 4% anual no contempla una industrialización o diversificación de la matriz productiva, sino la depreciación deliberada del valor de la fuerza de trabajo y la flexibilización de las normativas socioambientales. Esto facilita el libre desembarco de capitales transnacionales en sectores extractivos estratégicos, como la minería del litio, el cobre y el sector agroindustrial. El ajuste fiscal, lejos de ser una medida técnica de estabilización neutra, se erige como una estrategia política de clase destinada a transferir plusvalor desde los productores directos hacia las facciones financieras e inmobiliarias de la burguesía local e internacional.
El desmantelamiento de la Reproducción Social.
La ofensiva de la actual administración se despliega con particular violencia material sobre los pilares de la reproducción social de la fuerza de trabajo. Utilizando el “Plan de Inspección Total” y un severo ajuste fiscal en el gasto público que supera los $1,3 billones de pesos, el Estado ejecuta un vaciamiento planificado de los servicios públicos, transformando los derechos sociales remanentes en nichos de acumulación en inversión privada.
En el ámbito sanitario, se devela cómo el capital busca mercantilizar incluso las condiciones biológicas de la fuerza de trabajo. El gobierno de Kast ha implementado una reestructuración presupuestaria que asfixia financieramente a la red de salud pública (hospitales y atención primaria) en favor de esquemas de subsidio a la demanda mediante la profundización de la libre elección en prestadores privados (clínicas).
Bajo el argumento corporativo de “reducir las listas de espera mediante la eficiencia privada”, los fondos públicos correspondientes a la cotización formal de los trabajadores son externalizados y transferidos masivamente a los holding de la salud privada. Este desvío de capital social hacia clínicas privadas deja a los hospitales públicos en una situación de obsolescencia operativa, escasez de insumos básicos y precarización de su personal. Para las masas trabajadoras y el subproletariado marginal, la salud deja de ser un derecho garantizado por el Estado y pasa a depender de su capacidad individual de endeudamiento o consumo de seguros, forzando la mercantilización de la vida misma y asegurando ganancias extraordinarias a la burguesía médica y financiera.
El sistema educativo chileno, que había experimentado un proceso de parcial desmercantilización tras las movilizaciones estudiantiles de las pasadas décadas, sufre una regresión doctrinaria y material bajo el actual Ejecutivo. El gobierno ha iniciado el desmantelamiento progresivo de la gratuidad universitaria universal mediante el recorte de las transferencias directas a las universidades públicas y del Estado, reinstalando el crédito bancario y el endeudamiento familiar como los motores de acceso a la educación superior.
En la educación escolar, la política focaliza en el financiamiento vía “vouchers” (subsidio por estudiante), asfixiando a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para incentivar el retorno del modelo de colegios particulares subvencionados con fines de lucro. Desde la teoría de los “Aparatos Ideológicos del Estado” de Althusser, esta contrarreforma cumple un doble objetivo de clase, por una parte económico, al restablecer la educación como un mercado altamente rentable de reproducción de destrezas segmentadas según el origen social del estudiante. Y por otra parte, ideológico, al desarticular las subjetividades críticas y solidarias generadas en la educación pública, reemplazándolas por el ethos del individualismo competitivo, el emprendimiento alienado y la sumisión a la disciplina laboral que demanda el capital en sus nuevos nichos precarizados.
Por su parte, la crisis habitacional en Chile, agudizada por los flujos migratorios y el encarecimiento de la vida, es abordada por la administración de Kast mediante la entrega absoluta de la planificación urbana al mercado inmobiliario y financiero. El gasto público destinado a la construcción directa de viviendas sociales ha sufrido un fuerte congelamiento estructural. En su lugar, el gobierno ha implementado una política habitacional basada puramente en “vouchers de integración social”, donde el subsidio estatal actúa como un pie para que las familias de clase trabajadora contraigan créditos hipotecarios bancarios a largo plazo.
Esta dinámica de mercantilización del suelo urbano se combina con una política de “tolerancia cero” y desalojo inmediato frente al fenómeno de las tomas de terreno y campamentos. La vivienda digna deja de considerarse una necesidad social para ser defendida prioritariamente como un activo financiero sagrado de las grandes inmobiliarias. Quienes quedan excluidos del circuito mercantil del suelo no reciben una solución habitacional por parte del Estado, sino la acción coercitiva de las fuerzas policiales. El suelo urbano se consolida así como un espacio de segregación de clases absoluto, donde las capas populares son expulsadas hacia la periferia más desprovista de servicios, profundizando lo que los geógrafos críticos denominan la fractura socio-espacial del capital.
Seguridad Pública e Hipertrofia Represiva.
A partir de las contribuciones fundamentales de Gramsci, se advierte que la dominación burguesa es incapaz de sostenerse únicamente sobre el consenso ideológico, requiriendo siempre del monopolio de la violencia legítima. Cuando la desigualdad estructural se agudiza producto de los recortes fiscales antes descritos, los Aparatos Represivos del Estado, deben hipertrofiarse para contener las expresiones de descontento político y delincuencia común emanadas de la desintegración social.
El gobierno de Kast sitúa estratégicamente la agenda de seguridad en el centro del debate público, desplegando tres ejes empíricos de control punitivo. El Plan de Infraestructura Penitenciaria, que busca la contención y gestión punitiva de la población excedente y el subproletariado no absorbido por el mercado laboral, generando la creación de más de 20.000 nuevas plazas carcelarias, y por tanto penalizando la marginalidad económica-social de sectores de la sociedad.
La militarización y el control migratorio fronterizo, mediante el despliegue permanente de las FFAA, ampliación de plazos de detención y expulsiones expeditas, contraviniendo los tratados internacionales humanitarios respecto a la migración como un derecho inalienable de todo ser humano.
La “pacificación” y apertura en la Macrozona sur, que pretende la desarticulación de la resistencia indíngena-campesina para la expansión de las fronteras extractivistas de la propiedad privada, y que se traduce en la persecución penal a la comunidades en pugna con el Estado, y la reforma a la Ley Indígena para autorizar la hipoteca y venta de tierras ancestrales.
El Devenir del Régimen de Ultraderecha.
Para lograr proyectar la trayectoria de la administración de José Kast, la política debe rehuir de toda lectura algebráica lineal. El “Estado Subsidiario Punitivo” no es una estructura estática, sino una respuesta de emergencia del capital que contiene en su propio núcleo las semillas de su desestabilización política.
A medida que el bloque en el poder profundice los recortes en los pilares de la reproducción social (salud, educación y vivienda), se manifestará la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia a nivel social amplio, encubierta bajo una crisis crónica de subconsumo y precarización de los sectores populares. La ilusión inicial de “orden y seguridad”, que logró capturar el consenso pasivo de importantes franjas de la clase trabajadora fragmentada, colisionará inevitablemente con la crudeza material del encarecimiento de la vida y el endeudamiento sistémico. Ante este escenario, el devenir del régimen se caracterizará por una tensión dialéctica insalvable entre dos tendencias.
Por una parte el “Césarismo Burocrático-Policial”, ante la pérdida de legitimidad civil, el Poder Ejecutivo tenderá a abandonar los ropajes de la democracia liberal formal. Para garantizar la “certeza jurídica” de los holdings extractivistas y financieros, el régimen mutará hacia una variante contemporánea de lo que Poulantzas definió como “Estatismo Autoritario”. Esto implica la autonomización de las fuerzas policiales y militares como brazos de cogobierno, la persecución penal sistemática de la disidencia sindical y territorial (mediante la tipificación hipertrófica del sabotaje y el terrorismo), y el vaciamiento definitivo de los espacios de deliberación parlamentaria.
Por otra parte, la “Colonización de los Márgenes por el Capitalismo”. La asfixia deliberada del gasto social público abandonará los territorios periféricos y las poblaciones marginales a una exclusión total. Al carecer de educación y empleo digno, estos sectores experimentarán una lumpenproletarización acelerada. El narcotráfico y las economías ilegales ocuparán el vacío estatal, operando como un “capitalismo lumpen” que, lejos de subvertir el orden de propiedad, reproducirá la violencia y profundizará el fascismo social. Esto atomizará aún más a las clases subalternas a través de una suerte de “guerra civil” fratricida entre el pueblo precarizado y el pueblo “ilegal”, neutralizando provisoriamente su conciencia de clase.
Socialismo en Democracia y el Nuevo Bloque Histórico.
Frente a la encrucijada del autoritarismo de mercado, la superación del régimen de ultraderecha no puede concebirse como una insurrección ciega o un retorno a la vieja normalidad socialdemócrata concertacionista, cuyo fracaso histórico fue precisamente el que pavimentó el camino al poder de la reacción. Desde la tradición socialista chilena, la salida política adquiere un carácter nítido, la reactualización de la vía democrática e institucional hacia el socialismo, un hilo histórico que conecta los debates de la Unidad Popular de Salvador Allende con las exigencias críticas de la formación social actual.
Esta salida política se estructura sobre dos pilares fundamentales que integran la disputa institucional, la movilización de masas y el diseño de una nueva matriz de reproducción social.
La construcción de un Bloque Histórico Popular de Nuevo Tipo.
La derrota de la ultraderecha requiere la constitución de lo que Gramsci denominó un Bloque Histórico, una alianza orgánica entre las clases trabajadoras tradicionales, el subproletariado precarizado, las clases medias desposeídas, y las vanguardias de los movimientos sociales (feministas, ecologistas y de los pueblos originarios). Esta confluencia política no debe articularse como un mero pacto electoral de cúpulas, sino como una Unidad Popular de nuevo tipo.
Su tarea inmediata es la Ruptura Democrática, utilizando las grietas institucionales del propio Estado capitalista para disputar el poder municipal, regional y parlamentario. El socialismo en democracia chileno postula que las instituciones estatales no son bloques monolíticos infranqueables, sino terrenos de lucha condensados. La acumulación de fuerza electoral debe ser el reflejo institucional de una previa y sólida organización de base, impidiendo que el parlamento aliene a los representantes del movimiento popular.
La Institucionalización del Poder Popular de Base.
La especificidad de la vía chilena al socialismo radica en su profundo respeto por los procesos democráticos, las libertades civiles y el pluralismo político, pero entendiendo que la democracia formal liberal debe ser superada por una democracia sustantiva y socialista. La salida al régimen de Kast exige que el tejido social recuperado se dote de sus propias formas de institucionalidad comunitaria.
Se plantea la articulación de Asambleas Territoriales, Consejos de Trabajadores por rama de producción y Cabildos Comunales con poder resolutivo directo sobre la planificación económica local y los presupuestos. Estas estructuras no operan al margen de la ley, sino que disputan una nueva arquitectura constitucional para el país, consagrando un Estado Democrático y Social de Derecho de carácter socialista.
En última instancia, el gobierno de la nueva derecha radical en Chile condensa la crisis civilizatoria del neoliberalismo periférico. Su insistencia en sostener la acumulación por desposesión mediante el despliegue punitivo del Estado clausura todo espacio de amortiguación socialdemócrata. Al agudizar la contradicción capital-trabajo y vaciar de contenido material la vida de las mayorías, el propio régimen autoritario dinamita su estabilidad en el tiempo.
La salida socialista en democracia surge entonces no como una utopía voluntarista, sino como una necesidad histórica dialéctica. Retomando la herencia revolucionaria e institucional chilena, el movimiento popular tiene el desafío de transformar la resistencia contra el Estado subsidiario punitivo en un proceso de democratización radical. Solo la reapropiación social de las condiciones de vida, salud, educación, vivienda y territorio, bajo un modelo de planificación democrática y autogestionaria podrá derrotar el proyecto de la ultraderecha, abriendo paso a la construcción de una sociedad socialista, pluralista, libre y soberana en el Chile del siglo XXI.
