Pese a que durante la campaña, el actual Gobierno jamás anunció entre sus prioridades una reforma tributaria, esta materia ha terminado ocupando el centro de la discusión política en los primeros meses de mandato. José Antonio Kast, quien durante la contienda electoral concentró su discurso en la “crisis migratoria” y la seguridad pública, rápidamente se alineó con la ultraderecha global sometida a la lógica de la “motosierra” como horizonte económico y político. Mientras varias de sus promesas terminaron siendo más bien “metafóricas” o “hiperbólicas”, como él mismo lo ha reconocido, su política económica avanza con una rapidez alarmante.
En pocas semanas hemos visto recortes en múltiples servicios públicos y ministerios que revelan la magnitud del ajuste que se pretende imponer. Lo de Kast, ejecutado con soberbia por Quiroz, es mucho más que una política de austeridad fiscal: es un programa ideológico orientado a reducir la capacidad del Estado, debilitar las instituciones que hacen posibles las prestaciones sociales y avanzar hacia un modelo de extrema desregulación y concentración económica. Neoliberalismo de manual, al que el Gobierno de Kast busca darle nuevo vigor.
En ese contexto, el trabajo parlamentario se ha volcado a la discusión de una gran reforma tributaria que, en un comienzo, intentó justificarse apelando a la dramática situación de cientos de familias afectadas por los incendios del verano, pero que al poco andar reveló su verdadero sentido: ¡favorecer a los súper ricos!
Más allá de lo coloquial del nombre “Ley de los Superricos”, existen razones de fondo para caracterizar la iniciativa de ese modo. En distintas materias, el proyecto busca desregular, limitar capacidades del Estado y blindar privilegios económicos bajo la promesa abstracta de crecimiento futuro, eventual.
En este marco, conviene realizar algunas alertas sobre la discusión de este proyecto en el Congreso. Veamos.
La caracterización idealizada que muchos autores liberales han hecho sobre la deliberación parlamentaria, tiene cada vez menos relación con la realidad política contemporánea. Los Congresos Nacionales solían describirse como espacios privilegiados de discusión racional, intercambio de argumentos y construcción democrática de acuerdos, de una voluntad general. Sin embargo, la práctica muestra algo muy distinto: parlamentos crecientemente debilitados, sometidos a urgencias permanentes y con márgenes cada vez más reducidos para incidir realmente en las grandes decisiones políticas y económicas.
El problema es más profundo que una simple crisis de funcionamiento legislativo. Durante las últimas décadas, el Parlamento ha ido perdiendo progresivamente poder frente a otros actores que hoy condicionan el contenido de las decisiones sobre lo público. El poder se ha desplazado, como lo ha dicho Bauman: este ya no reside en las instituciones de representación popular, sino sobre todo en los mercados financieros, grandes grupos económicos, “organismos técnicos” sin control democrático suficiente y redes de influencia capaces de imponer prioridades políticas por encima de las urgencias sociales.
La política y sus instituciones democráticas, por otro lado, sobreviven con su fuerza ritual, sometidas al lenguaje de la ley y a sus procedimientos legitimantes, perdiendo cada vez más su capacidad de decisión. Eso es precisamente lo que se observa en esta discusión legislativa: mediante la utilización de las urgencias, se sometió al Congreso a legislar aceleradamente en tiempos brevísimos. Incluso en las comisiones, espacios que existen justamente para permitir una discusión más profunda y especializada, el debate fue reducido al mínimo, aprobando artículos sin discusión. Apenas se escuchó a un puñado de expertos y, en muchos casos, ni siquiera hubo espacio para incorporar mínimamente las observaciones realizadas por los parlamentarios de oposición.
Más grave aún: se excluyó de hecho la participación de organizaciones sociales, comunidades y actores territoriales que serán directamente afectados por las consecuencias de esta reforma. A este fenómeno podríamos llamarlo “frenesí legislativo”. Una forma de vaciamiento de la deliberación democrática, donde la importancia del Congreso deja de ser la discusión en profundidad de los proyectos de ley y pasa a ser, simplemente, una instancia para escenificar la transformación de un programa de gobierno en ley de la República. Como sea, la deliberación deja de ser un proceso genuino de construcción democrática y se transforma en una puesta en escena donde lo importante no es discutir el contenido de las reformas, sino acelerar su aprobación.
Junto a la reflexión crítica sobre la política representativa/parlamentaria, queremos llamar la atención en dos elementos de este proyecto de reforma tributaria que resultan derechamente escandalosos, no sólo por los efectos económicos o ambientales que estas pueden generar, sino porque revelan con claridad el tipo de relación entre poder económico y democracia que este gobierno intenta consolidar.
La primera de ellas es la llamada invariabilidad tributaria. Aquí estamos frente a una serie de normas que pretende amarrar las condiciones tributarias del país por 25 años. Dicho en sencillo: se les hace un regalo gigantesco a grandes inversionistas y grupos económicos, mientras se traslada el costo económico a las grandes mayorías a través de los recortes en beneficios sociales y se cercena la capacidad de las futuras mayorías democráticas para modificar esas reglas. Durante seis gobiernos y medio el país quedará condicionado por una decisión tomada hoy bajo presión y con escasa deliberación pública. Dentro de lo más polémico, encontramos la rebaja del 27% al 23% del impuesto de primera categoría para las grandes empresas (porque las pymes ya tienen un régimen diferente) y la reintegración del sistema tributario, que permitirá que lo pagado por las empresas pueda descontarse a los impuestos personales de sus dueños; en la práctica, los más ricos pagarán todavía menos impuestos. Este paquete normativo no busca seguridad o certeza jurídica; es un candado político impuesto al juego democrático. Aquí, la derecha extrema intenta transformar determinados regalos regulatorios en reglas prácticamente permanentes, blindadas frente a cualquier discusión futura. Luego de perder los enclaves autoritarios y amarres constitucionales, el oficialismo intenta clausurar el debate económico futuro, imponiendo un proyecto sobreideologizado y casi sin deliberación pública. Esto nos parece particularmente grave, pues supone que las decisiones económicas de hoy quedarán petrificadas, incluso frente a la voluntad popular de mañana.
La segunda cuestión del proyecto, especialmente alarmante, es el llamado seguro público por anulación de las resoluciones de calificación ambiental. En simple, el gobierno propone que si un proyecto de inversión obtiene permisos deficientes o cuestionables y posteriormente en un segundo análisis su RCA es anulada judicialmente, el Estado deberá asumir todos los costos de este error y reintegrar todos los gastos directos del inversionista.
Las consecuencias de esto son evidentes. Primero, se genera un desincentivo para que el propio Estado revise de manera rigurosa permisos otorgados a actividades potencialmente dañinas, debilitando así el control público sobre actores privados. Segundo, habilita a que las malas evaluaciones ambientales sean cubiertas, financiadas con recursos públicos. Y todavía más grave: este tipo de mecanismos puede terminar generando un verdadero negocio de resoluciones de calificación ambiental deficientes o irregulares, donde los daños ambientales y las consecuencias de malas decisiones administrativas finalmente son socializados y pagados por toda la ciudadanía. Así, las ganancias permanecen privatizadas; los costos, en cambio, los asumimos todos. A pesar de la evidente injusticia que esconde el mecanismo (o quizá por eso mismo), no hay parangón en el derecho comparado.
Este se trata de un mecanismo aberrante que, en los hechos, funciona como un premio de consuelo a la mediocridad empresarial. La lógica es extremadamente peligrosa, tanto así, que la propia Corte Suprema lo advirtió en un duro informe emitido tan sólo días atrás.
Vistas así las cosas, resulta difícil imaginar, al menos en el corto y mediano plazo, la viabilidad del llamado que diversos intelectuales han hecho a la oposición para construir un diálogo honesto, transparente y razonable con los sectores empresariales. El problema no es la supuesta inexistencia de disposición al diálogo de la oposición, sino las condiciones bajo las cuales éste pretende desarrollarse.
El dogmatismo con que Kast comienza a imponer su programa económico revela una agenda ideológica, copia y calco de las otras derechas extremas a nivel global, que buscan reducir el espacio de decisión de la política y blindar determinados intereses económicos frente a cualquier disputa futura. Por eso, más que un simple debate técnico sobre crecimiento o inversión, lo que hoy está en juego es el lugar que ocupará la democracia frente al poder económico. Y, según lo que se advierte en la prensa, el próximo botín serán las pocas empresas públicas que lograron sobrevivir a la dictadura, empezando por Codelco, hoy en la mira de los sospechosos de siempre.
