La situación de los trabajadores y trabajadoras en Chile, así como las posibilidades de fortalecimiento de las organizaciones sindicales en nuestro país están vinculadas a múltiples procesos y factores, entre ellas, a las orientaciones y políticas laborales y sindicales que impulsará el gobierno encabezado por Gabriel Boric. Al mirar el programa con el que ganó las elecciones se observa que la reactivación económica y de los empleos, el apoyo a Mipymes y cooperativas, el trabajo decente, el aumento del salario mínimo y la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de relaciones laborales ocupan un lugar importante.
Se entiende que estas preocupaciones son parte de un esfuerzo más amplio de transformaciones que incluyen propuestas sobre salud, educación, política medioambiental y, ciertamente, seguridad social. Del mismo modo, se vinculan a una mirada que reconoce la perspectiva feminista y descentralizadora como ejes transversales de la acción gubernamental.
Las primeras semanas han reafirmado este horizonte, subrayando la idea de avanzar “paso a paso”, de manera gradual, tal como se había sostenido en el programa de gobierno. En tal escenario, ¿Qué iniciativas serían dable esperar del Gobierno en materia laboral? De acuerdo con lo indicado por las nuevas autoridades la recuperación de la economía es un aspecto central para este año, lo que se asocia a la promoción de empleos formales con particular atención en sectores vulnerables como sucede con mujeres y jóvenes.
Asimismo, se apunta a la reducción de la jornada laboral, al incremento del salario mínimo y a delinear cambios en materia de negociación colectiva, apuntando a la negociación multinivel. Al respecto, el gobierno y en particular la ministra del Trabajo ha llevado a cabo conversaciones con diferentes actores en la perspectiva de dar viabilidad a las correspondientes tramitaciones en el Congreso.
En cuanto a las iniciativas vinculadas a sindicalización, negociación colectiva y huelgas aparecen en el quehacer del gobierno, pero probablemente se terminarán de definir después del plebiscito de salida donde se debe aprobar o rechazar la nueva Constitución Política.
Este camino que se ha trazado el Ejecutivo parece lógico dado los múltiples y complejos desafíos que enfrenta, aunque son definiciones que no han estado exentas de críticas. El plan que acaba de anunciar el gobierno “Chile apoya: plan de recuperación inclusiva” y el último debate sobre el retiro de fondos previsionales muestran precisamente el esfuerzo de las autoridades por establecer un itinerario político y las dificultades que existen para concretar tal propósito.
Además, otros elementos juegan en las decisiones que se adoptan. Por una parte, si bien el presidente asumió con un importante apoyo ciudadano existen potenciales focos de desestabilización política y económica que seguramente son evaluados en La Moneda; por otra, la actual composición del Parlamento no es mayoritariamente oficialista, lo que hace prever un arduo debate legislativo.
Con todo, se han generado muchas expectativas en la ciudadanía y también en el mundo sindical respecto de lo que puede hacer el nuevo gobierno. La conformación del gabinete muestra un giro evidente respecto de la administración de Sebastián Piñera, lo que se expresa en la presencia de autoridades que tienen una disposición mucho más favorable al actor sindical.
Será necesario observar cómo estas orientaciones y expectativas cristalizan o se ajustan en virtud de la aceptación o cuestionamientos que tengan las decisiones del Gobierno, la acción de grupos de presión, el surgimiento de nuevas urgencias o las dinámicas del sindicalismo que también se despliega en esta etapa histórica por la que atraviesa el país.
Sociólogo y Doctor en Sociología / Investigador adjunto del Programa de Estudios Psicosociales del Trabajo (PEPET) de la Universidad Diego Portales / Investigador Postdoctoral Proyecto Fondecyt Nº3200904.
