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El ingreso por paso no habilitado a un callejón sin salida. Por Claudio Jiménez Rojas

Gritos de auxilio, en plena oscuridad, en medio del desierto, eso es uno de los recuerdos más horrorosos que persiste en los padres e hijos de una familia venezolana que logró cruzar a Chile por paso fronterizo no habilitado. Ese grito sería la señal de inicio de una larga serie de imposibles situaciones que les tocaría enfrentar.

Cerca de dos tercios de las personas extranjeras que ingresan al país deciden instalarse en la Región Metropolitana creyendo en un mejor porvenir, sin dimensionar el callejón sin salida al que llegarían debido al cruce por paso no habilitado. Son Estación Central y Santiago Centro las comunas que probablemente más agrupen personas en esta condición, es en estas comunas donde a diario se identifica un sinfín de imposibles situaciones.

Miremos hechos reales y concretos al respecto: Con relación al acceso a la salud, existe la posibilidad de inscribirse en un CESFAM por un año y luego prorrogar seis meses más directamente en las oficinas de FONASA, sin embargo, para muchas personas que ingresaron por paso fronterizo no habilitado, que ya llevan más de dieciocho meses en Chile, se les ha negado la cobertura de salud. Es decir, luego de este año y medio los tratamientos médicos de una persona que ingresó de manera clandestina podrían quedar inconclusos. Todo esto, sin considerar el sinfín de exámenes que no se cubren y deben realizarse de manera particular, o sin contemplar aquellos casos donde, por la falta de criterio o de un sencillo papel, se ha seguido negando la atención.

Respecto a educación, ya hace años tenemos el identificador provisorio escolar (IPE) que ha permitido el acceso a la escuela, pero no necesariamente el goce pleno del derecho a la educación. La gestión de la diversidad, el curriculum con enfoque intercultural o el otorgamiento justo de subvenciones (porque no siempre se considera la condición socioeconómica del migrante), escasea en nuestras instituciones educativas. La matrícula migrante, en relación con la estructura del sistema educativo, pareciera ser omitida. Ni hablar de la falta de cobertura en un importante número de comunas del país, donde existen niveles en los cuales no hay cupos, principalmente en el ciclo más importante: el preescolar. O del desfase educativo en el que llegan muchos niños latinoamericanos que han estado desescolarizados por años. O de la brecha idiomática con la que dificultosamente avanzan muchos otros. O de la difícil decisión entre trabajar y estudiar, para sacrificar lo segundo y que luego hablemos de la lamentable “deserción escolar” y no de la injusta expulsión y discriminación sistemática que genera nuestro modelo educativo.

Respecto a la vivienda la situación se va tornando cada vez más hostil. Ha sido evidente el aumento inédito de campamentos en el país, principalmente poblado por familias de origen no nacional. Y en muchos casos, cuando no es el campamento, es el ruco o es la carpa en una plaza, vereda o en el bandejón central de la Alameda; una expo que no hace más que enrostrarnos nuestra injusticia; vitrina que va naturalizando la violación permanente a la dignidad humana. Este no es un asunto a resolver con sistemas ordenados con viviendas provisorias para luego acceder a subsidios, como muchas veces mal se ha informado. Es una situación más compleja aún, más profunda y difícil de resolver, pues sin documentos no puedes acceder a beneficio alguno, como un subsidio, pues todo depende de algo que muchos chilenos no desean: la regularización de la situación administrativa de las familias migrantes.

Regularizar, es entregar la posibilidad de trabajo, es dar la oportunidad de salir adelante de manera independiente, porque la salida a esta crisis no se trata ni de asistencialidad ni de subsidios. La regularización de la situación administrativa es la condición que permitiría un mayor y mejor acceso al trabajo, factor clave de promoción social.

En relación a lo anterior, lo laboral, la situación en nuestro país es más ambigua y compleja aún: se asume el derecho al trabajo (porque por derecho internacional no se puede negar), pero no se otorga el permiso para hacerlo. Por ende, ¿qué alternativa queda?: El trabajo informal, generando que el comercio ambulante sea la alternativa posible y así éste vaya mermando la convivencia en el espacio público, atochando las calles, disputando territorios que existen para todo ciudadano. Así se va permitiendo una dinámica que no sólo atenta contra nuestras relaciones sociales, sino que somete al migrante a mafias de todo tipo, desde el ilegal cobro por el uso de un par de metros cuadrados de verada, hasta el peligroso trato de aquellos que manejan el comercio sexual.

El migrante que ingresó por paso no habilitado queda atrapado en un callejón sin salida en el cual un simple papel le puede imposibilitar la obtención de un certificado de residencia, una inscripción en un consultorio (seas niño, embarazada o enfermo crónico) o negar la regularización de un menor de edad. Aquellos que merecen plena protección aquí y en cualquier parte del planeta, muchas veces padecen de las injusticias y vulneraciones de un sistema mal diseñado por parte de los adultos.

Un sistema injusto en materia migratoria, estructuralmente excluyente contra el otro distinto, se conjuga con diversas desigualdades e incoherencias asociadas a un territorio determinado. Por ejemplo, Estación Central posee el componente que otorgan los mega edificios que promovieron el copamiento de todos los espacios públicos posibles, además de una nueva precarización de la vida. Cuadras y cuadras atestadas de edificios sin plazas o parques que permitan una mejor calidad de vida, un encuentro; una mejor convivencia. Factor, este último, que favorecería la asociatividad y la posibilidad de echar mano a la agencia de los miles y miles de migrantes que podrían tener una importante fuerza si permitiésemos su organización, participación y representación en las distintas comunidades de nuestras ciudades.

Y así suma y sigue, así hay niños migrantes que ingresaron por paso no habilitado durmiendo en la calle, en albergues, trabajando en vez de estudiando, intercambiando dulces por monedas, en fin, padeciendo de todas las injusticias posibles a temprana edad. No fue suficiente con escuchar los gritos de auxilio en el desierto, había más por soportar en un país que no ha ofrecido mucho más que una amenaza de expulsión o, ahora último, una reconducción no concretada porque no fueron recibidos en la frontera del país vecino cuando nuestros compatriotas los quisieron “devolver en caliente”. Por último, saliendo de la mera constatación de la realidad, es necesario explicitar propuestas, posibles soluciones o la apertura a diseñar alternativas que ayuden a dignificar la vida de nuestros hermanos migrantes.

Corresponde promover la regularización de los menores de edad y sus familias, y así garantizar una mayor protección. Una matrícula en una escuela, podría ser perfectamente un proceso que permita que ese niño esté en una situación migratoria regular, por ejemplo. También es necesario abordar situaciones según la especificidad compleja del caso, no podemos tener personas postradas sin documentos, luego de accidentarse en la informalidad de un trabajo. No podemos tener embarazadas a las que se les niega la atención porque hace falta un documento. No podemos permitir que se actúe según la discrecionalidad o criterio de un funcionario público. Existen casos, no muchos, pero sí muy graves y urgentes de atender, a los cuales debiese acogerse su necesaria regularización de su situación migratoria.

En relación a lo anterior, es necesario anticiparse a la falta de pasaporte que abunda en los migrantes que han ingresado últimamente, es un documento que cuando sí existe, en muchos casos está vencido. Se generan costos altos para volver a tramitarlo, como también extiende la espera para avanzar en la regularización de un menor de edad, o la extenderá en el caso de que se implemente una regularización migratoria extraordinaria para aquellos que están en situación irregular y/o ingresaron por paso no habilitado. Es un problema que existe y podría afectar negativamente próximos procesos, pero es un problema que hoy, a diferencia de lo que pueda ocurrir después, es más fácil de resolver.

Corresponde ampliar y crear espacios públicos donde las inmobiliarias (y otros) abusaron con el fin de recaudar más dinero. Es necesaria la instalación de más plazas y parques entre los mega edificios que hacen más ardua la tarea de la inclusión, la convivencia y la cohesión social. O en aquellos territorios excluidos donde la densidad demográfica aumento debido a la pobreza y la migración, pues no ha sido sólo en estos “guetos verticales”. Si hace falta, se tendrá que transformar casas en plazas, pero debemos hacernos cargo del grave problema generado por autoridades anteriores. Corresponde avanzar en la formación de oficios y en el acceso al trabajo del migrante que ingresó por paso no habilitado, pues sólo permite un mayor desarrollo del país el permitir que puedan trabajar, y les entrega a esa persona la oportunidad que está esperando. Es necesario dar visas por medio del acceso al trabajo, se puede regular, se puede controlar, y se da pie a su movilidad social.

Es necesario catastrar a la población migrante, volver a censar territorios que han aumentado su densidad debido a la migración, debemos caracterizar y así dar soluciones más precisas a futuro. Es necesario lograr sinergia entre el Estado, la sociedad civil, la academia y los gobiernos locales para llegar a todos los espacios donde haga falta.

Que el ingreso a Chile sea más que ese grito de auxilio en el desierto o esa amenaza de expulsión para aquel migrante que ingresó por paso no habilitado. Es necesario por el bien de ellos y de nuestra sociedad de acogida, porque necesitamos una mejor convivencia. Porque somos capaces de hacerlo mejor.

Claudio Jiménez Rojas
Máster en Migraciones Internacionales
Encargado de la Oficina de Migrantes de Estación Central

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