NO TODO SIRVE
Quien fuera alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ha sido acusado de delitos pero que, según su defensa, tienen una debilidad legal que permite denominarla como un lawfare, que es el mal uso de la legalidad con motivos diversos, entre otros políticos. En la diplomacia el Ministerio de Relaciones de Chile debe enfrentar las prácticas de Estados importantes en los que se utiliza o promueve el lawfare. En efecto, cuando esta tiene ribetes internacionales emerge como una estrategia multidimensional que combina judicialización extraterritorial, securitización del discurso (narcotráfico, terrorismo y corrupción), en el caso de algunos Estados uso excepcional del poder ejecutivo, mecanismos de coerción económica, doble rasero de la ley y violación flagrante al derecho nacional e internacional. Estas dimensiones actúan de manera articulada como una arquitectura de procesos de intervención destinados a deslegitimar gobiernos y liderazgos políticos, erosionar la soberanía estatal y eliminar o disciplinar proyectos políticos que se apartan de los lineamientos de una potencia, por ejemplo, de Estados Unidos en continuidad con prácticas ya desplegadas en América Latina en décadas anteriores, aunque con nuevos formatos. Frente a las obligaciones que emanan de la Carta de Naciones Unidas Chile no ha podido callar. En el caso de Venezuela y su presidente secuestrado, el “Corolario Trump de la Doctrina Monroe” (Donroe), vino a reforzar y multiplicar el lawfare ya existente en la región para avanzar contra los proyectos políticos populares contrarios al alineamiento automático y total con Washington, cuyo presidente ha señalado que el limite de sus actos es su moral. El reclamo del Presidente Gabriel Boric ha sido consecuente con el deber del Estado de promover el respeto de los derechos humanos y la soberanía.
LA CIA Y EL LAWFARE
La CIA, como agencia de inteligencia, participa indirectamente en el "lawfare" (guerra judicial) al recopilar información, influir en narrativas y apoyar operaciones encubiertas que utilizan el marco legal como arma política, desestabilizando gobiernos o líderes mediante acusaciones, investigaciones y procesos judiciales, a menudo en coordinación con medios y actores judiciales locales para lograr objetivos geopolíticos, como se ha visto en América Latina.
El Rol y métodos de la CIA en el Lawfare se presume por las propias informaciones de la age cia que ha colaborado decisivamente en las intervenciones norteamericans en el resto del mundo.
FORMACIÓN DE JUECES
Históricamente, la formación judicial y las reformas legales han sido gestionadas por instituciones civiles y diplomáticas, aunque en el pasado se han documentado vínculos indirectos o encubiertos. Desde luego la formación de jueces por parte de Estados Unidos se realiza principalmente a través de organismos públicos como el Instituto de Estudios Judiciales (JSI), el DOJ que capacita a jueces latinoamericanos en la transición hacia sistemas acusatorios y juicios orales. Desde 2012, este programa ha formado a cientos de magistrados de más de 12 países en temas como evidencia digital y redacción de sentencias. Es la USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que financia proyectos de reforma judicial, como el Proyecto PROJUST en México, para institucionalizar el Estado de derecho y mejorar la eficiencia del sistema penal. Aunque hoy los programas son públicos, existen precedentes que alimentan la percepción de la influencia de la CIA que utilizó organizaciones aparentemente civiles para canalizar fondos a institutos de formación política y legal y que fuera incluso denunciado por Donald Trump. Si bien la Oficina de Seguridad Pública (OPS), un programa de USAID, fue clausurado en los años 70, criticado por tener vínculos operativos con la CIA y por entrenar a fuerzas de seguridad en métodos que derivaron en abusos a los derechos humanos, su aplicación práctica se realizó desde entonces y su filosofía está presente en los programas de la USAID (https://web.facebook.com/watch?v=274243929966636&locale=cy_GB, denuncia como la CIA ya no forma militares en América Latina sino jueces.). Investigaciones históricas señalan que las intervenciones de la CIA para cambios de régimen en la región debilitaron históricamente el Estado de derecho y la independencia de las instituciones civiles, lo que ha sido demostrado en el caso del golpe militar en Chile en 1973.
LA CORRUPCIÓN JUDICIAL
En Chile hay varias investigaciones judiciales iniciadas a partir de una denuncia de corrupción contra el abogado Hermosilla, quien habría creado redes de influencia en el Poder Judicial que le permitió instalar jueces, los que a su vez habrían influido corruptamente en fallos judiciales favorables a sus clientes. ( https://www.ciperchile.cl/2024/08/16/caso-hermosilla-los-chats-los-pagos-y-las-confesiones-de-los-funcionarios-publicos-que-seran-formalizados-por-cohecho/). El modus operandis de la corrupción judicial chilena necesariamente debe investigarse con las actividades de la CIA, la que ha actuado como un catalizador y facilitador, usando su capacidad de inteligencia y operaciones para instrumentalizar el derecho y la justicia como herramientas de poder geopolítico. Para ello ha financiado a lideres regionales supuestamente democráticos como lo demuestran los papeles de la propia CIA dados a conocer los últimos años (https://www.cia.gov/readingroom/).
LA DENUNCIA INTERNACIONAL
Justificando en lawfare en la sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU del 5 de enero de 2026 el representante estadounidense, Michael Waltz, defendió la actuación militar de su país en Venezuela, calificándolo como una «operación policial» que buscaba hacer cumplir las leyes estadounidenses por las acusaciones por narcotráfico que pesan sobre Maduro “desde hace décadas”. A renglón seguido, Waltz definió al líder venezolano como un “narcoterrorista ilegítimo”, al tiempo que dejaba claro que las vastas riquezas energéticas venezolanas no podían quedar bajo el control de adversarios. Sin embargo, luego el propio gobierno retiró el cargo contra Maduro sobre el “Cartel de Los Soles”. El objetivo de EE.UU de apoderarse del petróleo venezolano es otra flagrante violación al derecho internacional, específicamente al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que garantiza el derecho de los pueblos a disfrutar y utilizar libremente sus riquezas y recursos naturales, el derecho a la autodeterminación del modelo político y económico y el derecho al desarrollo.
Súmese a ello las sanciones norteamericanas contra Venezuela, que constituyen el pilar económico del lawfare que se le aplica en la última década, funcionando como un mecanismo estructural de castigo colectivo, asfixia financiera y disciplinamiento político. Hasta enero de 2025, Venezuela contaba con 1026 sanciones unilaterales y otras medidas de coerción y castigo por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido. Bajo la administración Trump, el régimen sancionatorio alcanzó una escala sin precedentes, acumulando 1081 medidas coercitivas unilaterales en diciembre de 2025 e intensificándose mediante nuevas sanciones orientadas al sector petrolero, el comercio exterior, el transporte aéreo y la persecución de la migración venezolana. Todo esto en un contexto de escalada militar a partir del 2 de septiembre.
Este tipo de medidas noi son nuevas, ya lo había sufrido Chule en 1971 cuando el gobierno de Nixon ordenó bloqueos y sanciones contra el pais debido a las nacionalización del cobre. En Bolivia ,en 2019 tras el golpe de Estado, Arturo Murillo entonces Ministro de Gobierno, aseguró que uno de los hijos de ‘El Chapo Guzmán’, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, había estado en Bolivia. Aseguró que había cárteles de Brasil y de México en Bolivia. Sánchez Berzaín publicó nota de opinión titulada “La confrontación en Bolivia es Narcotráfico contra la Democracia”, reproducida por varios medios, como Diario las Américas. Ese mismo mes, salió nota de opinión en The Wall Street Journal titulada “Morales Made Bolivia a Narco State: How many Mexicans know the role that Evo has played in the coca business?”. Desde 2002, el embajador de EE.UU. en Bolivia, Manuel Rocha, sugirió que Evo Morales estaba vinculado al narcotráfico y al terrorismo.
Otro caso es el de México. En el contexto de las elecciones de 2024, el medio estadounidense ProPublica publicó un artículo que vinculaba al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el narcotráfico. Ese mismo día, InSight Crime difundió un reporte en la misma línea y, poco después, DW sugirió —sin pruebas fehacientes— que AMLO habría recibido dinero del narcotráfico. A estas publicaciones se sumó el 22 de febrero otra publicación del New York Times. Todas retomaban una investigación de 2006 de la DEA que especulaba sobre presuntos aportes del narcotráfico a la campaña electoral del entonces candidato mexicano. Ahora vuelve el tema del narcogobierno en México con supuestas menciones al cártel de Sinaloa y el supuesto vínculo con Venezuela en la sentencia contra el Presidente Nicolas Maduro. Por ejemplo, el medio mexicano Reforma en su portada del 6 de enero publicó “Salpica a México denuncia de Maduro”, omitiendo que, incluso si la sentencia fuese verídica, que los años que la sentencia considera, son del periodo del ex presidente Felipe Calderón.
LA MORAL
La diplomacia tosca, que no respeta el derecho internacional, y que se propone regirse por la moral de un líder, acusado de carecerla, es un problema serio para Estados como el chileno. Ello vuelve a la diplomacia más elemental, el intercambio, en lugar de enfocarse en la legalidad, habrá que buscar intereses comunes con el Estado en cuestión, como la seguridad, el comercio o la cooperación económica y seguir trabajando con otros Estados y organizaciones internacionales para aislar al Estado y promover el respeto al derecho internacional, sin el cual regirá la ley del más fuerte y la moral imperial.
