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El legítimo derecho al cuidado. Por Mario Vega

La semana recién pasada, la opinión pública fue testigo de los altisonantes llamados del Ministro de Educación, Raúl Figueroa para reiniciar las clases presenciales. Mientras, las cifras oficiales de contagios de Covid-19 alcanzaron los 7.768 casos confirmados el pasado domingo 06 de junio,[1] junto a ello, en la últimos días, se ha anunciado el retorno de nuevas comunas a cuarentena debido a la complejidad de la situación epidemiológica. Esta realidad, es por completo contradictoria y paradojal haciendo incomprensible la postura del gobierno en torno a la normalización de las actividades escolares.

Esta controversia no es nueva. Al respecto, la dirigenta del Colegio Médico, Izkia Siches ha señalado que: “El Presidente no tuvo más alternativa que ceder y decretar el cierre de las escuelas del país desde el 16 de marzo [de 2020]. Recientemente, el ministro de Salud ha afirmado públicamente haber estado en contra de esta medida, dando a entender que fue la presión de otras voces la que facilitó su ejecución”.[2] Tal determinación, ha resultado incómoda y ha motivado recurrentes asunto tensiones, pareciendo ser hoy en día, un asunto de principal interés por parte del Mineduc.     

      Por su parte, la renovada presión ejercida en esta línea se relaciona, probablemente, con razones de cálculo político pues, el próximo 28 de junio asumen nuevas autoridades elegidas en los pasados comicios, mayoritariamente de oposición, quienes en su pronta condición administradores de establecimientos escolares, plantearán sus matices frente a este reiterativo llamado. Ante tal panorama, Figueroa expuso la posibilidad de suspender el pago de la subvención, afirmando que: “Analizaremos más adelante si es necesario tomar alguna medida para que los sostenedores municipales cumplan a cabalidad con la obligación de llevar la educación de forma presencial”.[3] Ello provocó una reacción que no se hizo esperar, generándose un cuestionamiento compartido por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), el Colegio de Profesores y del Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Juan Santana (PS) quien indicó que su bancada analiza la posibilidad de una acusación constitucional en contra del secretario de Estado.[4]

      Por otra parte, la publicación de los resultados de la Evaluación Integral de Aprendizajes aplicada a inicios del presente año por parte de la Agencia de Calidad de la Educación, fue calificada por parte del ministro del ramo como un “Terremoto educativo” a pesar de la ausencia de mediciones anteriores que permitan constatar esta afirmación, la que además demostró la existencia brechas en los niveles de logro preexistentes, agudizadas por las dificultades de acceso a la conectividad experimentadas en diversos lugares del país.

Por otra parte, hasta ahora, no existen experiencias a nivel nacional que permitan evidenciar que la posibilidad de generar condiciones efectivas de seguridad sanitaria en las escuelas, que permitan desvincularlas del factor de reproducción (R)[5] existente en sus entornos. Paralelamente, diversos estudios han constatado la sobrecarga que la modalidad virtual ha representado para las y los educadores que no solo ha significado una radical modificación de sus estrategias didácticas y de evaluación[6], sino también una siempre difícil articulación entre las tareas profesionales y sus responsabilidades en el ámbito familiar, hecho acreditado por distintas investigaciones.[7] Entonces, ¿Qué explica la reticencia de los profesores hacia el retorno a la actividad presencial?

Claramente, su necesidad de resguardo en ante la eventualidad de nuevos brotes en las escuelas haría inviables, a poco andar, la presencialidad de las actividades escolares, aportando negativas cifras al balance global. Asimismo, es necesario reconocer que existen legítimas aprehensiones relacionadas con la necesidad de autocuidado, así como el de sus familias por parte de los y las docentes. Si bien durante la primera etapa del proceso, estos tuvieron acceso a la vacunación, sabido es que la inoculación no exime de la posibilidad de infección, así como ante la transmisión vectorial del virus en espacios de alta interacción social como los educativos. Este hecho, refuerza un concepto esencial en relación a cómo abordar este desafío, principalmente a partir de las definiciones que adopten las propias comunidades educativas, en función de elementos de juicio objetivos, puedan determinar la factibilidad y la gradualidad del retorno a las actividades lectivas.

No obstante ello, tal posibilidad se encuentra con un complejo panorama cuando la definición de la estrategia sanitaria experimenta oscilaciones cuyos efectos distan de ser inocuos. Ejemplo de ello fue lo ocurrido con el llamado “pase de movilidad” y las limitaciones que la autoridad tuvo que, forzosamente implementar, tras su reciente vigencia. En tal sentido, el plan de acción establecido por el Ministerio de Salud, debería derivar de un diálogo social más amplio que viabilice medidas de flexibilización a las restricciones de un modo gradual y otorgue señales a la ciudadanía que le permitan dimensionar con claridad los múltiples factores de riesgo a los que se expone. Este elemento, ha sido especialmente complejo durante la actual segunda oleada de la pandemia.  

Conocidos son los efectos sociales y emocionales que experimenta el conjunto de la población bajo condiciones de confinamiento, especialmente entre los niños, niñas y adolescentes, particularmente agudizados por las consecuencias económicas derivadas de la reducción de la actividad económica. Son precisamente tales circunstancias, las que hacen indispensable un mayor esfuerzo por parte del Estado en garantizar plenamente el acceso a herramientas tecnológicas que favorezcan el aprendizaje remoto. Medidas como un Ingreso Básico de Emergencia (IBE)[8] son indispensables para que niños, niñas y adolescentes puedan acceder a condiciones elementales de subsistencia en sus hogares. La promulgación del llamado IFE universal es un aporte, tardío, en esa dirección. 

Recogiendo expresiones características que la derecha radical enarbola en otras latitudes, el gobierno asume el discurso de las “mayores libertades” como promesa ante la eventualidad de mejores indicadores epidemiológicos. Frente a ello, ante los múltiples riesgos derivados de esta pandemia, la ciudadanía debería promover su legítimo derecho al cuidado.  


[1] https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/.

[2] VV.AA. (2021). Pandemia COVID-19 en Chile y el mundo. Santiago: Editorial Aún Creemos en los sueños, p. 29.

[3] https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/05/28/ministro-figueroa-pasa-del-ataque-a-la-amenaza-de-suspender-subvencion-para-obligar-a-los-alcaldes-a-abrir-colegios-desde-el-ps-advierten-con-acusacion-constitucional/.

[4]http://www.lanacion.cl/evaluan-acusacion-constitucional-contra-ministro-figueroa-por-chantaje-a-municipios/.

[5] https://www.dw.com/es/coronavirus-el-factor-r-y-los-cuatro-par%C3%A1metros-de-contagio/a-53212796.

[6] http://ciae.uchile.cl/index.php?page=view_noticias&langSite=es&id=2072.

[7] https://portal.ucm.cl/noticias/carga-laboral-la-pandemia-afecta-salud-los-profesores-sistema-escolar.

[8] https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-propone-avanzar-un-ingreso-basico-ayudar-la-poblacion-mas-vulnerable-superar.

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