Las aviesas intenciones de la derecha han quedado de manifiesto con la decisión del Presidente Boric de crear la Empresa Nacional del Litio, una entidad que se ocupe de la exploración y producción de un recurso que hoy se estima estratégico y puede producirle al país mayores ingresos todavía que los ofrecidos por la gran minería del cobre. Un ente estatal que asegurará el control del Estado de al menos el 51 por ciento de las actividades que exploten este recurso y, muy importante, se proponga llegar a exportar este mineral con valor agregado.
Es bueno señalar que todas las reservas de litio pertenecen al fisco y que éste podría disponer su extracción y comercialización sin recurrir a inversionistas privados. Sin embargo, el gobierno actual ha decidido invitar a quienes tengan interés en asociarse con el Estado para implementar estas faenas, oferta que ha sido bien acogida por las dos entidades privadas que actualmente explotan este mineral y cuyas concesiones van a caducar en algunos años más. Por lo que de todas maneras prefieren asociarse con el fisco antes que abandonar sus obras en entero beneficio de éste o de todos los chilenos, como suele decirse.
En su archiconocida voracidad, algunos empresarios nacionales y extranjeros no han mostrado conformidad con la iniciativa de La Moneda, advirtiendo que sería mucho mejor que Chile le entregara mayoritariamente a la “iniciativa privada” la explotación de un recurso que está destinado a arrojar ingentes utilidades, dado que es en nuestro país donde existen las mayores reservas del mundo y rápidamente podrían ponernos a la cabeza de la producción mundial. De hecho, el año pasado solo los impuestos que el Estado recaudó de la explotación de Soquimich y Albemarle superaron los recursos otorgados por Codelco al erario nacional, lo que es indicativo de la inmensa demanda mundial y el buen precio de lo que ahora se llama el “oro blanco”. Y puede indicarnos, también, las inmensas utilidades de estas dos empresas Impropiamente algunos sectores gremiales y políticos han acusado a Gabriel Boric de imitar las decisiones del ex presidente Allende cuando marcó un hito histórico al nacionalizar la principal empresa cuprífera del país. Decisión, por lo demás, que fuera acordada el 1971 por la unanimidad del Parlamento, en la que concurrieron también los votos de la propia derecha de entonces.
Muy por el contrario a lo que señalan estos referentes opositores, el extinto mandatario seguramente no habría invitado, como lo ha hecho ahora el presidente Boric, a los inversionistas privados a sumarse a los esfuerzos del Estado en este negocio. Porque no se trata realmente de una nacionalización sino, por el contrario, de una dadivosa oferta al mundo empresarial a participar de la explotación de un recurso que le pertenece al Estado. Lo que poco o nada debiera satisfacer a la izquierda por la triste experiencia que existe respecto de las empresas que fueron privatizadas por la Dictadura y los gobiernos que la sucedieron. Al grado que actualmente recursos tan fundamentales como el agua y la electricidad dependen de empresas de muy cuestionada gestión. Como lo son también las administradoras de pensiones, las de la salud, las concesionarias de carreteras y tantas otras que lucran groseramente de los servicios fundamentales, redituándole tan poco al país.
Cuando los gremios empresariales y sus representantes en el poder Legislativo se oponen tan tenazmente a una reforma tributaria que obligue a los que tienen tanto a elevar sus exiguos impuestos en beneficio de los pobres y de la clase media, realmente parecería muy insensato entregarle al usufructo privado nuevas concesiones mineras, forestales y otras cuando el Estado podría acometer estas actividades por sí mismo y recaudar recursos que puedan ir en favor de la superar la pobreza, alcanzar el empleo pleno y el financiamiento, por ejemplo, de los proyectos educacionales y habitacionales. Procurando, además, salarios y pensiones dignas.
Ninguna de las empresas privatizadas ha llegado a contribuirle tanto al país cuando se las compara con las que dependieron de la estatal Corfo, Codelco o las que administraron antiguamente los fondos previsionales de los trabajadores, cuyas pensiones a los jubilados son sustantivamente superiores a las entregan hoy las AFPs. En manos, como se sabe, de un puñado de propietarios extranjeros en el que se acepta como el negocio más rentable de las últimas décadas. Comparable solo a las utilidades de la banca privada.
Ya sabemos que es la enorme inequidad que existe en el país procura trastornos como la criminalidad y la violencia que asola a ciudades y barrios de todo el territorio. Cuando cualquier chileno puede comprobar la riqueza extrema en que algunos viven, así como percatarse de los millones de compatriotas que carecen de un salario digno y una dieta alimenticia adecuada. Lo que tiene como secuela, por ejemplo, que crezca aceleradamente el número de jóvenes que desertan de la educación, tentados por el narcotráfico que se enseñorea en las poblaciones de mayor precariedad.
De repite majaderamente que lo más peligroso es entregarle a la administración pública la gestión de las empresas estatales y la explotación de nuestros ricos recursos. Que hacer esto sería fomentar mayores niveles de corrupción en la política, cuando ya consta que ha sido el mundo empresarial el que más ha contribuido a sobornar a los altos y medios funcionarios del Estado, a coludirse para estafar a los consumidores, cuanto a procurarse la impunidad por todos sus atentados contra el interés nacional.
El crecimiento económico que señalan los poderosos como aliciente del bienestar social se comprueba totalmente falso si no se alcanza una justa distribución del ingreso. No se trata de ser estatista por capricho, sino asumir la certeza de que los que más se han favorecido de la explotación de nuestras materias primas son los que se demuestran incapaces de morigerar su desmedida voracidad.
En este sentido, nuestros gobernantes debieran insistir en su voluntad de mantener al litio como un recurso de todos los chilenos, al tiempo de procurar una Constitución y legislación que le restablezca al Estado autoridad para emprender y velar por un crecimiento económico que impida la escandalosa concentración de la riqueza.
Ante el fracaso evidente de las políticas neoliberales, lo que se hace propicio ahora es la recuperación del estado soberano respecto de sus recursos y dignidad. Algo en que debieran coincidir los gobiernos progresistas de nuestra Región si es que buscan evitar que en todo el Continente se multipliquen los estallidos sociales y enfrentemos el riesgo de la restauración por la fuerza de las nefastas dictaduras que nos postraron ante los intereses foráneos que continúan digitando nuestras decisiones políticas. En este sentido, es inquietante la hegemonía que recuperan aquellos partidos y movimientos en razón de su poderío económico y comunicacional y, como no decirlo, la debilidad y atomización de las izquierdas.
