Una lectura desde Chile sobre cómo transformar recursos naturales en capacidades productivas, conocimiento y posiciones menos dependientes, sin ignorar los límites ecológicos del desarrollo
En 2007, el economista surcoreano Ha-Joon Chang publicó Bad Samaritans. Su pregunta era sencilla sólo en apariencia: ¿cómo habían llegado a ser ricos los países ricos? Muchas de las economías que entonces recomendaban apertura, liberalización y una intervención estatal limitada habían recurrido durante su propio desarrollo a aranceles, subsidios, crédito dirigido, empresas públicas y políticas tecnológicas.
Cinco años antes, en Kicking Away the Ladder, Chang había utilizado una metáfora que terminaría identificando buena parte de su obra: algunos países que emplearon determinados instrumentos para desarrollarse parecían dispuestos, una vez alcanzada la prosperidad, a retirar la escalera para quienes venían detrás. Bad Samaritans llevó esa controversia a un público más amplio. Kicking Away the Ladder apareció efectivamente en 2002.
Casi veinte años después, volver a Chang interesa menos para confirmar su diagnóstico que para someterlo a lo ocurrido desde entonces. La política industrial regresó al centro de las estrategias de las grandes potencias, pero la evidencia reciente muestra también que proteger, subsidiar o dirigir crédito no garantiza desarrollo. La literatura contemporánea ha desplazado el debate desde la oposición abstracta entre Estado y mercado hacia el diseño, la implementación, la evaluación y las condiciones institucionales de la política industrial.
Chile ofrece un terreno particularmente fértil para esa revisión. Durante décadas, nuestra discusión económica se organizó alrededor de cuánto crecer, invertir, exportar y redistribuir. Menos persistente ha sido otra pregunta: qué debe aprender a hacer una economía para que su estructura productiva cambie con el tiempo.
El cobre, la fruta, la celulosa, el vino y la salmonicultura sostuvieron una exitosa inserción internacional. Hoy el cobre conserva su centralidad, el litio adquirió importancia estratégica y la transición energética vuelve a situar nuestros recursos naturales en el centro de la economía mundial. La cuestión ya no consiste sólo en cuánto podemos extraer o exportar, sino en qué hemos aprendido durante esas décadas, quién posee ese conocimiento y cuánto de él puede sobrevivir al recurso que permitió adquirirlo.
Lo que Chang vio
La tesis de Chang reunía afirmaciones distintas. Una era histórica: las economías hoy desarrolladas utilizaron políticas difíciles de conciliar con una interpretación estricta del laissez-faire. Otra era causal: esas intervenciones contribuyeron a su transformación. La tercera pertenecía a la economía política internacional: una vez alcanzado el desarrollo, esos países promovieron reglas que restringieron el espacio disponible para que las economías tardías recurrieran a instrumentos semejantes.
La primera ha resistido mejor que las otras dos. Estados Unidos, Alemania, Japón y varias economías asiáticas utilizaron protección, subsidios, crédito dirigido y políticas tecnológicas. Pero numerosos países hicieron algo parecido sin obtener resultados equivalentes. Que una política aparezca entre quienes alcanzaron el desarrollo no demuestra que lo haya causado. Historia, causalidad e intencionalidad no son lo mismo.
La experiencia asiática refuerza esa cautela. Corea del Sur combinó crédito dirigido, protección selectiva y disciplina exportadora; Taiwán articuló institutos tecnológicos y financiamiento público con una estructura empresarial más descentralizada; Singapur utilizó inversión extranjera dentro de una estrategia estatal de formación e infraestructura; Hong Kong siguió una trayectoria diferente. La investigación contemporánea ha vuelto sobre estas experiencias precisamente para preguntarse menos por la existencia de un instrumento universal que por las instituciones capaces de acumular conocimiento, coordinar políticas, experimentar y aprender.
La regularidad interesante se encuentra en otro lugar. Corea, Taiwán y Singapur acumularon conocimientos tecnológicos, empresariales y exportadores que les permitieron realizar actividades antes fuera de su alcance. No se limitaron a producir más: modificaron aquello que sus economías podían hacer.
Éste es quizás el punto desde el cual conviene releer a Chang. Una política productiva importa menos por el instrumento que utiliza que por lo que deja cuando desaparece. Un subsidio, un arancel, una compra pública o un crédito preferente adquieren interés para el desarrollo cuando contribuyen a modificar lo que empresas, trabajadores e instituciones pueden hacer después.
La intervención tampoco se justifica porque exista aprendizaje. Debe identificarse alguna divergencia entre retorno privado y social y una posibilidad razonable de corregirla. La idea de self-discovery de Hausmann y Rodrik formalizó precisamente el problema de que el descubrimiento empresarial puede producir beneficios imitables que el pionero no logra apropiarse íntegramente. El Estado enfrenta, además, sus propias fallas de información, incentivos y captura. La pregunta contemporánea no es simplemente si intervenir, sino dónde, para resolver qué restricción, mediante qué instrumento y durante cuánto tiempo.
El cobre después del cobre
Esta perspectiva cambia la forma de interpretar la especialización chilena. Una mina es un activo; una empresa, una organización productiva; su propiedad determina derechos y retornos. Ninguna de esas dimensiones equivale por sí sola a una capacidad. Diseñar sistemas de automatización minera aplicables posteriormente a energía, logística o industria pertenece a otro orden: modifica aquello que trabajadores, empresas e instituciones pueden hacer después.
Una economía puede transferir la propiedad de un activo y conservar capacidades; también puede conservar su propiedad sin haber desarrollado las capacidades tecnológicas que utiliza.
La pregunta no es sólo quién posee el cobre, sino qué aprende la estructura productiva que lo extrae, procesa, regula y comercializa. Los países no aprenden literalmente; aprenden personas y organizaciones. Cuando esos conocimientos pueden transmitirse, reproducirse y combinarse comienza a tener sentido hablar de capacidades de una economía. La literatura sobre capacidades tecnológicas lleva décadas insistiendo precisamente en la interacción entre incentivos, instituciones y aprendizaje productivo.
La distinción importa en una actividad globalizada. Una faena chilena puede utilizar maquinaria alemana, software estadounidense, ingeniería australiana y propiedad intelectual perteneciente a una multinacional. Existe actividad tecnológicamente sofisticada en Chile, pero no por ello una capacidad doméstica equivalente. Importa quién desarrolla el conocimiento, quién lo incorpora y cuánto puede reproducirse desde Chile.
Décadas operando algunos de los mayores yacimientos de cobre del mundo han acumulado conocimientos en ingeniería, procesamiento de minerales, mantenimiento, automatización, gestión hídrica, seguridad, logística, energía y tecnologías ambientales. Existe evidencia específica sobre proveedores chilenos intensivos en conocimiento y, a la vez, sobre los obstáculos que enfrentan para experimentar, innovar y relacionarse tecnológicamente con las grandes compañías mineras. La cuestión es cuáles de esos conocimientos han logrado independizarse suficientemente de la actividad que los originó.
Esto permite reconsiderar también qué significa diversificar. No exige necesariamente alejarse de los recursos naturales ni avanzar mecánicamente aguas abajo. Una fundición adicional puede dejar menos conocimiento transferible que una empresa de sensores, software, automatización o gestión hídrica. Importa menos la distancia física respecto del mineral que la posibilidad de reutilizar lo aprendido.
Los encadenamientos tampoco deben confundirse con capacidades. El estudio de COCHILCO publicado en 2026 confirma la importancia de medir los efectos de la minería más allá de la extracción y muestra la magnitud de sus vínculos con el resto de la economía. Pero comprar bienes y servicios nacionales no demuestra, por sí mismo, aprendizaje tecnológico. El criterio más exigente consiste en preguntar qué conocimientos quedan, quién puede reproducirlos y hacia qué nuevas actividades pueden desplazarse.
Cuando un problema produce aprendizaje
La minería permite formular una hipótesis más amplia. Determinadas ventajas, restricciones y problemas pueden inducir aprendizaje cuando existen organizaciones capaces de experimentar, capital humano, infraestructura científica, demanda persistente y mecanismos para difundir conocimiento.
Chile ofrece varios ejemplos. La escasez hídrica del norte crea demanda por desalación, reutilización, monitoreo y eficiencia; los cielos del desierto sostienen infraestructura científica vinculada con instrumentación, óptica, electrónica y procesamiento de datos; la exposición sísmica ha impulsado conocimientos de ingeniería estructural, regulación y técnicas constructivas.
El desierto, los terremotos o los yacimientos minerales no son capacidades. Se vuelven económicamente relevantes cuando los conocimientos adquiridos para enfrentar los problemas que plantean pueden reproducirse y utilizarse en otros ámbitos.
La salmonicultura muestra el reverso. Su expansión produjo conocimientos en genética, nutrición, diagnóstico, sensores y logística, pero también crisis sanitarias y ambientales que obligaron a aprender sobre regulación y monitoreo. No corresponde contabilizar las capacidades adquiridas para corregir esos daños ignorando los costos que hicieron necesario ese aprendizaje.
La misma cautela vale para el agua. Una desaladora puede resolver una restricción productiva y aumentar simultáneamente el consumo energético, producir impactos costeros o facilitar la expansión de actividades intensivas en agua. Resolver tecnológicamente una restricción no equivale a resolverla ecológicamente.
Aquí la discusión sobre desarrollo adquiere una dimensión que en 2007 tenía mucho menor centralidad. No basta determinar qué capacidades pueden construirse ni cuáles pueden alcanzar escala. Hay que preguntarse cuáles merece la pena escalar y quién soporta los costos de hacerlo. La evidencia sobre límites planetarios refuerza la imposibilidad de tratar la base biofísica como un elemento externo al análisis económico.
Argentina y la prueba de las redes
La expansión minera argentina ofrece una oportunidad concreta para comprobar si algunos conocimientos adquiridos alrededor de la minería chilena se han convertido efectivamente en capacidades transferibles.
Una solución de automatización desarrollada en Chile y utilizada posteriormente en San Juan, Perú o Australia demuestra algo distinto de una exportación adicional: indica que un conocimiento inicialmente vinculado con una faena específica consiguió desempeñar una función nueva en otro mercado. Lo mismo ocurriría con una tecnología hídrica desarrollada en Antofagasta que encontrara demanda en otros territorios áridos.
Pero vender más no demuestra aprendizaje. Si la internacionalización desarrolla software, demanda empleo especializado en Chile, incorpora proveedores, financia investigación o facilita el ingreso posterior a otros mercados, deja capacidades que exceden el contrato inicial. Si consiste principalmente en comercializar equipos fabricados en terceros países, puede ser rentable sin modificar significativamente lo que la economía chilena sabe hacer.
Entre capacidad y posición existe, además, una relación mediada: las capacidades habilitan funciones; las funciones hacen posibles conexiones; y sólo algunas conexiones modifican la posición de quien las establece.
Por eso exportar más tampoco equivale necesariamente a ganar poder. Una economía puede aumentar sus ventas mientras profundiza su dependencia de un comprador, una tecnología, una fuente de financiamiento o una plataforma logística. La literatura sobre interdependencia en redes ha mostrado precisamente que su topología importa: determinados nodos pueden adquirir ventajas desproporcionadas cuando concentran conexiones difíciles de sustituir.
La minería argentina adquiere desde esta perspectiva un significado diferente. Puede convertirse en un mercado adyacente donde empresas chilenas prueben, adapten e internacionalicen conocimientos; pero también puede consolidar una estructura regional donde Sudamérica concentre extracción y costos territoriales mientras tecnologías, propiedad intelectual, financiamiento y segmentos de mayor valor permanecen fuera de ella.
Chile puede ocupar un lugar central en determinados flujos de cobre o litio y disponer, al mismo tiempo, de escasa influencia sobre quienes controlan tecnologías, financiamiento o demanda. Relevancia, centralidad y poder no son equivalentes.
Un Estado que también aprende
Nada de esto conduce necesariamente a recuperar el Estado desarrollista del siglo XX. El desafío es más complejo. El Estado debe identificar restricciones, organizar complementariedades, construir bienes públicos, favorecer experimentación y retirar apoyo cuando el aprendizaje esperado no aparece. Según el problema, deberá producir, financiar, coordinar, comprar, regular o establecer estándares.
La cuestión no es cuánto Estado, sino qué función debe desempeñar y qué capacidad necesita para hacerlo.
La literatura de 2026 refuerza especialmente este desplazamiento. El nuevo manual de política industrial de la OCDE organiza el problema alrededor de estrategia, coordinación, implementación y evaluación, mientras el trabajo de Cherif, Hasanov y Xie sitúa las instituciones capaces de aprender y adaptarse en el centro de la política industrial.
Esto exige reconocer también los errores públicos. El Estado puede financiar inversiones que habrían ocurrido de todas maneras, proteger empresas incapaces de aprender, seleccionar tecnologías equivocadas o convertir apoyos transitorios en rentas permanentes. Una política productiva necesita adicionalidad, evaluación, consideración de costos de oportunidad y mecanismos de salida.
Pero el aprendizaje estatal tiene otra dimensión. No todas las restricciones deben removerse. Algunas protegen bienes comunes, funciones ecosistémicas o territorios cuya degradación puede resultar irreversible.
Una actividad promovida décadas atrás bajo condiciones diferentes de conocimiento y regulación no adquiere por ello un derecho permanente a conservar las mismas reglas. Cuando conocemos mejor sus efectos sobre agua, biodiversidad o territorio, la experiencia acumulada aumenta, y no disminuye, la responsabilidad regulatoria del Estado.
Una política de desarrollo incapaz de revisar aquello que contribuyó a crear termina confundiendo aprendizaje con inercia. El Estado del siglo XXI debe remover ciertas restricciones productivas y establecer otras capaces de orientar la innovación dentro de límites social y ecológicamente aceptables.
La nueva escalera
La transición energética vuelve especialmente visible esta tensión. La descarbonización de las economías industrializadas requiere cobre, litio y otros minerales provenientes de territorios específicos. Surge una paradoja: reducir emisiones en unas economías puede aumentar la presión extractiva en otras, mientras tecnologías, propiedad intelectual, financiamiento y segmentos de mayor valor permanecen concentrados fuera de los países productores.
La escalera de Chang adquiere entonces otro significado. Ya no se trata sólo de quién dispone de instrumentos para industrializarse, sino de quién posee las capacidades para controlar tecnologías, desempeñar funciones difíciles de sustituir y capturar una parte mayor del aprendizaje asociado a la transformación productiva.
Dos países pueden disponer formalmente de instrumentos semejantes y tener posibilidades muy distintas para utilizarlos. Universidades, laboratorios, empresas tecnológicas, mercados financieros, capacidad fiscal e instituciones administrativas condicionan lo que realmente puede hacerse. Igual espacio formal de política no implica igual espacio efectivo de desarrollo.
La discusión internacional de 2026 refuerza este punto. UNIDO sitúa el futuro de la industrialización en la intersección entre transición energética, inteligencia artificial, reconfiguración de cadenas globales, capacidades tecnológicas y sostenibilidad; advierte además que las trayectorias industriales de las regiones en desarrollo continúan divergiendo.
Vista desde Chile, la vigencia de Chang reside menos en reivindicar los instrumentos del pasado que en recuperar una pregunta que nunca debimos abandonar: cómo transforma una sociedad aquello que tiene en aquello que aprende a hacer.
Los recursos naturales pueden financiar inversión, generar demanda tecnológica y plantear problemas cuya resolución produzca conocimiento. También pueden consolidar estructuras extractivas cuyos principales aprendizajes, tecnologías y rentas permanezcan fuera del país. La diferencia reside en las capacidades que quedan y en las actividades hacia las cuales pueden transferirse.
Esto modifica el significado de diversificación. No basta agregar productos a la canasta exportadora. Una economía se transforma cuando el conocimiento adquirido en una actividad permite desempeñar funciones nuevas en otras, esas funciones amplían las conexiones disponibles y las nuevas posiciones reducen dependencias sin trasladar sistemáticamente sus costos hacia trabajadores, territorios, ecosistemas o generaciones futuras.
Casi veinte años después, la escalera sigue siendo una metáfora poderosa, pero ya no basta. Importa saber qué capacidades construimos mientras ascendemos, qué dependencias dejamos atrás, cuáles creamos y qué costos imponemos durante el recorrido.
Para Chile, desarrollarse no significa simplemente producir más ni exportar cosas diferentes. Significa conseguir que una parte creciente del conocimiento acumulado al resolver los problemas de hoy amplíe aquello que podremos hacer mañana.
El desarrollo comienza cuando los recursos que una sociedad posee dejan de determinar los límites de aquello que esa sociedad sabe hacer.
Jessica Cuadros Ibáñez
Economista
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