Todos los indicadores con los que el presidente Gabriel Boric se presentará el 11 de marzo de 2026, en el acto de entrega de la banda presidencial, serán mejores que aquellos que recibió el 11 de marzo de 2022. En materia económica y social, seguridad, empleo, relaciones internacionales, control de la migración, inflación, crecimiento, estabilidad política, construcción de viviendas, normalización escolar, listas de espera en salud e infraestructura —tanto en transporte como en obras públicas—, el balance objetivo será favorable. Es un gobierno que puede mostrar una gran obra realizada, aun reconociendo las contradicciones, errores y dificultades que atravesaron su gestión.
Sin embargo, hay un vacío que resulta atronador. Durante estos años, el gobierno no logró gestionar una agenda propia que instalara su proyecto y su programa en la opinión pública. Más aún, nunca contó con un encuadre estratégico capaz de dar conducción política al conjunto de transformaciones y políticas públicas que comenzó a implementar. Esta carencia no tiene que ver con un déficit de vocería —ampliamente reconocida como sólida y profesional—, sino con la ausencia de una comunicación estratégica capaz de articular sentido, horizonte y prioridades frente a una sociedad crecientemente mediatizada.
Por eso, desde el 4 de septiembre de 2022, la agenda gubernamental pasó a ser, en lo sustantivo, la misma que le pautó la derecha a través de sus medios afines. No hubo un contrarrelato consistente ni una resistencia estratégica frente a los marcos que allí se instalaron. El gobierno optó por asumir como propia una agenda ajena, sin matices ni jerarquización alternativa de prioridades, renunciando de facto a disputar el sentido del debate público. Frente a la narrativa simple y eficaz construida por la derecha —reducida a dos ejes, orden y crecimiento—, el oficialismo terminó replegándose, reaccionando más que conduciendo.
Resulta extraño, además, que no se asumieran las recomendaciones de la comisión asesora contra la desinformación, cuyo aporte técnico quedó reducido a un informe burocrático sin canalización. En un contexto donde la disputa política se juega crecientemente en el terreno de la información y la manipulación del sentido, desatender ese insumo estratégico aparece como una omisión difícil de justificar.
A ello se suma un elemento estructural que suele omitirse: ningún medio que intentara contradecir esa agenda dominante contó con un apoyo sistemático por parte del gobierno. Quedaron librados a una competencia de nicho, a la reproducción de burbujas informativas que, aunque necesarias para la pluralidad, resultan claramente insuficientes para disputar hegemonía cultural y política. Sin ecosistema comunicacional, no hay relato que logre densidad social ni capacidad de interpelación mayoritaria.
Así, el problema no fue de resultados, sino de conducción. Un gobierno que renunció a disputar el campo del sentido común terminó validando, por omisión, una agenda que no era la suya. En política contemporánea no basta con hacer cosas buenas: hay que imponer los criterios con los que serán evaluadas. La derecha lo entendió; el progresismo no. Y ese error —más que cualquier desacierto administrativo— es el que puede terminar costando una década perdida en capacidad de transformación.
