La democracia se pone a prueba cuando alguien dice que no. Quizás por eso, lo ocurrido durante los últimos días en Huechuraba resulta más relevante que la discusión sobre un edificio: esta vez apareció con mayor claridad un contrapeso político frente a una administración que, hasta ahora, había encontrado un Concejo Municipal más bien cauteloso.
La controversia se origina en el proyecto impulsado por el alcalde Maximiliano Luksic para adquirir y habilitar el antiguo edificio de Consalud, ubicado en avenida Pedro Fontova. Se trata de una operación cuyo valor inicial alcanza los $18 mil millones y que podría financiarse mediante un leasing de hasta 18 años. Por lo tanto, lo que debía resolver el Concejo no era un asunto menor: se discutía una decisión capaz de comprometer recursos municipales durante varias administraciones.
Frente a una inversión de esa magnitud, resulta razonable preguntar si esta es la mejor alternativa, sí se evaluaron otras opciones, cuál será el costo final del financiamiento y qué efectos podría tener sobre los presupuestos futuros. Son preguntas mínimas cuando se administran recursos que pertenecen a toda la comuna.
Más aún en una comuna profundamente desigual. Detrás de los condominios, las oficinas y los centros comerciales existe otra Huechuraba, donde persisten situaciones de exclusión y pobreza que los promedios comunales suelen esconder. Hay familias y territorios que todavía enfrentan enormes dificultades para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Preguntar, entonces, por las prioridades, los costos y el destino de los recursos públicos no es obstaculizar el desarrollo: es fiscalizar.
El problema aparece cuando, tras el rechazo de algunos concejales, la administración deja de discutir únicamente los argumentos y comienza a instalar una lógica mucho más preocupante: quienes apoyan el proyecto estarían con el desarrollo de Huechuraba; quienes lo cuestionan, contra él.
Después de la votación, las redes sociales del alcalde no se limitaron a explicar las razones del proyecto. También individualizaron públicamente a quienes votaron en contra y presentaron su decisión como un rechazo al desarrollo de la comuna. La diferencia no es menor. Una autoridad posee una exposición pública y una capacidad de influencia considerablemente mayores que las de quienes tienen precisamente el deber de fiscalizarla. Más aún cuando se trata del hijo del hombre más rico del país.
Es ahí donde la discusión sobre el edificio comienza a transformarse en una discusión sobre el poder. Cuando se individualiza públicamente a quienes votan distinto, el debate corre el riesgo de abandonar los argumentos para concentrarse en las personas. Después aparecen las descalificaciones, las cuentas que amplifican el mensaje y esa sensación de ejército digital que convierte una diferencia política en una prueba de lealtad. No hace falta hablar de bots para advertir el problema. El método es suficiente: exponer al adversario, personalizar el desacuerdo y presentar la fiscalización como una traición al desarrollo de Huechuraba.
Ese precedente debería preocupar más allá de esta votación. Porque hoy puede tratarse de un edificio de $18 mil millones; mañana puede ser el presupuesto municipal, una licitación, un proyecto urbano o cualquier otra decisión relevante. Si cada vez que un concejal ejerce su autonomía debe enfrentar una exposición pública desde la propia autoridad que fiscaliza, el costo de decir que no comienza a aumentar. Y cuando disentir tiene un costo, también se debilita la capacidad de ejercer un verdadero contrapeso.
La democracia no se mide solamente por la capacidad de ganar elecciones o conseguir mayorías. También se mide por la forma en que quien ejerce el poder acepta los límites, la fiscalización y el desacuerdo. Maximiliano Luksic tiene todo el derecho a defender sus proyectos y cuestionar políticamente a quienes los rechazan. Lo que no corresponde es confundir el respaldo a su administración con el respaldo a Huechuraba.
Luksic no es Huechuraba, como tampoco quienes lo cuestionan son enemigos de la comuna. Cuando disentir comienza a tener un costo y fiscalizar se presenta como estar contra el desarrollo, el problema deja de ser un edificio y pasa a ser la forma en que se ejerce el poder: Quizás ese sea el verdadero método Luksic frente al cual Huechuraba debería mantenerse alerta.
