Hay una pregunta que la ciencia política contemporánea se reserva para las ocasiones en que ya ha decidido no responderla, momento en que la pregunta deja de ser pregunta y se convierte en el gesto de quien abre la boca para decir algo y pronuncia, en cambio, una categoría—, y esa pregunta es: ¿qué ocurre cuando el concepto que se levanta para describir un fenómeno político es, en sí mismo, parte de la operación que ese fenómeno despliega para legitimarse? La academia anglosajona. Tan diligente siempre en producir handbooks (género que academia consensual descriptiva y neutralidad analítica) sobre lo que aún no comprende, tan prolífica en indexar lo que aún no ha podido nombra, respondió a la ofensiva global de la derecha radical con la categoría «iliberalismo», y lo hizo con tal eficiencia que produjo simultáneamente un Oxford Handbook of Illiberalism (Laruelle, 2024) y un Routledge Handbook of Illiberalism (Sajó et al., 2021), como si la velocidad con que se canoniza lo indefinido fuera, ella misma, una forma de conocimiento. Dos handbooks. El mismo objeto y cien académicos. Ninguna toma de posición. El rigor como método de la evasión.
Marlene Laruelle, directora del Illiberalism Studies Program en George Washington University, cuyo nombre institucional ya contiene el oxímoron que su directora estudia— admitió el problema con una honestidad que sus discípulos no heredaron: el iliberalismo es una «clasificación difusa e inconsistente, una manera intuitiva de describir ideologías y prácticas que divergen del liberalismo sin ser enteramente identificables con el autoritarismo o la dictadura» (Laruelle, 2022, p. 303). Traducción para quienes no frecuentan el género del eufemismo académico: no sabemos qué es, pero tenemos un programa de estudios para investigarlo. Algunos autores han añadido que el concepto padece de «estiramiento conceptual y confusión terminológica» —lo cual es cierto, y lo cual tampoco pregunta por qué ese estiramiento resulta tan funcionalmente conveniente para quienes prefieren describir la marcha de la derecha radical sin tener que llamarla por su nombre, sin arriesgarse a que algún colega les señale en la próxima conferencia que tomaron partido.
Iliberales de la plaza
Llámese por su nombre. José Antonio Kast no es un «iliberal». Es el primer presidente de extrema derecha que Chile produce desde el retorno democrático, el primer mandatario que recupera el escudo nacional sobre la banda presidencial, detalle no utilizado desde Pinochet, ante el cual la Contraloría recibió una denuncia formal mientras los editorialistas debatían si era protocolar o simbólico, como si la diferencia importara algo cuando el símbolo es el protocolo, el líder de un partido que en su Manifiesto Republicano de 2021 propuso cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos y FLACSO, que llegó al poder prometiendo expulsar trescientas mil personas del territorio nacional, que ganó con el 58,16% de los votos en segunda vuelta usando como eje la «emergencia». Wendy Brown —quien en In the Ruins of Neoliberalism (2019) tuvo la descortesía académica de llamar al Frankenstein por su nombre— habría reconocido de inmediato el dispositivo: la libertad autoritaria que combina la desregulación del mercado con la securitización de la vida social, que promete simultáneamente menos Estado y más policía, que destruye la protección pública y la reemplaza con el muro, la zanja, el vidrio blindado del candidato que imita a Trump en Viña del Mar porque la afinidad simbólica es también doctrina política. Y sin embargo: «iliberal». El concepto que permite estudiar el fenómeno sin ensuciarse las manos con él.
La categoría no puede nombrar esto porque fue construida para no nombrarlo. Su función —y se trata de una función, no de una limitación accidental corregible con mayor financiamiento para investigación— es producir una zona gris comparativa que preserve la ecuanimidad del estudioso frente a un fenómeno que, precisamente, exige lo contrario de la ecuanimidad. Orbán en Hungría, Modi en India, Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, Kast en Chile: todos «iliberales», todos igualmente distantes del autoritarismo que la categoría se cuida de no atribuirles, todos pasibles de publicación en revistas indexadas con factor de impacto respetable, todos domesticados por la nomenclatura hasta volverse objetos de estudio en lugar de urgencias políticas. Lo que se pierde en esta operación —y lo que Chantal Mouffe, desde su crítica del consensualismo liberal, señaló con la lucidez que los handbooks no pueden comprar porque no es indexable— es exactamente la dimensión agonística del fenómeno: que la derecha de Kast no es una desviación del liberalismo sino su consecuencia, que el neoliberalismo chileno no fue interrumpido por el Partido Republicano sino prolongado y radicalizado en una de sus posibilidades más coherentes, y que llamar a eso «iliberalismo» es precisamente la operación de despolitización que Mouffe identificó como el mecanismo con que el liberalismo se defiende de sus propios hijos bastardos: los nombra con un prefijo, los clasifica en un handbook, y continúa.
Los científicos políticos que sostuvieron esta crítica con mayor consistencia son, naturalmente, los menos citados en los handbooks del iliberalismo, lo cual no es una paradoja sino la confirmación de la hipótesis. Las narrativas que vinculan la nueva derecha con el fascismo histórico son incompletas porque no registran cómo el neoliberalismo sembró las condiciones de su propia radicalización antidemocrática: la «libertad» de mercado que destruyó el Estado social produjo el electorado que vota a quienes prometen reemplazar los derechos sociales con orden, los servicios públicos con muros y la ciudadanía con identidad nacional. Los nuevos rostros son el Frankenstein de treinta años de Chicago Boys chilenos con doctorado en alguna universidad estadounidense que ahora estudian el «iliberalismo» desde el otro lado del mostrador, con la misma ecuanimidad con que sus colegas de economía analizaron las consecuencias de las políticas que diseñaron. La circularidad tiene cierta elegancia.
Roberto Gargarella —constitucionalista argentino cuya pertinencia para el análisis del caso chileno los politólogos del iliberalismo raramente citan porque no usa su categoría— ha insistido en que la pregunta por el tipo de régimen no puede separarse de la pregunta por la constitución material: un gobierno que asume sin Constitución legítima, que administra el Estado de derecho como déficit estructural, que gobierna mediante la excepcionalidad de los decretos en lugar de producir la legalidad que la excepcionalidad supondría transitoria, no puede clasificarse como «iliberal» sin perder la especificidad histórica exacta que hace que el caso importe. Chile llega a 2026 con la Constitución de Pinochet, reformada pero no refundada, conservada por los dos plebiscitos que la rechazaron en efecto aunque hubieran preferido reemplazarla, con un Estado que dos procesos constituyentes no lograron rediseñar, con un gobierno que encontró en ese vacío jurídico-institucional la condición de posibilidad de su lógica de emergencia.
Ese nombre, que no es «iliberalismo», que no es «populismo de derechas», que no figura en ningún índice de ninguna base de datos de acceso abierto, sería el primer acto de la crítica que el momento exige: no la descripción neutral del fenómeno, sino su interpelación.
Nombrar con precisión lo que ocurre es más riguroso que clasificarlo en una taxonomía (sujeto médium) de la cual nadie es responsable. Pero es también más incómodo, y la incomodidad, a diferencia del iliberalismo, no tiene todavía su propio manual de compendio (handbook)
Dr. Mauro Salazar J.
UFRO/Sapienza
