La historia de Chile está escrita con leyes, decretos y sentencias, con la sangre de los más débiles. Sangre que brota de su pueblo que pide: vivir con dignidad. Cada época le pone un nombre distinto al conflicto; la respuesta del poder, en demasiadas ocasiones, es la misma. Y es ahí donde la pregunta incómoda persiste, atravesando más de un siglo: ¿QUÉ ES LA JUSTICIA?
A comienzos del siglo XX, en las salitreras del norte, los obreros no pedían revoluciones. Pedían el pago de su desahucio, mejores condiciones económicas y algo tan básico como recibir su salario en moneda y no en fichas que los ataban a las pulperías de las propias empresas. Salieron a manifestarse con la convicción de que su reclamo era legítimo. La respuesta del Estado fue con plomo.
La Masacre de la Escuela Santa María de Iquique en 1907 dejó miles de muertos. En San Gregorio, en 1921, la historia se repitió. Antes y después, Valparaíso en 1903, Antofagasta en 1906. El mensaje fue claro: el orden se imponía, con el precio de la vida.
En 1938, la Matanza del Seguro Obrero volvió a demostrar, que la violencia estatal no distinguía ideologías cuando se sentía amenazada su autoridad. Jóvenes rendidos, ejecutados dentro de un edificio público. ¿Justicia o escarmiento?
Con el cobre, el relato cambia de forma, pero no de fondo. No hubo matanzas masivas en las calles durante la nacionalización, pero sí constantes conflictos por el control de la riqueza, por la tierra, por la salud y el medio ambiente. Comunidades indígenas y pobladores enfrentaron —y siguen enfrentando— el poder minero. Durante la dictadura, la represión cayó directamente sobre los trabajadores del cobre: dirigentes asesinados como David Silberman, Ricardo García y Benito Tapia, hombres que lucharon por un recurso que hoy se llama “el sueldo de Chile”. También ellos pagaron con sus vidas.
Todos estos episodios tienen un hilo conductor: demandas sociales legítimas enfrentadas con violencia desproporcionada: las armas. Son hitos de la resistencia social chilena, pero también son cicatrices abiertas.
En 2019, la historia volvió a golpear la puerta. El alza del transporte, los $30, fue solo la chispa. Lo que ardió después fueron décadas de abusos: pensiones indignas, sueldos insuficientes, trabajos precarios, derechos sociales postergados. El Estallido Social no fue un hecho aislado: fue una acumulación histórica.
El Estallido Social también fue una masacre social. Según cifras oficiales, se registraron 464 víctimas de violencia estatal. El 84,1% fue atacado con proyectiles disparados por Carabineros. Ciento treinta y dos personas perdieron la visión total de un ojo; y dos la visión completa de ambos ojos. No son números: son vidas humanas marcadas para siempre.
Entre ellas está Gustavo Gatica, joven, a rostro descubierto, vestido con polera y jeans estaba entre los manifestantes. El 8 de noviembre de 2019 perdió ambos ojos por el disparo directo de una escopeta antidisturbios. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal comprobó que dicho disparo provino del entonces oficial excarabinero Claudio Crespo. Vestido con traje especial antidisturbio, casco y visor de protección en su rostro. Los videos son claros. Se pueden ver como suceden los hechos, y se comprueba la adrenalina de éste espécimen. Y sin embargo, la sentencia concluyó que el carabinero actuó en legítima defensa. Que el uso del arma se ajustó a la normativa interna.
Aquí la historia deja de ser pasado y se vuelve presente.
La amenaza: una piedra en la mano de Gustavo Gatica, a unos 25 metros de distancia, y no más de 300 gr (calcule Ud. la energía y distancia de alcance que tiene el lanzar una piedra).
¿Es proporcional una escopeta antidisturbios frente a una piedra del tamaño de una pelota de tenis? ¿Puede la justicia medir el peligro solo desde la perspectiva del uniformado, protegido completamente en rostro y cuerpo, y no desde la del manifestante desarmado, a cuerpo expuesto?
La justicia se declara Imparcial, Objetiva, Ciega. Pero la historia chilena parece mostrar otra cosa: una justicia que muchas veces ve con claridad al poderoso y no ve con objetividad al ciudadano común de la calle. Una justicia que legitima la violencia cuando proviene del Estado y criminaliza la protesta cuando nace desde la necesidad del ejercicio de la libertad de expresión y de asociación, y del derecho de reunión, todos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.
Tal vez la pregunta no sea solo qué es la justicia, sino para quién existe.
Porque mientras esa incógnita no se resuelva, la historia seguirá repitiéndose, y cada nueva generación volverá a preguntarse —con rabia, con dolor, con esperanza— si algún día la justicia dejará de ser una promesa para que no se normalice la impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos. Este fallo daña a toda la sociedad al debilitar la confianza en el Estado de Derecho.
Dra. Ingrid Garcés Millas
