Hay épocas en que la política se limita a administrar inercias. Y hay otras en que se ve obligada a volver a pensar sus fundamentos. La nuestra pertenece a estas últimas.
El escenario internacional no admite demasiadas ilusiones. La guerra en Medio Oriente dejó de ser solo un “juego” militar para transformarse en una señal de descomposición del orden global surgido tras la Guerra Fría. Lo anterior avalado por el ascenso de derechas radicales, desde Trump hasta sus réplicas locales, que han aprendido a convertir el miedo, el resentimiento y la inseguridad material en fuerza política duradera. No estamos simplemente frente a un “giro conservador”, sino ante una mutación más profunda del capitalismo neoliberal contemporáneo: concentración de riqueza, debilitamiento de mediaciones democráticas, precarización del trabajo y captura de frustraciones populares por proyectos autoritarios. Esto obliga a quienes quieran ser alternativa de gobierno, a renovar y/o reconstruir una narrativa clara sobre el lugar de Chile en el mundo y sobre el tipo de inserción internacional que el socialismo debiera promover, especialmente en materias concretas como energía, migración y seguridad.
Vemos que Chile no está fuera de ese cuadro. También aquí se advierte una época marcada por el desgaste de las promesas transformadoras, el debilitamiento del Estado como instrumento eficaz de orientación social y la dificultad del progresismo para convertir malestar en proyecto. Por su parte, el actual oficialismo, que en su origen se presentó como una respuesta de emergencia a una crisis social profunda, bajo el falaz argumento de un estado en quiebra, ha ido mutando velozmente hacia un gobierno de corte ideológico, mientras en el plano económico se instalaban lógicas de ajuste y contención. Del otro lado, la oposición no ha logrado modular una crítica que a su vez sea también propuesta, quedando atrapada entre la denuncia y la reacción.
A esto se agrega un fenómeno más extendido: el desprestigio de la actividad política y la desvalorización progresiva del ejercicio del poder, que han erosionado la credibilidad de los partidos y la confianza en la capacidad transformadora del Estado. En ese vacío, gana terreno el lenguaje del mérito individual, muchas veces como respuesta defensiva frente a una experiencia extendida de incertidumbre. La izquierda y el progresismo, no puede simplemente descalificar ese fenómeno, sino debe comprenderlo. Si la izquierda quiere volver a ser una fuerza histórica, y no un simple recuerdo de sí misma, debe centrar su lenguaje en lo cotidiano: en el costo de la vida, en la dignidad del empleo, la seguridad en su amplitud, la protección frente a la incertidumbre y la capacidad de devolver sentido a la vida colectiva.
Porque no basta con constatar la desconexión entre la política y las mayorías, criticar la política de nicho o lamentar la fragmentación del campo progresista. La política se vive hoy como una contradicción profunda entre demandas sociales muy reales, versus categorías políticas, cada vez menos capaces de interpretarlas. Mientras esa tensión no encuentre una traducción creíble, la disputa por el poder seguirá subordinada a una pregunta más decisiva: si la izquierda y el progresismo, aún dispone de un lenguaje capaz de articular, al mismo tiempo: protección y autonomía.
El principal riesgo del momento actual no es solo el avance de la derecha o la dispersión del progresismo, sino la incapacidad de transformar diagnósticos en definiciones. Un socialismo que no fija prioridades, no ordena sus alianzas y no asume costos termina siendo una suma de posiciones legítimas, pero incapaz de constituir mayoría social.
Por eso, la discusión no debiera agotarse en la consigna de “construir mayorías”. Esa expresión adquiere densidad cuando se entiende como un método de transformación democrática: proponer una sociedad más igualitaria, cohesionada y libre; donde el trabajo recupere centralidad, los derechos sociales dejen de depender del ingreso y el trabajador vuelva a ser reconocido como actor digno y respetado; no solo como destinatario de políticas públicas, sino como sujeto de la vida nacional.
Si esto es así, entonces corresponde formular consecuencias prácticas: un conjunto acotado de decisiones que el socialismo chileno puede —y debe— impulsar para volver a ser alternativa de gobierno.
El problema de fondo, entonces, es convertir este diagnóstico en decisiones. Y si eso es así, entonces hay que atreverse a formular definiciones prácticas.
La primera, es establecer una jerarquía política concreta. Si hablamos en serio de una agenda de grandes mayorías, el socialismo debe ordenar su acción en torno a la seguridad, crecimiento con empleo, salud, pensiones, vivienda y fortalecimiento de la educación pública. No como un listado, sino como prioridades que orienten la acción partidaria y la propuesta legislativa, cuando compitan con otras agendas que, siendo legítimas, hoy no estructuran mayoría social.
La segunda decisión es definir, una política de alianzas con criterios explícitos. Aquí no bastan declaraciones generales sobre unidad. Una política de mayorías no puede fundarse en vetos recíprocos ni en la comodidad identitaria; tampoco puede sostenerse como un expediente o consuelo táctico para enfrentar de la coyuntura. Si el socialismo chileno quiere reconstruir mayoría, debe proponerse un entendimiento político y social amplio dentro del campo democrático, sobre bases programáticas mínimas, claras y compartidas.
Eso exige algo previo: asumir la magnitud de las sucesivas derrotas recientes. No basta con atribuirlas a la resistencia de los adversarios, a errores de gestión o a problemas comunicacionales. La falta de apoyo no puede leerse, solo como un malentendido: obliga a revisar críticamente el diagnóstico previo sobre la sociedad chilena, sus conflictos reales y las transformaciones de sus expectativas. Sin esa revisión, la unidad corre el riesgo de construirse sobre bases frágiles y volver a fracturarse como en los procesos constitucionales.
La tercera decisión se refiere al papel en la oposición. Oponerse no puede reducirse a la mera diferenciación electoral ni a la obstrucción retórica: debe ser un instrumento de reconstrucción política. Eso supone fortalecer la presencia partidaria en barrios, sindicatos y organizaciones sociales —no por nostalgia organizativa, sino porque sin arraigo social la política se vuelve pura enunciación— y, al mismo tiempo, producir propuestas reconocibles para ser una alternativa y no solo resistencia.
La cuarta decisión es devolver al trabajo, su lugar central. Si el socialismo chileno quiere volver a ser mayoría, debe volver a hablar desde el trabajo: desde la dignidad de quienes viven de él y desde su aporte a la sociedad. Pero eso exige algo más difícil y decisivo: comprender qué significa hoy el trabajo, cómo ha cambiado y quiénes componen efectivamente el mundo de los trabajadores en el Chile contemporáneo.
No se trata solo del empleo formal tradicional, sino también de trayectorias laborales fragmentadas, precarizadas, feminizadas, tecnificadas e inciertas; que muchas veces no encuentran representación política, ni sindical suficiente. Volver al “trabajo”, por tanto, no es repetir un lenguaje heredado, sino reinterpretar una experiencia social decisiva y traducirla en organización, derechos y protección.
Eso supone empleo formal, salarios dignos, negociación colectiva, seguridad social y productividad con derechos. En ese marco, la inteligencia artificial no debiera pensarse como un asunto separado, sino como parte de las transformaciones del mundo laboral: un factor que redefine el trabajo, la productividad y la distribución del poder económico, y que por lo mismo exige capacitación, protección de derechos y una orientación pública que impida que sus beneficios queden capturados por unos pocos. Solo si el socialismo logra comprender, convocar e interpretar de nuevo ese mundo del trabajo, podrá volver a hacer de él un principio organizador de su propuesta para el siglo XXI.
Hay una cuestión estructural que vale la pena volver a poner en discusión: el Estado como instrumento de justicia social. No porque todo deba resolverse estatalmente, sino porque sin Estado no hay garantía efectiva de derechos, ni mediación institucional capaz de convertir esfuerzo individual en confianza pública compartida. La izquierda y en particular el socialismo, no pierde su responsabilidad histórica al dejar de ser gobierno; cambia de lugar, pero no de tarea. Y precisamente por eso debe volver a pensar el Estado no solo como aparato administrativo, sino como una forma concreta de respaldar -no solo materialmente- a quienes viven en la incertidumbre, protegiendo a los sectores más vulnerables y de ofrecer también reconocimiento u horizonte, a los sectores y grupos medios y emergentes.
Mirado así, el punto no es simplemente “volver a las mayorías”, sino asumir lo que esa vuelta exige: abandonar ambigüedades, ordenar prioridades y estar conscientes que optar políticamente tiene costos. Ser oposición para los socialistas, en este sentido, no puede consistir solo en resistir u oponerse, debe incluir también la capacidad de diferenciarse, con propuestas que puedan ser reconocidas como alternativa social, cultural y política.
El viejo programa socialista de 1947 entendió, en otra época, que la crisis no se respondía solo con tácticas legislativas, sino con elaboración, jerarquía y síntesis. También hoy el desafío del socialismo chileno no consiste solo en corregir errores de ciclo, sino en reconstruir una capacidad de síntesis que convierta demandas dispersas en proyecto común y convicciones generales en orientaciones operativas de sentido.
Sin ese esfuerzo, el socialismo corre el riesgo de quedarse en la crítica justa, pero impotente. Entonces, el esfuerzo es pasar de los diagnósticos a las decisiones: una agenda corta, prioridades defendibles, alianzas coherentes y presencia territorial sostenida. Si el socialismo quiere reconstruir confianza, debe mostrar que sabe decidir, que puede gobernar y que está dispuesto a medir su eficacia en resultados concretos para la vida cotidiana de las mayorías.
Las mayorías no esperan meros diagnósticos. Esperan claridad, decisión y orientación. Y esas certezas solo podrán surgir cuando la política —y en particular el socialismo— vuelva a ordenar prioridades, asumir consecuencias y ofrecer una orientación reconocible para la vida cotidiana del país.
___
Francisco Javier Flores, psicólogo y magister en psicoanálisis. Escritos sobre subjetividad y política.
Hernán García Moresco. Diplomado en Big Data, Universidad Católica. Diplomado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad de Chile. Licenciado en Educación en Matemáticas y Computación, USACH
