La controversia sobre la Ley Quiroz parece concentrarse en impuestos, invariabilidad tributaria, regulación, déficit fiscal e incentivos para la inversión. Sin embargo, deja al descubierto un problema bastante más profundo: Chile continúa interpretando la economía internacional mediante las categorías que explicaron el éxito de la hiperglobalización, aunque el principio que hoy organiza la competencia mundial ya cambió.
La respuesta del Ejecutivo sigue una secuencia conocida. Reducir la incertidumbre tributaria, fortalecer la credibilidad fiscal y mejorar los incentivos privados debería reactivar la inversión, acelerar el crecimiento y ampliar posteriormente la recaudación. La lógica posee coherencia y, durante décadas, produjo resultados. Sobre ella se edificó buena parte del éxito chileno de fines del siglo XX: apertura comercial, disciplina macroeconómica, integración financiera, estabilidad regulatoria y confianza en la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos.
Lo decisivo no es que esas condiciones hayan dejado de ser necesarias. Lo decisivo es que ya no bastan.
La crisis financiera de 2008, la pandemia, la rivalidad entre Estados Unidos y China, el retorno de la política industrial y la creciente militarización de las rutas energéticas no constituyen episodios aislados. Expresan una transformación estructural. La interdependencia dejó de entenderse exclusivamente como una fuente de eficiencia para convertirse también en un instrumento de poder. Producción, financiamiento, energía, tecnología y datos siguen organizados internacionalmente, pero las redes que los articulan pasaron a concebirse como infraestructuras de seguridad, coerción y vulnerabilidad.
El estrecho de Ormuz constituye una demostración extrema. Estados Unidos e Irán no disputan únicamente territorio, soberanía o capacidad militar; disputan el funcionamiento de uno de los principales nodos del sistema energético mundial. La interrupción de ese corredor puede propagarse rápidamente hacia el precio del petróleo, la inflación, las tasas de interés, los mercados cambiarios y las decisiones de inversión de economías ubicadas a miles de kilómetros del conflicto.
Vista desde la topología de redes, Ormuz representa un cuello de botella cuya importancia no depende de su tamaño físico, sino del volumen de flujos que atraviesan ese punto y de la dificultad de reemplazarlo. La misma lógica aparece en los semiconductores avanzados, los cables submarinos, las plataformas de pago, las tierras raras, las redes eléctricas, los sistemas logísticos y la infraestructura digital. El poder contemporáneo depende cada vez más de ocupar posiciones capaces de condicionar el funcionamiento del conjunto.
En este nuevo escenario, los países ya no compiten únicamente por atraer capital. Compiten por convertirse en nodos indispensables.
Ese desplazamiento resulta evidente al observar la experiencia internacional. Estados Unidos, que durante décadas promovió la liberalización de los mercados y la deslocalización productiva, volvió a utilizar subsidios, compras públicas, controles de exportación y legislación de seguridad nacional para reconstruir capacidades en semiconductores, energía, defensa y minerales críticos. La estabilidad macroeconómica no desapareció de su estrategia, pero dejó de constituir el objetivo final. Hoy se encuentra subordinada a la preservación de poder tecnológico y productivo.
La Unión Europea siguió una trayectoria similar. El lenguaje de la integración y la competencia comenzó a convivir con conceptos como autonomía estratégica, seguridad económica, resiliencia industrial y soberanía tecnológica. La prioridad ya no consiste solamente en preservar mercados abiertos, sino en reducir dependencias susceptibles de transformarse en vulnerabilidades políticas. Energía, minerales críticos, tecnologías verdes e industria de defensa dejaron de ser sectores económicos convencionales para integrarse a una arquitectura continental de seguridad.
Japón también modificó sus prioridades. Después de décadas orientadas principalmente hacia la estabilidad monetaria y la recuperación del crecimiento, reorganizó parte de su política económica en torno a la seguridad de las cadenas de suministro, los semiconductores, las baterías y la inteligencia artificial. Corea del Sur profundizó, a su vez, la coordinación entre Estado, conglomerados y sistema financiero para proteger posiciones en industrias donde la escala, el aprendizaje acumulado y el dominio tecnológico determinan la capacidad de competir.
Australia y Canadá ofrecen una referencia especialmente pertinente para Chile. Ambos mantienen economías intensivas en recursos naturales, pero comenzaron a tratar los minerales críticos no solo como bienes de exportación, sino como plataformas para desarrollar procesamiento, manufactura, infraestructura y alianzas estratégicas. La diferencia no radica en la naturaleza de sus recursos, sino en la estrategia utilizada para incorporarlos a cadenas de mayor valor agregado y complejidad tecnológica.
Singapur representa probablemente el ejemplo topológico más nítido. Su fortaleza económica no proviene de la abundancia de recursos naturales, sino de haber construido una posición de alta centralidad en las redes logísticas, financieras, digitales y comerciales. Su ventaja competitiva no consiste simplemente en producir a menor costo, sino en ocupar una posición cuya sustitución resulta extraordinariamente costosa para el resto del sistema.
La experiencia internacional permite precisar la naturaleza del desfase chileno. Mientras las principales economías debaten qué capacidades deben controlar, qué dependencias reducir y qué nodos proteger, buena parte de la discusión económica nacional continúa concentrada en impuestos, deuda, permisología, invariabilidad tributaria y regulación. Todas esas variables siguen siendo relevantes, pero responden, sobre todo, a la pregunta de cómo participar eficientemente en mercados cuya arquitectura fue definida por otros.
El contraste no radica en que Estados Unidos, Europa o Corea hayan abandonado el mercado, ni en que Chile deba sustituirlo por una planificación centralizada. La diferencia aparece en el nivel de la discusión. Las economías avanzadas ya no se preguntan únicamente cómo atraer inversión; buscan utilizarla para consolidar posiciones en redes tecnológicas, energéticas, productivas y financieras de las que dependerá su capacidad futura de crecimiento.
Desde esa perspectiva, la Ley Quiroz permanece anclada, en lo esencial, en la lógica de la hiperglobalización. La invariabilidad tributaria pretende reducir el riesgo de los grandes proyectos; la rebaja de impuestos mejora su rentabilidad esperada; la simplificación regulatoria acelera las decisiones de inversión. Todos son instrumentos destinados a facilitar el acceso del capital a la economía chilena. Lo que permanece sin respuesta es la pregunta estratégica: ¿qué posición ocuparán esas inversiones dentro de las redes productivas y tecnológicas del siglo XXI?
No es equivalente atraer capital para ampliar la extracción de materias primas que utilizar esa inversión para desarrollar refinación, proveedores tecnológicos, infraestructura energética, investigación aplicada, servicios avanzados o nuevas capacidades industriales. Ambos caminos pueden aumentar el producto y la recaudación. Solo uno modifica la posición del país dentro de la red internacional de creación de valor.
La discusión sobre la invariabilidad tributaria ilustra con claridad esa limitación. El debate gira en torno a si el beneficio debe extenderse diez, quince o veinte años, cuándo debe comenzar a contabilizarse y cuál debe ser el costo de acceder al régimen. Son preguntas tributarias y jurídicas perfectamente legítimas. La fórmula finalmente acordada protege el período en que los proyectos comienzan a generar ingresos, mientras la sobretasa busca compensar parcialmente el costo fiscal.
Lo que permanece ausente es la naturaleza de la contraprestación. El Estado ofrece estabilidad y recibe una prima financiera. Mucho menos explícito resulta qué capacidades nacionales deberían desarrollarse como condición de ese beneficio: transferencia tecnológica, innovación, formación de proveedores, empleo altamente calificado, encadenamientos productivos, infraestructura compartida o fortalecimiento de los ecosistemas regionales de conocimiento.
La experiencia comparada revela un criterio distinto. Los incentivos públicos rara vez se justifican únicamente por el volumen de inversión comprometido. Se evalúan también por su capacidad para transformar la estructura productiva, fortalecer sectores considerados críticos, reducir vulnerabilidades estratégicas y consolidar posiciones dentro de redes internacionales. El beneficio colectivo no termina en una mayor recaudación futura. Incluye aprendizaje tecnológico, acumulación de conocimiento, coordinación institucional y capacidades que permanecen en el país mucho después de ejecutada la inversión.
Puede parecer una diferencia menor. No lo es. Modifica completamente la dirección de la causalidad. La visión convencional supone que la inversión genera capacidades. La evidencia internacional sugiere exactamente lo contrario: la inversión de mayor calidad suele dirigirse hacia territorios que ya cuentan con infraestructura, conocimiento, proveedores especializados, financiamiento y un Estado capaz de coordinar proyectos complejos. Las capacidades no constituyen el resultado automático del capital; son, con frecuencia, la condición que permite atraer el capital capaz de transformar la economía.
El mismo desfase reaparece en el debate fiscal. Chile ha construido instituciones sofisticadas para monitorear inflación, deuda, déficit y estabilidad financiera. Buena parte de la credibilidad acumulada durante las últimas décadas descansa precisamente en esa fortaleza institucional. El deterioro de las cuentas públicas merece, por tanto, una preocupación legítima. La solvencia fiscal sigue siendo un activo estratégico: perderla encarece el financiamiento, reduce los márgenes de acción y limita la capacidad de enfrentar futuras crisis.
Sin embargo, la resiliencia fiscal no puede medirse únicamente por el nivel de endeudamiento o la acumulación de activos financieros. También depende de la capacidad futura para generar ingresos, elevar la productividad y absorber perturbaciones externas. Un Estado puede mejorar temporalmente sus balances reduciendo inversión pública y, al mismo tiempo, debilitar las bases productivas que sostendrán esos mismos balances dentro de diez o quince años.
Es precisamente aquí donde la histéresis adquiere relevancia. El desempleo persistente, la pérdida de empleo formal, la precarización de la inserción laboral de los jóvenes y la postergación de inversiones pueden reducir de manera permanente el producto potencial. Una consolidación fiscal aplicada sobre una economía debilitada puede corregir un desequilibrio contable mientras consolida otro mucho más profundo: una menor capacidad estructural para crecer, innovar y recaudar.
Las principales economías han debido enfrentar esa misma tensión. Ninguna desconoce sus restricciones fiscales. Lo que hicieron fue administrarlas de otra manera: jerarquizar el gasto, movilizar financiamiento público y privado, utilizar las compras del Estado y concentrar recursos en sectores considerados estratégicos. No resolvieron la tensión entre disciplina fiscal y transformación productiva; comprendieron que ambas forman parte del mismo problema.
En Chile, en cambio, ambos objetivos todavía suelen presentarse como etapas sucesivas. Primero habría que recuperar el equilibrio macroeconómico, la confianza y el crecimiento; solo después sería posible construir nuevas capacidades. Esa secuencia desconoce la velocidad del cambio internacional. Las oportunidades tecnológicas, industriales y geopolíticas no esperan a que cada economía resuelva por completo sus desequilibrios internos. Cuando un país llega tarde, no encuentra espacios disponibles, sino redes cuya organización ya fue definida por quienes invirtieron, aprendieron y coordinaron antes.
Bibliografía
Blackwill, Robert D., & Harris, Jennifer M. (2016). War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft. Harvard University Press.
Farrell, Henry, & Newman, Abraham L. (2019). "Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion." International Security, 44(1), 42–79.
Farrell, Henry, & Newman, Abraham L. (2023). Underground Empire: How America Weaponized the World Economy. Henry Holt.
Fishman, Edward. (2025). Chokepoints: American Power in the Age of Economic Warfare. Portfolio.
Rodrik, Dani. (2011). The Globalization Paradox. Oxford University Press.
Mazzucato, Mariana. (2013). The Entrepreneurial State. Anthem Press.
Barabási, Albert-László. (2016). Network Science. Cambridge University Press.
European Commission. (2024). The Future of European Competitiveness (Informe Draghi).
World Trade Organization. (2025). Global Value Chain Development Report 2025: Rewiring GVCs in a Changing Global Economy.
Fondo Monetario Internacional. (2026). Chile: 2026 Article IV Consultation.
