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El proceso constitucional en Chile. Por Víctor de la Fuente y Libio Pérez (Publicado en Francia) Texto en español y francés

La edición central de Le Monde Diplomatique publicó en Francia, un artículo de Víctor de la Fuente y Libio Pérez sobre el proceso constitucional chileno. Este texto publicado originalmente en francés, traducido a veinte idiomas, es reproducido en más de treinta países en las distintas ediciones internacionales de Le Monde Diplomatique:

Se elabora la nueva Constitución en democracia, con paridad de género y junto a pueblos indígenas

¿Qué constitución para Chile?

Por Víctor de la Fuente y Libio Pérez*

Chile, durante mucho tiempo vitrina del neoliberalismo. no termina de decepcionar a sus viejos admiradores: en algunos años, este país tan desigual, renovó con las movilizaciones populares, eligió un presidente de izquierda y comenzó un proceso de redacción de nueva Constitución que reemplace la implantada en dictadura. La decepción de unos suscita el entusiasmo de otros.

Una joven estudiante de enseñanza media fue la primera que la mañana de ese lunes, a comienzos de octubre de 2019, saltó el torniquete de pago del metro subterráneo de Santiago, le siguieron decenas y luego centenas de otros estudiantes en las principales estaciones de la capital chilena. Las oleadas estudiantiles protestaban por el alza de los pasajes del transporte público adoptada por un grupo de tecnócratas que comenzaría a regir a partir del domingo 6 de octubre.

Dos días después, el 8 de octubre, el entonces presidente chileno, Sebastián Piñera, declaró ante las cámaras de televisión que “en medio de esta América Latina convulsionada vemos que Chile, nuestro país, es un verdadero oasis con una democracia estable” (1). El multimillonario empresario de las finanzas, diez días después y luego de copamientos diarios del metro subterráneo ordenó el cierre de las estaciones a la hora punta, cuando millones de trabajadores se movilizaban de regreso a sus hogares. Era la chispa que faltaba para provocar el estallido. Ese 18 de octubre inició una revuelta popular en la cuna del neoliberalismo que se extendió por todo el país y duró varios meses, que por lo pronto arrojó dos resultados palpables y vigentes hasta hoy: un proceso constituyente que está rebarajando las relaciones de fuerzas en la sociedad chilena, y un gobierno de transformaciones liderado por el joven presidente Gabriel Boric.

El próximo 4 de septiembre y luego de casi tres años de un proceso inédito y complejo, unos quince millones de chilenos están habilitados para concurrir a las urnas y decidir en un plebiscito si aprueba o rechaza el texto de una nueva Constitución, la primera en la historia de Chile redactada en democracia, generada en una Convención Constitucional integrada por delegados en su totalidad elegidos por voto popular, compuesta por primera vez en el mundo con paridad de género, con escaños reservados para pueblos originarios y en consulta con la participación de organizaciones sociales y de la sociedad civil.

“Estamos en guerra”, declaró Piñera apenas iniciada la revuelta social, rodeado de militares en traje de combate, al tiempo que decretaba el estado de emergencia y el toque de queda en las grandes ciudades, como forma de aplacar las diarias y masivas movilizaciones callejeras, muchas de las cuales terminaron en agudos enfrentamientos entre la población civil y las policías (2). La represión de las fuerzas policiales y militares dejaron un saldo de una treintena de muertos, más de 15 mil heridos, más de 400 personas perdieron la visión de un ojo por disparos de perdigones, unas 21 mil personas fueron detenidas y más cinco mil denuncias de torturas, violencia sexual y malos tratos a detenidos (3).

Ni los cambios en el gabinete presidencial ni la represión generalizada pudieron detener las masivas movilizaciones que desnudaban las desigualdades generadas por el modelo económico implantado durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet, la privatización de los derechos a la educación, la salud, la precariedad de los empleos, la privatización de bienes comunes como el agua y la rigidez del sistema político consagrada en la Constitución elaborada e impuesta por el régimen militar, que duró 17 años, y las sucesivas reformas que tuvo durante los gobiernos civiles desde 1990 en adelante, pero que mantuvieron la esencia del Estado subsidiario diseñado en el entramado constitucional vigente.

El 13 de noviembre de 2019, tres semanas después de iniciada la revuelta popular, el presidente Piñera convocó a un acuerdo “por la paz y el cambio constitucional”. El día anterior el país se había detenido con el llamado a una huelga general convocada por decenas de organizaciones sociales que derivó en fuertes choques entre manifestantes y la policía. La institucionalidad parecía resquebrajarse y el gobierno de Piñera se mostraba debilitado y aislado políticamente. La búsqueda de un acuerdo que facilitara una salida política a la crisis se trasladó entonces al Congreso. Las negociaciones finalizaron la madrugada del 15 de noviembre en un acuerdo suscrito por todas las bancadas a excepción del Partido Comunista y un sector del Frente Amplio, que estableció la convocatoria de un plebiscito para abril del año siguiente que consultaría sobre si la población aprobaba la elaboración de una nueva Constitución o se mantenía la vigente, elaborada por la dictadura. También para definir el tipo de mecanismo que se encargaría de escribir la nueva Carta Magna.

¿Convención Constitucional y no Asamblea Constituyente? Según ha contado el senador socialdemócrata Jaime Quintana, el término “Convención” fue acordado tras una petición del entonces presidente del derechista partido Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien consideró que el término “asamblea constituyente” sería rechazado por su sector.

La pandemia viral, que en Chile se expandió a partir de marzo del 2020, se encargó de postergar la consulta plebiscitaria de abril al 25 de octubre. En paralelo, los impactos de la revuelta social comenzaron a reflejarse en las cifras económicas, al contraerse el PIB en 2,1 por ciento en el último trimestre de 2019, la destrucción de empleos que hizo aumentar la cesantía en un 7,4 por ciento; y con un magro crecimiento de la economía en 1,1 por ciento. El frenazo económico se agravaría en los meses y años siguientes por los efectos de la pandemia del Covid-19 y el deterioro de la economía global.

Pese a las limitaciones sanitarias, las cuarentenas y la menor movilidad, millares de activistas se lanzaron a la campaña por conseguir el “Apruebo” al cambio constitucional y por entregar esa tarea a una Convención elegida íntegramente por voto popular, con paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios e igualdad de condiciones para candidatos independientes. La derecha oficialista se dividió y hasta el propio gabinete ministerial de Piñera resintió el quiebre. Los partidarios del “Rechazo” optaban por delegar al Congreso en funciones la elaboración de la nueva carta magna, una institución que cuenta con los más bajos índices de popularidad.

Los partidarios del “Rechazo” tenían una campaña cuesta arriba porque significaba mantener la Constitución de Pinochet, elaborada durante siete años por nueve juristas, visada por los cuatro generales que integraban la Junta Militar que lideraba Pinochet y sometida a plebiscito en 1980, sin registros electorales, con los partidos políticos prohibidos, la prensa amordazada y sin oposición, en un acto que los pocos observadores internacionales que llegaron a Chile calificaron de “fraude”.

Pese a sus más de 200 enmiendas -durante la propia dictadura y luego en los gobiernos civiles- la Constitución de la dictadura mantuvo su esencia autoritaria y la exclusión de derechos. La última gran reforma la impulsó el presidente socialdemócrata Ricardo Lagos, que eliminó los senadores designados y el cupo “vitalicio” que ocupó unos pocos meses el propio Pinochet, restó atribuciones al Consejo de Seguridad Nacional y otorgó a los presidentes la facultad de nombrar y remover a los jefes militares, entre otras materias.

El plebiscito de octubre del 2020 arrojó resultados contundentes: el 78 por ciento de los votantes marcó su preferencia por elaborar una nueva Constitución, mientras que en la segunda papeleta el 80 por ciento de quienes sufragaron dijeron que la redacción del nuevo texto debía ser elaborada por una Convención Constitucional sin intervención del Congreso como indicaba la otra alternativa que consiguió solo el 20 por ciento de las preferencias. La fuerza y la tensión social acumulada comenzó a encauzarse hacia el proceso que se abrió donde el Congreso y propio gobierno de Piñera empezaron a sentir la pérdida de protagonismo. La figura del gobernante y su gabinete ministerial marcaron los índices de popularidad más bajos en las encuestas.

Casi 1.400 candidatos se presentaron a las elecciones de delegados convencionales para 155 escaños que, por resguardo sanitario, se realizaron en dos días: el 15 y 16 de mayo de 2021. Los comicios coincidieron además con las elecciones municipales que, a su vez, escogieron a 351 alcaldes y más de cinco mil concejales. De las siete listas que se presentaron, que incluyeron a partidos, independientes y postulantes de los pueblos originarios, ninguna obtuvo mayoría, tampoco alcanzaron la cifra que les permitiera alcanzar los dos tercios de la Convención, la cifra clave para bloquear o aprobar las nuevas normas constitucionales, como había impuesto la derecha en las negociaciones previas. Fue una fuerte derrota para la derecha y los grupos conservadores. De los 155 convencionales la alianza de derecha quedó con 37, el conglomerado que unió al Frente Amplio y a los comunistas obtuvo 28 representantes, mientras la alianza socialdemócrata que gobernó casi 20 años consiguió 25 puestos, todos los restantes quedaron en manos de independientes, al tiempo que la mayor derrota la sufrió la Democracia Cristiana -que gobernó en los 90 y estaba entre los partidos más numerosos- que obtuvo solo un delegado constitucional.

La mañana del 4 de julio del 2021, los 155 delegados constitucionales comenzaron a llegar hasta el lugar donde se realizaría la instalación de la asamblea e iniciaría sus trabajos. Hubo tensión por las manifestaciones callejeras en el exterior del recinto, la amenaza de disturbios y choques con las fuerzas policiales; también porque el lugar aún no estaba habilitado para los trabajos, según se había comprometido el gobierno. Además de las formalidades del acto, los 155 convencionales debían elegir a la mesa directiva. Luego de intensas negociaciones y de sucesivas votaciones la presidencia de la Convención recayó en Elisa Loncon, mujer mapuche con estudios doctorales en Lingüística, y en el joven abogado constitucionalista Jaime Bassa. La emoción se tomó los rincones del lugar cuando Loncon, en su primer discurso saludó en mapudungun, su lengua materna, y dio cuenta del nuevo Chile que comenzaba a nacer, con una asamblea cuya mitad eran mujeres y con 17 escaños reservados para representantes indígenas que vestían sus coloridas ropas y hablaban en sus propias lenguas.

“Por mucho tiempo las fuerzas del olvido quisieron reinar, y habitamos por décadas una ilusión, un oasis: un país de pujante y unificado andar. Un buen día ese espejismo acabó estallando, y por todos los territorios se comenzó a escuchar ¡Chile Despertó! Ese despertar nos tiene acá, imaginando los contornos del nuevo país que vamos gestando”, escribió Elisa Loncon, la primera presidenta de la Convención Constitucional (4)

Con un promedio de edad de 44 años, entre los 155 delegados hubo 59 abogados, 20 profesores, nueve ingenieros, seis ex parlamentarios, cinco periodistas, un estudiante, un ex almirante e incluso una “machi” (médica indígena), entre otros. Los 155 delegados constitucionales se abocaron a elaborar el reglamento de la instancia, que luego de dos meses y medio de trabajo se tradujo en cinco documentos o capítulos: Uno para Ética, otro para Asignaciones, otro de Participación Popular, uno de Consulta y Participación Indígena y el Reglamento base.

“Esta Convención que hoy me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide a la Madre Tierra, en un Chile que limpie las aguas, en un Chile libre de toda dominación. Un saludo especial a los lamngen mapuche del Wallmapu, este es un sueño de nuestros antepasados, este sueño hoy se hace realidad”, dijo Loncon en su discurso inaugural.

Organizados en siete grandes grupos de trabajo, los delegados convencionales estuvieron siempre bajo el asedio de los sectores conservadores que, desde el inicio de sus deliberaciones, recibieron ataques directos que buscaron mellar la legitimidad de la instancia. El episodio protagonizado por un convencional cuya campaña se basó en divulgar una supuesta enfermedad tuvo un fuerte impacto en la opinión pública. El problema se saldó con la salida de la Convención de la persona que cometió el fraude, pero el daño ya se había producido.

Un sector de la izquierda vinculada a movimientos sociales inició una fuerte ofensiva para conseguir objetivos “máximos” en la nueva carta fundamental, como la disolución de todos los poderes del Estado o la expropiación de todas las riquezas minerales. Si bien las propuestas no prosperaron, la derecha aprovechó las tensiones para instalar un discurso radical en la desinformación que contenía. La derecha propagó falsedades tales como que que el país sería dividido en muchos territorios para entregar tierras a los pueblos indígenas, que serían cambiados la bandera, el himno y el escudo nacional, que las casas no serían heredables o que el aborto sería libre hasta los “nueve meses de gestación”.

Los grades empresarios y sus medios de comunicación, junto a la derecha lanzaron una verdadera campaña del terror para defender sus privilegios, a la que se sumaron incluso sectores de la exconcertación, entre ellos figuras de la Democracia Cristiana, es decir las elites, lo que en Chile llaman “el partido del orden”, se unieron en contra de la nueva constitución.

“Esta es la primera constitución escrita de forma democrática. Es ecológica, feminista, de los conocimientos, regionalista y que pone en el centro los derechos sociales”, precisó la convencional Cristina Dorador al defender el texto que se construyó en un año de trabajos continuos, en consultas con los movimientos sociales y las regiones. Como nunca antes, la propuesta constitucional entrega autonomía a pueblos indígenas, descentraliza el Estado y otorga facultades administrativas a las regiones.

Agustín Squella, jurista, periodista y filósofo que llegó a la Convención en una lista de independientes, dice que la nueva Constitución “asume un compromiso real con la democracia como forma de gobierno, a la democracia representativa se le agrega ahora formas de participación directa “a través de plebiscitos, referéndum, iniciativas populares de ley en la marcha del país” y además un compromiso fuerte con un amplio catálogo de derechos como nunca antes contuvo una carta magna en Chile.

“Comprendo que la descentralización, participación vinculante, plurinacionalidad e interculturalidad, democracia paritaria, reconocimiento del otro desde su diferencia, son las clave” en el proceso que dio origen a la nueva carta fundamental, señaló la delegada Ramona Reyes Painequeo, representante del pueblo mapuche.

La nueva Constitución chilena se caracteriza por un fuerte catálogo de derechos sociales, principalmente en cuanto a garantizar a los trabajadores y trabajadoras salarios justos, equitativos y suficientes, el derecho a huelga y a la organización sindical. Establece además un sistema de salud público fortalecido de acceso universal, un sistema de educación pública de calidad, gratuito y no sexista. Además, se aprobó la libertad de enseñanza, la libertad de padres y apoderados de elegir el tipo de educación para sus hijos y la forma en cómo el profesor puede dictar su cátedra tanto en colegios como en universidades.

Se consagraron otros derechos, como el acceso a la vivienda digna, a la memoria, la democracia en las comunicaciones y a la información plural y de calidad. Contiene además reconocimiento de derechos a las diversidades sexuales, así como los neuroderechos a personas neurodivergentes. Y recupera una de las fuertes reivindicaciones populares y de las regiones: el derecho al agua, como bien de uso público y con acceso a las comunidades y las personas en prioridad. El agua dejó de ser un bien transable en el mercado y de propiedad privada.

En cuanto al sistema político, Chile pasa de un híper presidencialismo a uno atenuado, y a un sistema legislativo bicameral asimétrico, con la mantención de la Cámara de Diputados y Diputadas, y la creación de una Cámara de las Regiones, con lo que se elimina el actual Senado.

El Estado participará en la economía. Su rol se fundará en los principios de solidaridad, diversificación productiva y economía social y solidaria, establece el nuevo texto, a diferencia de la carta de 1980, que no hace mención alguna.

La propuesta de Constitución define la corrupción como un delito que daña a la democracia, por lo que ninguna persona condenada por estos ilícitos podrá acceder a cargos públicos ni de elección popular. Lo mismo rige para violadores a los derechos humanos, condenados por delitos sexuales o por violencia intrafamiliar.

También propone la creación de un sistema de seguridad social que garantice pensiones justas, “fundado en principios de universalidad, solidaridad, suficiencia, sostenibilidad, entre otros”. La carta reconoce el trabajo doméstico y de cuidados.

En cuanto al sistema de Salud, Se establecerá el derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. Contemplará un Sistema Nacional de Salud que podrá estar integrado por prestadores públicos y privados.

Esta será la primera Constitución del mundo que reconocerá la existencia de una crisis climática y ecológica y mandata al Estado a tomar medidas de prevención, adaptación y mitigación de los daños provocados por ella. Constanza Schonhaut, abogada y convencional de Apruebo Dignidad, a la hora de los balances -en conversación con Le Monde Diplomatique- destaca el carácter feminista y ecológico como sello distintivo de la nueva Constitución, y añade que también es significativo su carácter democrático, el protagonismo de las regiones y el equilibrio de poderes que establece el texto propuesto a plebiscito. “No habrá lucro con los derechos”, enfatiza.

“Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático”, dice el preámbulo del texto oficial entregado el 4 de julio pasado al presidente Gabriel Boric en una ceremonia en la ex sede parlamentaria de la capital chilena, que fue acompañada por una movilización ciudadana de apoyo al trabajo constitucional (5).

En su último discurso como vicepresidente de la Convención -disuelta el mismo día que entregó su propuesta al presidente Gabriel Boric- Gaspar Domínguez, dijo: “Este es uno de los procesos más asombrosos y transformadores que ha tenido Chile en su historia democrática. Un proceso que surgió de forma inesperada, como una luz en medio de la incertidumbre y la angustia. Quienes tenemos menos de 40 años creíamos que la democracia estaba dada, pero no fue sino hasta octubre de 2019, que yo entendí que la democracia hay que cuidarla, y cuidarla es difícil, requiere de un gran esfuerzo. Chile decidió encauzar la profunda crisis política a través de un proceso democrático, inédito, sin recetas. Y aquí estamos, enfrentando el desafío, cumpliendo en forma y tiempo, mostrando al mundo que somos una República y una democracia madura. que puede acordar sus principios y valores comunes, reconocer los derechos esenciales a la dignidad y profundizar su democracia”.

La ceremonia fue el toque de partida de la campaña para el plebiscito del 4 de septiembre, cuando los chilenos voten el “apruebo” o “rechazo” a la nueva Constitución. Más allá de los resultados, Chile avanza hacia una sociedad más justa, al tiempo que mejora su democracia.

Si gana el apruebo comenzará un largo periodo para implementar la nueva Constitución, desde los ajustes al sistema político hasta las leyes que reglamenten y apliquen los nuevos derechos sociales. Si gana el rechazo seguirá vigente la constitución de Pinochet, aunque las distintas fuerzas políticas, incluyendo las de derecha, se han comprometido a reformarla en el parlamento. El presidente Gabriel Boric señaló que si ganara el rechazo debe comenzar un nuevo proceso constituyente. Para esa afirmación se basa en que el pueblo soberano, en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, que tuvo la mayor participación electoral de la historia de Chile, señaló con un 78,27% de los votos, que quiere una nueva Constitución, proceso que puede durar un par de años más...

1) Luis Sepúlveda, Le Monde Diplomatique, diciembre 2019 https://www.lemondediplomatique.cl/el-oasis-seco.html

2) https://www.dw.com/es/pi%C3%B1era-estamos-en-guerra-contra-un-enemigo-poderoso/a-50910426

3) Ver Informes de INDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU).

4) Ver la edición chilena Le Monde Diplomatique, agosto 2021. https://www.lemondediplomatique.cl/2021/08/otra-forma-de-ser-plural-hacia-una-democracia-plurinacional.html

5) Proyecto de nueva constitución disponible en: https://www.chileconvencion.cl/

*Director y editor general, respectivamente, de la edición chilena de Le Monde Diplomatique


Texto en francés publicado en Le Monde Diplomatique septiembre de 2022:

Un processus démocratique inédit pour imaginer l’Après-Pinochet

Quelle Constitution pour le Chili ?

par Víctor de la Fuente et Libio Pérez* *Directeur et éditeur de l’édition chilienne du Monde Diplomatique

Longtemps vitrine du néolibéralisme, le Chili n’en finit pas de décevoir ses admirateurs d’antan : en quelques années, ce champion des inégalités a renoué avec les mobilisations populaires, élu un président de gauche et s’est engagé dans un processus de rédaction d’une nouvelle Constitution, afin de remplacer un texte issu de la dictature. Ainsi, la déception des uns suscite l’enthousiasme des autres.

Le matin du 11 octobre 2019, une lycéenne saute par-dessus le tourniquet du métro de Santiago. Elle est bientôt suivie par des dizaines, puis des centaines de jeunes gens dans les stations souterraines de la capitale chilienne. Cette vague d’écoliers proteste contre l’augmentation du prix des transports publics décrétée par une poignée de technocrates, et qui devait entrer en vigueur cinq jours plus tôt.

C’est l’étincelle qui manquait pour déclencher l’explosion. Le 18 octobre, le pays berceau du néolibéralisme voit s’enflammer une révolte populaire qui se répand à l’ensemble du territoire, pendant plusieurs mois, avant d’aboutir à deux victoires : un processus constitutionnel modifiant les rapports de forces dans la société chilienne et l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement de transformation sociale. Le jeune président Gabriel Boric, a été élu le 19 décembre 2021. Et la date retenue pour le référendum sur le projet de nouvelle Constitution – la première dans l’histoire du pays à avoir été conçue en démocratie, rédigée par une convention constituante composée de délégués élus au suffrage populaire, avec un système de parité hommes/femmes, des sièges réservés aux peuples autochtones et la participation de diverses organisations de la société civile – est le 4 septembre 2022. Comment expliquer de telles réussites ? Sans doute par le fait que ni les changements de ministres, ni la répression ne suffirent à briser la mobilisation contre les inégalités abyssales causées par un modèle économique issu de la dictature militaire du général Augusto Pinochet. Les manifestants dénonçaient la privatisation de la plupart des biens publics – l’éducation, la santé, l’eau –, la précarité grandissante des travailleurs et la rigidité d’un système politique hérité d’une Constitution élaborée et imposée par le régime militaire. Le 13 novembre 2019, trois semaines après le début de la révolte populaire, le président en fonction, le milliardaire Sebastian Piñera, promet de chercher un accord en faveur de « la paix et le changement constitutionnel ». La veille, le pays s’est mis en arrêt suite à un appel à la grève générale lancé par des dizaines d’organisations sociales, qui s’achève par des affrontements violents entre manifestants et forces de l’ordre. Les institutions vacillent, et le gouvernement de M. Piñera s’avère faible et isolé. Au matin du 15 novembre, des négociations au sein du Congrès aboutissent à un accord appelant les électeurs à choisir par référendum en avril de l’année suivante entre l’élaboration d’une nouvelle Constitution ou la conservation de l’ancienne, conçue sous la dictature. À l’époque, le Parti communiste et une partie du Front large (« Frente amplio », coalition composée de formations de gauche et d’extrême gauche, de sociaux-libéraux et de simples citoyens dits « indépendants ») rejettent la proposition, estimant qu’elles visent à affaiblir les mobilisations sociales, encore en cours. Le projet adopté propose également de définir le type de mécanisme à mettre en œuvre pour rédiger la nouvelle loi fondamentale. Convention constituante ou assemblée ? À en croire le sénateur social-démocrate Jaime Quintana, le terme de « convention » est retenu à la demande du président du parti de droite Rénovation Nationale, M. Mario Desbordes, qui considère le mot « assemblée » comme un chiffon rouge. En raison de la pandémie, qui se répand au Chili à partir de mars 2020, le référendum se voit repoussé au 25 octobre. Parallèlement, l’impact du soulèvement social commence à se refléter dans les chiffres de l’économie, avec un produit intérieur brut (PIB) en chute de 2,1 % au cours du dernier trimestre de 2019, 7,4 % d’emplois supprimés et une croissance économique atone (1,1 % en 2019). En dépit des restrictions sanitaires, des confinements et d’une mobilité réduite, des milliers de militants s’engagent dans la campagne pour le « oui » au changement constitutionnel et à une constituante élue par le peuple, dans le respect de la parité hommes/femmes, de la représentation des groupes autochtones et de l’égalité de traitement pour tous les candidats, qu’ils soient membres d’un parti ou indépendants. La droite se divise sur la conduite à tenir, y compris au sein du gouvernement de M. Piñera. Les tenants du « non » militent pour que, dans l’hypothèse où le « oui » l’emporterait, le chantier de la nouvelle Constitution soit confié au Congrès, qui réunit Chambre des députés et Sénat et qui demeure l’une des institutions les plus impopulaires du pays. Ils souhaitent limiter les modifications apportées à la Constitution du dictateur Augusto Pinochet. Cette dernière avait été élaborée pendant sept ans par neuf juristes sous la surveillance de quatre généraux de la junte et approuvée par plébiscite en 1980 dans un contexte où les partis politiques étaient interdits. Les rares observateurs internationaux alors présents au Chili avaient crié à la « fraude ». Malgré quelque deux cents amendements, la Constitution de la dictature n’a guère évolué depuis sa rédaction, entérinant l’orientation néolibérale de la gestion du pays. La dernière grande réforme fut impulsée par le président social-démocrate Ricardo Lagos, qui supprima les postes de sénateurs désignés à vie, comme celui occupé un temps par Pinochet lui-même, de même que les prérogatives du Conseil de Sécurité national, et octroya au chef de l’État le pouvoir de nommer et de révoquer les chefs de l’armée. Le soir du vote, le résultat du référendum d’octobre 2020 est sans appel : 78 % des voix en faveur d’une nouvelle Constitution, et 80 % de « oui » à une convention constituante élue sans intervention du Congrès. La tension sociale accumulée au cours des mois précédents commence à refluer, en même temps que s’effondre la légitimité politique des parlementaires et du gouvernement de M. Piñera, dont l’indice personnel de popularité plonge dans les sondages. Environ mille quatre cents candidats se disputent les cent cinquante-cinq sièges de la future convention constituante, dont l’élection intervient les 15 et 16 mai 2021. Parmi les sept listes proposées aux électeurs, représentant partis, indépendants et candidats des peuples autochtones, aucune n’obtint la majorité absolue, ni un pourcentage suffisant pour remporter les deux-tiers des sièges de la convention, un seuil stratégique imposé par la droite qui aurait permis à un seul camp de valider ou de bloquer les nouvelles normes constitutionnelles. Le vote se solde également par un échec cinglant pour les groupes conservateurs : l’alliance de droite ne remporte que trente-sept sièges, contre vingt-huit pour le Front large et les communistes et vingt-cinq pour les sociaux-démocrates, qui ont gouverné le pays durant presque vingt ans. Les indépendants se partagent les sièges restants, laissant à la Démocratie Chrétienne – aux commandes du pays dans les années 1990, et l’un des partis les plus importants en nombre d’adhérents – le privilège d’enregistrer l’échec le plus cuisant, avec un seul délégué. Au matin du 4 juillet 2021, les délégués constituants se réunissent pour élire leur bureau. À l’issue d’âpres négociations et de plusieurs votes successifs, la présidence échoit à Mme Elisa Loncon, une mapuche titulaire d’un doctorat en linguistique, et à un jeune avocat constitutionnaliste, M. Jaime Bassa. Au cours de son discours inaugural prononcé en mapudungun, sa langue maternelle, Mme Loncon évoque le nouveau Chili en train de naître, représenté par une assemblée composée à parts égales d’hommes et de femmes et comptant dix-sept représentants autochtones, vêtus pour l’occasion de leurs tenues traditionnelles et parlant leurs propres langues. « Pendant longtemps, les forces de l’oubli ont voulu imposer leur règne, et nous avons vécu des décennies durant dans une illusion, une oasis : un pays fort, uni et en marche. Un beau jour, ce mirage a fini par exploser, et partout dans le pays on a commencé à entendre : le Chili se réveille ! Ce réveil nous a réuni ici aujourd’hui, pour imaginer les contours du nouveau pays que nous sommes en train de créer », proclame la première présidente de la Convention. D’une moyenne d’âge de quarante-quatre ans, les cent cinquante-cinq délégués comptent cinquante-neuf avocats, vingt enseignants, neuf ingénieurs, six anciens parlementaires, cinq journalistes, un étudiant, un ancien amiral et une machi (soignante pratiquant la médecine autochtone), entre autres. Ils consacrent deux mois et demi de travail à élaborer le règlement de l’instance, décliné en cinq parties : éthique, rémunération des membres, participation de la population et des populations autochtones, règlement de base, etc. Répartis en sept groupes de travail, les délégués se trouvent en proie aux assauts des secteurs conservateurs, qui s’emploient à remettre en question la légitimité de l’instance. De leur côté, les groupes de gauche liés au mouvement social mettent les bouchées doubles en vue d’inscrire dans la nouvelle Constitution les objectifs les plus ambitieux possibles, pour ne pas dire délirants dans le contexte chilien : dissolution des pouvoirs régaliens de l’État, expropriation des exploitants de richesses minières, instauration de soviets sur le territoire... Restées sans lendemain, ces propositions facilitent les campagnes de désinformation de la droite, qui suggère que le pays pourrait être découpé en petits territoires dans l’unique objectif de fournir des terres aux peuples autochtones, que l’on pourrait changer le drapeau ou l’hymne, que le droit d’hériter d’une maison pourrait être supprimé ou que l’avortement pourrait être autorisé au long des neuf mois de grossesse. Les grandes entreprises et leurs médias s’engouffrent dans cette campagne de défense de leurs privilèges, ralliant à leur cause quelques anciens protagonistes du processus de transition démocratique, dont des figures de la Démocratie Chrétienne, porte-voix du « parti de l’ordre ». Pour Agustín Squella, juriste, journaliste et philosophe élu à la Convention sur une liste indépendante, la nouvelle Constitution s’appuie sur un « engagement réel pour faire de la démocratie une forme de gouvernement » : au système représentatif s’ajoutent désormais des formes de participation directe « à travers des référendums ou des initiatives de lois populaires », ainsi qu’un nouvel éventail de droits inédits ici. Le nouveau texte se caractérise en effet par un large catalogue de droits sociaux, au premier rang desquels un salaire juste, équitable et suffisant, le droit de grève et la liberté syndicale. Elle garantit un système de santé publique renforcé et universel, une éducation publique de qualité, gratuite et non sexiste. Elle reconnaît le droit des parents et tuteurs à choisir le type d’éducation de leurs enfants et la liberté de l’enseignant de faire cours comme il l’entend, à l’école comme à l’université. Le texte proposé par la Convention cimente d’autres droits, comme l’accès à un logement digne, à l’établissement des faits historiques lors de la dictature (1973-1990), à une information pluraliste de qualité... Il entérine par ailleurs l’une des revendications majeures de la population, en particulier dans les régions : le droit à l’eau, qui n’est plus considérée comme une marchandise, mais comme un bien commun d’accès libre. Sur le plan du système politique, le Chili passe d’une forme d’hyper-présidentialisme à un régime présidentiel modéré, avec un système législatif bicaméral asymétrique qui conserve la Chambre des députés et remplace l’actuel Sénat par une Chambre des régions. Le texte prévoit également que l’État s’implique dans le pilotage de l’économie afin, par exemple, de diversifier la production ou de renforcer le secteur social et solidaire. Il définit la corruption comme un crime portant atteinte à la démocratie, de sorte qu’une personne condamnée à ce titre ne pourra plus exercer de fonction publique ni se présenter à une élection. La même règle vaut pour les violations des droits humains, les crimes sexuels ou les violences intrafamiliales. Le texte prévoit la création d’un système de sécurité sociale offrant une couverture « fondée entre autres sur les principes d’universalité, de solidarité, de suffisance et de soutenabilité ». Enfin, il s’agit de la première Constitution du monde à convenir de l’existence d’une crise climatique et écologique et à enjoindre à l’État de prendre tous les moyens de prévention, d’adaptation et de réduction des risques nécessaires pour en limiter les effets. « Nous, le peuple du Chili, composé de diverses nations, nous nous accordons librement cette Constitution, conçue dans un processus participatif, paritaire et démocratique », annonce en préambule le texte officiel, remis le 4 juillet au président Gabriel Boric lors d’une cérémonie organisée dans les murs de l’ancien parlement et accompagnée d’une mobilisation citoyenne en soutien au travail constitutionnel. Dans son dernier discours en tant que vice-président de la Convention – dissoute le jour même de la remise du texte –, M. Gaspar Domínguez déclara : « Ceci est l’un des processus les plus étonnants et transformateurs que le Chili ait connu dans son histoire démocratique. Un processus qui a surgi de façon inespérée, comme une lumière au milieu de l’incertitude et de l’angoisse. (…) Le Chili a décidé de réagir à sa profonde crise politique par un processus démocratique inédit, pour lequel il n’y a pas de recette. Nous voici aujourd’hui au pied du mur, nous acquittant de notre tâche en temps voulu, montrant au monde que nous sommes une république et une démocratie mature. » La cérémonie donne le coup d’envoi de la campagne pour le référendum du 4 septembre, qui verra les Chiliens approuver ou rejeter la nouvelle Constitution. Avec une victoire du « oui » s’ouvrira une longue période de mise en œuvre du nouveau texte. Il s’agira d’adapter le système politique et les lois. Et surtout, de transformer les nouveaux droits en réalité. Avec une victoire du « non », la Constitution de Pinochet restera vigueur jusqu’à ce que les différentes forces politiques le réforment au sein du parlement. Mais le président Boric a annoncé qu’un rejet déclencherait, selon lui, l’inauguration d’une nouveau processus constituant. Après tout, le référendum du 25 octobre 2020 avait établi qu’une majorité de Chiliens – dans un scrutin affichant une participation de plus de 78 % – souhaitait une nouvelle Constitution. Aucune limite de temps n’avait alors été précisée.

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