El 6 de marzo pasado, a cinco días de terminar su mandato, la Presidenta Bachelet firmó el proyecto de ley de reforma constitucional que establece los contenidos de una nueva carta fundamental para Chile.
La noticia fue sorpresiva, ya que luego del triunfo de la coalición opositora en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de diciembre pasado, había trascendido que su gobierno desistiría de enviar este proyecto, evidentemente escéptico de su viabilidad política. Las críticas al tardío anuncio presidencial en una materia tan relevante como una nueva constitución para el país han sido trasversales. Ellas incluyen, por cierto, aquellas provenientes de personeros de la futura administración derechista, los que consideran que la propuesta constitucional enviada a pocos días de concluir el mandato de Bachelet “no puede ser tomada con seriedad”. De manera similar, representantes del Frente Amplio han sostenido que la decisión de Bachelet en esta materia es una “irresponsabilidad”, ya que con ella se terminaría “banalizando” una discusión fundamental para Chile. La crítica también ha alcanzado a los partidos integrantes de la propia coalición de gobierno, los que conscientes de la inviabilidad del proyecto, han manifestado que se trata de un ejercicio meramente “testimonial” de la Presidenta.
Más allá de las reacciones de los actores políticos partidarios, cabe hacer una reflexión crítica de este anuncio desde una perspectiva ciudadana. Ella resulta fundamental si tenemos presente que la demanda por una nueva constitución para el país, lejos de provenir de los partidos políticos, emergió desde la ciudadanía. En este sentido, podría valorarse la decisión de Bachelet enviar este proyecto al Congreso Nacional antes de terminar su mandato, dando así cumplimiento a su programa de gobierno, el que consideraba la elaboración de una nueva constitución. No haberlo enviado no solo no hubiese sido adecuado desde la ética política, y hubiese defraudado a quienes la eligieron en La Moneda, sino también hubiese sido una burla para los más de 200 mil ciudadanos que participamos de las instancias a las que su gobierno convocó para recabar propuestas y perspectivas para una nueva carta fundamental. También lo habría sido para quienes participaron de la consulta indígena de los contenidos de una nueva constitución susceptibles de afectarles.
Desde el punto de vista de la temporalidad, el momento para formular esta propuesta está lejos de ser el más propicio. Si bien es efectivo que en el itinerario del proceso constituyente propuesto por Bachelet la remisión del proyecto de nueva constitución al Congreso estaba calendarizada para el segundo semestre de 2017, su envío seis u ocho meses atrás, hubiese permitido un debate más profundo de esta iniciativa en el marco de las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre y diciembre pasado, debate en el que su gobierno se hubiese hecho parte. Desde La Moneda seguramente argumentarán que las distintas etapas consideradas, diálogos ciudadanos, sistematización de las bases de la nueva constitución, y consulta con los pueblos indígenas, demoraron el calendario previsto para este proceso. Ello en ningún caso puede justificar el que este haya sido enviado al Congreso de manera tan extemporánea.
Otro ámbito de reflexión es el referido a quienes en última instancia participaron de la redacción de este proyecto. Si bien la Presidenta Bachelet, al anunciar el envío del proyecto al Congreso Nacional, ha afirmado que este tiene como fundamento las Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución, emergidas de los diálogos y encuentros ciudadanos, y de la consulta a los pueblos indígenas, la información disponible es que el mismo fue elaborado por un grupo muy reducido de asesores de La Moneda a puertas cerradas. Ello contradice el carácter “participativo, democrático e incidente” que de acuerdo a la mandataria tendría el proceso de elaboración de la propuesta de nueva constitución. Se trata de una contradicción grave que ha sido cuestionada por los propios partidos de la coalición gobernante, quienes han manifestado que fueron excluidos en esta última etapa del proceso constitucional. Si ello fue así para los partidos de la coalición gobernante, que queda para la ciudadanía, cuya inclusión en esta última etapa fue nula. Por lo mismo, esta no tuvo ninguna posibilidad de asegurar que las propuestas incluidas en las bases ciudadanas para una nueva constitución fuesen efectivamente consideradas en la propuesta enviada al Congreso.
Una materia fundamental que requiere de un análisis en profundidad, es el de los contenidos de la propuesta constitucional enviada por Bachelet al Congreso. Aunque el texto constitucional propuesto es muy extenso para un análisis detallado, en él se identifica como valores fundantes la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto de los derechos fundamentales; el Estado es concebido como uno de derecho democrático y social; se reconoce a los pueblos indígenas y sus derechos y se establece una representación especial indígena en el Congreso Nacional; se reconoce derechos económicos sociales como, la salud, la educación, la libertad de enseñanza vinculada al derecho a la educación; el derecho al trabajo, y a la negociación colectiva; se establecen mecanismos de profundización democrática como la iniciativa ciudadana de ley con el 5% de los ciudadanos con derecho a sufragio; y se elimina el control preventivo ante el Tribunal Constitucional, y se limita el control obligatorio a ciertas leyes con un quórum de cuatro quintas partes.
Indudablemente comparado con los contenidos de la constitución vigente, el texto constitucional propuesto constituye un avance significativo. Aunque su análisis en profundidad debe ser hecho luego del conocimiento del texto íntegro, hay falencias graves que deben ser señaladas. Es el caso de la propuesta de texto referida a los derechos de pueblos indígenas, a los que el texto constitucional reconoce como parte de la “Nación chilena”. Ello en contraste con el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado de Chile, y de su derecho a la libre determinación, reclamado por sus representantes en el proceso constituyente indígena antes referido. Otro ejemplo, es el referido a los derechos sobre recursos naturales de propiedad del Estado, como el agua, recurso que, a pesar de ser considerado un bien nacional de uso público, puede ser reconocido en propiedad a los particulares a quienes se otorguen derechos sobre éstas, al igual que en el texto constitucional actual.
Finalmente, cabe una reflexión sobre la conducencia del envío de este texto desde una perspectiva constituyente de largo plazo. Bien sabemos que, aun con la continuidad de un gobierno de la coalición gobernante, las posibilidades de aprobación de una propuesta constitucional como esta, entregada a una convención constituyente como propone el texto de Bachelet, y por lo mismo, a la suerte de los quórums parlamentarios supra mayoritarios de la constitución actual, eran reducidas. Con un gobierno de derecha, como el de Piñera, en La Moneda durante los próximos cuatro años, el proyecto de nueva constitución no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado. Recordemos que los partidos de la coalición gobernante han sido no solo reticentes al proceso constituyente, sino detractores de gran parte de las reformas a la constitución de 1980, cuya legitimidad y contenidos han defendido incansablemente. Ello, como sabemos, no es una casualidad, sino que es consecuencia directa de elementos centrales de esta carta fundamental, como el derecho de propiedad como derecho sagrado, el derecho a veto de la minoría a la mayoría en el parlamento, y la revisión de la constitucionalidad de las leyes elaboradas por un órgano de generación democrática, como el Congreso Nacional, por un Tribunal Constitucional integrado en parte por miembros designados por órganos no electos en forma democrática, como lo es la Corte Suprema, los cuales han permitido a la derecha defender exitosamente los intereses de los sectores de poder que representa.
A pesar de ello, cabe recordar que el proceso constituyente no puede ser entendido como un proceso orientado desde los órganos del Estado, sino que, como la teoría constitucional y la experiencia comparada lo demuestra, debe ser entendido como un proceso social que tiene su origen en el pueblo -o los pueblos- que integran el Estado, como en el caso de Chile.
Por lo mismo, no debemos perder de vista que el proceso constituyente no se agota con la propuesta de Bachelet, ni tampoco con el rechazo del mismo por la nueva administración o por el Congreso Nacional, si es que llega algún día a pronunciarse sobre el mismo. Así concebido, la posibilidad de que el proceso constituyente se materialice, dependerá en última instancia de la capacidad de la ciudadanía de mantenerlo vivo. Para ello será fundamental que este proceso siga siendo vinculado a las luchas por los derechos humanos, por una sociedad menos desigual, por una sociedad menos discriminatoria, luchas que con toda certeza se verán fortalecidas bajo el gobierno de Piñera.
Más temprano que tarde, en un contexto político más adecuado que el actual, si la ciudadanía mantiene la demanda constituyente como un ejercicio de su derecho de libre determinación, la Constitución de 1980 será sustituida por una nueva carta fundamental, que refleje valores democráticos y ciudadanos, y que ponga término a los límites que la institucionalidad heredada de la dictadura sigue estableciendo para una convivencia democrática e inclusiva en el país. No podemos perder de vista que, en última instancia, ese y no otro, es el desafío.
José Aylwin es Director del Observatorio Ciudadano
