La historia que suscita el pueblo mapuche y el Estado es antigua, llena de conflictos y discontinuidades, entre tantas otras aristas que se pueden desprender de la misma, pero que la caracterizan compleja y delicada en términos generales. En este sentido, ya desde las primeras aproximaciones a finales del siglo XIX por parte del Estado, se pueden ver claras señales de una conflictividad, en donde el capitán Corne4lio Saavedra, representante del cuerpo militar, institución y dispositivo fronterizo de guerra, por ejemplo, tenía como misión domesticar y doblegar a este pueblo, dando un punta pie inicial cargado de acciones bélicas que no tendrá fin en lo inmediato, pues su actuar se desplegó por más de 20 años en La Araucanía (1860-1883).
Por otra parte, y de manera paralela y complementaria, la figura del pueblo mapuche tomaba densidad bajo significaciones negativas, constituida principalmente por la prensa de ese entonces (La Tarántula de Concepción, El Meteoro de Los Ángeles, El Mercurio de Valparaíso, El Biobío de Los Ángeles, Araucanía Civilizada de Mulchén, etc.), en donde el imaginario daba vuelta en la figura de un pueblo flojo, poco productivo, ladrón, conflictivo, sin razón y terco, toda una serie de comentarios que se enmarcan contrario al proyecto moderno que en ese entonces el Estado comenzaba a figurarse, y que de alguna manera va subjetivando la mentalidad nacional y generando un discurso que legitimó y dio piso a las más diversas prácticas gubernamentales contra esta etnia. Toda esta rutinización de hechos fue modelando un conflicto que hoy en día parece estar institucionalizado, y que por lo mismo solicita medidas variopintas para contenerlo, dejando de lado algunas luces de resolución.
Ahora bien, por parte del Estado y desde el retorno de la democracia, las políticas no se dibujaron y consignaron bajo el tinte que se mencionó anteriormente —salvo algunos guiños con Sebastián Piñera—, sin embargo, los distintos movimientos que operacionalizaba el aparato estatal en los distintos gobiernos, inclusive el último, no corrieron en una misma línea, lo que hacia más complejo sostener una visión, y por ello una forma de comprensión del mismo problema. Así, y dentro de este marco discontinuo, muchas políticas han sido insuficientes, como la Conadi y sus planes de desarrollo indígena, el Nuevo Trato de Aylwin, los bonos, las becas de estudios y la devolución de tierras, tornándose está última central en la problemática actual, debido al despojo de más de cuatro millones de hectáreas que significó la “pacificación de la Araucanía”, dejando sólo cerca de quinientas mil para los mapuches. A pesar de ello, desde la apertura de la Concertación, se han devuelto cerca de trescientas mil, siendo insuficiente para la magnitud del terreno expropiado, por medio de violencia física, engaños y mentiras.
En la actualidad, la relación entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche se circunscribe a evitar hechos de violencia que afectan a los habitantes de la “macro zona sur” (denominación que utiliza el Estado para referirse a las provincias de Arauco y Bio-bio en la región del Bio-bio y Malleco y Cautín en la región de la Araucanía). Dicha reducción del conflicto limita reconocer a los actores territoriales intervinientes, las costumbres ancestrales y la propia cosmovisión respecto a la relación con la tierra que posee el pueblo mapuche.
Al obviar esto, el Estado desconoce que uno de los factores que influye en que no se avance en una posible resolución del conflicto es la política de homogenización cultural que ha transitado el país (teniendo su expresión más activa desde la época de la Guerra del Pacifico y el proceso de chilenización de las comunidades del norte, hasta la segunda campaña de la “pacificación de la Araucanía”). No debemos negar que los avances en restitución de tierras y aguas han sido importantes y que son parte de las demandas de deuda y reparación histórica que tiene el Estado, pero también lo es reconocer al pueblo mapuche (y a los otros pueblos prexistentes que constituyen Chile) como nación, que goza de identidad propia. Esto último, y a propósito de los incidentes ocurridos con la visita de la ministra del Interior, Iskia Siches, en su visita a Temucuicui, el Estado no dialoga con los actores validados desde las propias comunidades, e intenta imponer agenda e interlocutores afines a sus pretensiones, siendo percibido por las comunidades como otra intromisión, agudizando la falta de confianza desde el pueblo mapuche hacia con el Estado chileno.
Para iniciar un diálogo que se prospecte como fructífero es esencial recuperar las confianzas, creer en que la disposición del otro a parlamentar es genuina, y para ello las instituciones del Estado deben otorgar reconocimiento a la diversidad de culturas presentes en el país con sus costumbres y propias formas de organización. Es por ello que el rol de la Convención Constitucional, los representantes de pueblos originarios y convencionales afines como primer acercamiento al reconocimiento de un Chile plurinacional posibilitaría, en parte, superar las desconfianzas hacia las instituciones. Sin embargo, esto debe ir ligado a la responsabilidad de no generar sobre expectativas o malinterpretaciones de grupos radicales e inclusive el rechazo de parte de la sociedad que vería como una amenaza a la integridad y carácter unitario del país.
El actual proceso constituyente no solo supone acoger demandas sociales, también contempla la reconfiguración de las relaciones que se dan entre los distintos actores al interior de la sociedad, por lo que reconocer la diversidad, establecer bases y marcos claros en los cuales se dan esas relaciones, para evitar interpretaciones antojadizas, será esencial en el nuevo entendimiento de los pueblos indígenas, y sobre todo el mapuche a propósito de las demandas históricas, con el Estado chileno. __
Cristopher Ferreira Escobar. Politólogo. Director de la Fundación Politología, Centro de Estudios.
Ignacio Pozo Paillán. Politólogo y Mg. en Estudios Internacionales.
