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El recuerdo de los desaparecidos y desaparecidas es un deber moral. Por Enrique Villanueva

"¡¡Ni perdón ni olvido, justicia!!" una consigna valida y pertinente, que ha recorrido el mundo entero y que resume el compromiso de no olvidar nunca a los compañeros y compañeras que cayeron en las manos del terrorismo de estado, luchando por un país distinto, inclusivo y más igualitario. Por ello, es un deber moral exigir la verdad de lo que pasó con ellos y es un compromiso para con sus familiares y cercanos, de quienes reconocemos en cada uno de ellos y ellas, el esfuerzo y el sacrificio que hicieron para oponerse y resistir a la dictadura.

Los que fueron asesinados, asesinadas, desaparecidos y desaparecidas, fueron jóvenes que pusieron en riesgo sus vidas por el amor a su pueblo, es algo necesario de recordar, a quienes han caído en la amnesia colectiva. Ellos y ellas fueron hechos desaparecer en un país, que en esos años, era un territorio ocupado militarmente, donde no había estado de derecho y diezmado por la represión política.

Inmoral resulta escuchar entonces, a quienes por distintos medios pretenden ignorar esa realidad, argumentando que la democracia se conquistó solo por la gracia de acuerdos políticos entre cuatro paredes y con la propia dictadura. Por el contrario, la democracia que vivimos hoy costó mucho y también sangre de patriotas. Costó muchas lágrimas y sufrimientos de las madres, las esposas, las hijas de los héroes conocidos o ignorados que ofrendaron sus generosas vidas en aras de nuestra libertad.

Cuarenta y seis años después del 11 de septiembre de 1973, es pertinente rendir un homenaje a las mujeres y a los familiares de nuestros compatriotas asesinados, asesinadas, desaparecidos y desaparecidas, un reconocimiento a los cientos de mujeres que día a día y por muchos años esperaron largamente el retorno de un hijo (a), de un esposo (a) desaparecido (a). Es necesario, porque el olvido y la impunidad olvida o relativiza y a veces naturaliza, el dolor y el drama que vivieron cada una de las esposas, esposos, hijos, hijas, quienes llegaban a las puertas de los centros de detención, cuarteles militares, a veces recorriendo largas horas de camino, para recibir como respuesta una burla o un “no está aquí”, sin mas argumentos.

Se suma a esto, la esperanza perdida, que el tiempo esfumó, por las promesas incumplidas durante los gobiernos post dictadura, los que hasta hoy han sido incapaces de exigir la verdad escondida en la distorsionada memoria de torturadores o mandos militares de la época, cómplices civiles y militares. Más aún, se le agrega a ello, la indolencia de los gobiernos de los últimos treinta años, para con los sobrevivientes de la dictadura, ex presos políticos, los que enfrentan situaciones de marginalidad y pobreza, con pensiones de hambre y sin que se cumpla el mínimo requisito exigido por el mandato de Naciones Unidas, de una reparación justa por los daños morales y físicos causados.

Por todo esto, olvidar o dejar que la historia pase por nuestro lado, no es opción para construir un país sano, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, van de la mano para construir un país inclusivo, más igualitario y para cambiar una sistema económico y social que se construyó por medio de la violencia. Una sociedad en la que los derechos humanos no tienen otra consideración más, que como una estrategia discursiva, como un derecho subjetivo, que no se traduce en normas ni obligaciones y que vulnera los derechos ciudadanos en todos los ámbitos de la vida diaria.

Por el contrario, el derecho objetivo ha dictado normas, como la ley de amnistía y ha permitido que se mantenga el pacto de silencio, que favorece hasta el día de hoy, a militares y civiles comprometidos con crímenes de lesa humanidad y que algunos de ellos nunca fueron juzgados. Lo obrado, el haber juzgado y encarcelado a una parte mínima de los perores asesinos militares, autores y cómplices de los crímenes más bárbaros que en este país se cometieron en toda su historia, no fue ni es suficiente, porque al cabo del tiempo dejan sin resolver el problema mayor y más importante para la sociedad en su conjunto, el ocultamiento de la verdad y de las consecuencias de la represión que ellos llevaron a cabo, dejando la puerta abierta para su repetición en el tiempo.

Una consecuencia directa de la ambigüedad para tratar el tema de las violaciones a los derechos humanos, lo que excede el ámbito puramente e judicial es la reaparición y con relativa fuerza, de quienes se declaran de manera abierta u oculta seguidores del “dictador y de su obra”. Defendiendo una institucionalidad dictatorial que es contraria, en su esencia, al Estado de derecho, a las elecciones libres, a la libertad de opinión y participación política, los que determinan la democracia moderna.

Ha pasado el tiempo y el olvido ha nublado la visión del pasado, vivimos exigidos por la contingencia de un sistema que nos lleva día a día a la miseria, económica, política y moral, exigiéndonos mirar hacia delante y dejar atrás lo vivido. Pero las justas reivindicaciones exigidas por los chilenos y chilenas consientes continúan y continuaran siendo enarboladas hoy y mañana: Que las FFAA entreguen la información que permita, a los familiares de detenidos desaparecidos, conocer el paradero de los restos de sus seres queridos. Que se degrade a los militares involucrados en crímenes de lesa humanidad. Que se repare el daño causado a los miles de chilenos y chilenas que fueron víctimas de la represión y del terrorismo de estado. Que se reconozca y dignifique la actitud de los militares que se opusieron al golpe de estado de 1973 y su papel ejemplarizador, para las nuevas generaciones de Oficiales y Suboficiales. Que se reconozca oficialmente a los hombres y mujeres que murieron luchando en contra de la dictadura.

Todo esto es necesario porque el derecho a la verdad, que afecta principalmente a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, cometidas bajo la dictadura, se fundamenta en el respeto de la dignidad de la persona humana, que no sólo ha sufrido la vejación y vulneración de su dignidad. Sino que, además, por el transcurso del tiempo, la distorsión de los hechos producida por la propaganda oficialista, la falta de justicia oportuna y la paulatina desaparición de los actores, han generado un ambiente de impunidad cuyo efecto principal es una nueva vulneración de la dignidad de las víctimas, para quienes una reparación eficaz del daño causado, es parte del reconocimiento de la verdad de los hechos acaecidos.

Ni perdón ni olvido

Enrique Villanueva M.

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