La viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira, negó ante la audiencia que se está llevando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la existencia de persecución política, detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas dentro del régimen de excepción implementado ya casi cuatro años por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
El Estado de Excepción es una emergencia Constitucional que poseen la mayoría de países del mundo, implementándose cuando su institucionalidad se encuentra en peligro, mas sin embargo en el caso del país centroamericano, nunca existió dicha condición. La Constitución es clara: se puede aplicar cuando las instituciones de encuentran en un peligro, pero jamás por la falta de políticas publicas de seguridad. ¿Era necesario implementarlo? Realmente no, pues, las estructuras pandilleriles tenían su propia legislación, sus propios jueces, su propia policía y su propios Tribunales, solo bastaba reforzar dichas instituciones.
El Estado de Excepción fue convirtiendo poco a poco a El Salvador en un Régimen donde el poder se fue concentrando hasta obtenerlo de forma absoluta, eliminando controles y contrapesos, verbigracia , el golpe a la Sala de lo Constitucional salvadoreña, la jubilación forzada de jueces, la elección de un Procuradora de Derechos Humanos que calla y avala las violaciones del Estado en materia de derechos humanos, especialmente con las capturas acaecidas dentro del Régimen de Excepción, un Tribunal Electoral con corte oficialista y no olvidando una Asamblea Legislativa que su único fin es aprobar toda ley creada por el ejecutivo.
La forma de como se ha realizado algunas capturas sin ningún perfil delincuencial, por alguna llamada anónima (, por cierto es legal), por llenar cuotas policiales, llevó a un hacinamiento carcelario y desde un principio las familias y sus abogados no sabían su ubicación carcelaria; audiencias masivas de cuatrocientos imputados donde abogados defensores ignoraban quienes eran sus defendidos.
Paralelamente un grupo internacional de juristas, presentaron ante el consejo de derechos humanos de la Organización de Las Naciones Unidas, un informe titulado “ El Salvador en la encrucijada: crímenes de lessa humanidad en el marco de la política de seguridad pública”, situando al Estado salvadoreño dentro del ajedrez internacional como un país “seguro” pero en base a violar el mismo proceso penal, modificando sus principios penales, modificando un sistema penal para condenar no para debatir.
El éxito de la seguridad, la baja de homicidios, en el país centroamericano donde algunos presidentes recién electos como Chile, Costa Rica desean implementarlo, lo primero que deben hacer es cortar la cabeza a un sistema Judicial para no ser condenado en la violación de futuros derechos, tener un parlamento de mayoría oficialista para no cuestionar y solo aprobar, un ombudsman sumiso, un fiscal general no independiente y lo mas importante: centralizar totalmente el poder, únicamente así tendrá en su perfección el modelo “Bukele”.
El sistema “Bukele” no solo llevó a la cárcel a miembros de estructuras pandilleriles, si no personas sin ningún vínculo, los cuales al entrar a un sistema carcelario fueron desaparecidos, torturados y asesinados, contabilizándose quinientas personas sin haber sido condenados, muriendo sin haber sido declarados culpables o inocentes, donde el fiscal lejos de averiguar dichas muertes, las archiva. Las “victimas colaterales del régimen de excepción” como los hace llamar el presidente salvadoreño, son los que llenan la estadística de muertes violentas dentro de los penales.
El Salvador se enfrentará a un escenario internacional donde viola derechos humanos, con el discurso a una falsa seguridad donde las instituciones controladoras guardaron silencio, donde jueces y magistrados avalaron dichas prácticas.
¿Que pensarán los países, que vendieron en sus discursos electorales el modelo de seguridad salvadoreño, como uno de los países que han cometido delitos de lessa humanidad en la implementación de un sistema de seguridad sin ningún control judicial?
