El rol de la mujer en la sociedad ha estado marcado por un contexto histórico y social, el cual se encuentra caracterizado por la perpetuación de condiciones de desigualdad arbitrarias de este primer grupo en relación a los hombres y que ha creado una brecha de genero abismal donde la mujer ha sido discriminada –desde la propia convivencia con el hombre en su vida cotidiana, hasta las esferas educativas, económicas y políticas, que la ha posicionado bajo un rol secundario en la sociedad patriarcal– hasta el día de hoy.
Así pues, en los años recientes se ha hecho incuestionable la necesidad de su empoderamiento e inclusión en el desarrollo del país como un eje primordial de desarrollo en todos los ámbitos, donde a lo largo del orbe la mayoría de los Estados se han comprometido –por medio de cartas de buenas prácticas y tratados internacionales relativos a derechos fundamentales básicos- a la no discriminación y promoción de la igualdad de trato y de oportunidades para las mujeres en diferentes ámbitos de la vida social, política y económica, contribuyendo a cerrar las brechas estructurales predominantes en un mundo históricamente con una tradición cultural machista.
Sin perjuicio de los esfuerzos realizados por múltiples naciones en esta materia principalmente desde la Conferencia de Beijing en 1995, aún persisten un sinfín de desigualdades y obstáculos para las mujeres, donde estos aumentan por factores tales como la edad y la maternidad, teniendo efectos significativos principalmente en materias asociadas al inclusión en el mundo laboral, la equidad salarial y la promoción profesional.
Según la OCDE (2017), a nivel internacional “las mujeres también son menos propensas a ser empresarias y están subrepresentadas en puestos de liderazgo privado y público; siendo los mayores obstáculos en el mundo del trabajo, la violencia de género y la baja participación femenina en cargos de responsabilidad y liderazgo”[1].
Si bien, el Derecho Internacional reconoce el derecho de todas las personas a participar en la vida pública, se sigue constituyendo como un desafío alcanzar una participación igualitaria de las mujeres, especialmente en la toma de decisiones de sus distintos países. Y es que, a pesar de las políticas enfocadas a fomentar el liderazgo de las mujeres en la esfera pública, todavía queda mucho por hacer en esta materia.
Desafortunadamente, el ámbito de la inclusión femenina como fuerza laboral en los puestos de las administraciones públicas nacionales y más aún como directivas en las altas esferas de los puestos del Estado, ha sido una materia donde existen múltiples desafíos pendientes.
Si bien, en variadas naciones la cantidad de mujeres iguala a la de hombres en la administración pública, las mujeres tienden a agruparse en puestos de menor rango, con menos prestigio y sueldos más bajos, principalmente asociados a cargos de carácter auxiliares (aseo) o administrativos (secretarias) y en aquellos sectores que tradicionalmente se consideran ‘ligeros’ o feminizados, como son la cultura, educación, salud y turismo.
En la mayoría de los países las mujeres están infrarrepresentadas, si es que están presentes, en sectores como seguridad, finanzas y planificación que siguen siendo dominados por hombres. Por ejemplo, en nuestro país tras 16 años la Comisión de Hacienda de la cámara de diputados, fue exclusivamente tierra de hombres, hasta que, en agosto del 2019, una mujer - La diputada Sofía Cid – logro integrarse y trabajar bajo la misma línea que sus colegas.
Según la OCDE (2019), sigue habiendo muy pocas mujeres en puestos públicos de alto rango y toma de decisiones, “ocupando en promedio, menos de una tercera parte de los puestos de alto rango en la administración pública”[2].
Lo anterior, es una muestra de los obstáculos para el progreso de las mujeres en la administración pública, lo cual es una clara evidencia de la vulneración de los principios fundamentales de igualdad de oportunidades.
Dado lo anterior, es fundamental generar las condiciones para una mayor representación de las mujeres en los servicios públicos, ya que cuando la composición del sector público refleja la composición de la sociedad para la cual trabaja, las políticas de los gobiernos pueden ser más representativas de la población y por ende contar con un mayor nivel de respaldo. Lo cual por ejemplo a nivel nacional -salvo excepciones[5]-, ha sido en general abordado como un elemento secundario de la agenda en materia de modernización del Estado.
De esta manera, es un imperativo categórico poner fin a las desigualdades de género en el sector público en post de garantizar una gobernanza democrática inclusiva, ayudando a restablecer la confianza y la seguridad en las instituciones públicas, mejorando la representatividad de las políticas públicas.
En conclusión, la igualdad de género y el empoderamiento del rol de la mujer dentro de la administración estatal benefician a la sociedad en su conjunto, puesto que, su participación genera que las decisiones y el establecimiento de políticas públicas sean mucho más representativas de las visiones de la ciudadanía que aquellas donde las mujeres ocupan lugares secundarios en materia de liderazgo público. Por ende, es labor de los Estados en pleno siglo XXI, fomentar este fenómeno, en pos de la construcción de sociedades más justas, equitativas, inclusivas e integrales.
Emilia Belén Jiménez Álvarez es estudiante de la Carrera de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Chile e integrante de la Comisión del XXIV Congreso CLAD 2019 de dicha casa de Estudios.
Diego Durán Toledo es administrador Público y Magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile, Académico e integrante de la Comisión del XXIV Congreso CLAD 2019, por parte de la Universidad Autónoma de Chile.
[1] OCDE (2017). “La lucha por la Igualdad de Género”, París.
[2] OCDE (2019). “SIGI 2019 Global Report: Transforming Challenges into Opportunities”, Paris.
[5] Quizás una de las excepciones en la materia, es la llamada Agenda Mujer del segundo periodo de la Presidenta Michelle Bachelet.
