El nueve de febrero de dos mil diecinueve, el recién electo presidente Nayib Bukele, entraba al Congreso salvadoreño escoltado con fuerzas militares, alertando a la comunidad internacional su línea de gobierno.
Seis años de ese incidente, EL Salvador es conocido por su victoria en la lucha contra las pandillas, bajo la emergencia Constitucional del Régimen de Excepción, el cual ya lleva tres años de implementado. Bajo esa emergencia se han dado cambios importantes en el sistema democrático de ese país: cambio de la aritmética legislativa, en su totalidad de corte oficialista, retiró a los magistrados del máximo órgano judicial, quienes cumplían la función de ser entes controladores de las leyes aprobadas por el poder legislativo, además de ser los encargados de declarar Inconstitucional una ley, cambio de jueces por considerarlos “corruptos”, poner a un militante del partido oficialista como presidenta del Tribunal Supremo Electoral, cambio de la figura del Fiscal General de la República.
La concentración del poder político e institucional en la cual el Estado salvadoreño se encuentra, se ha llegado a preguntar ¿aún persiste su forma de gobierno DEMOCRÁTICO? Promulgación de leyes emanadas del poder ejecutivo, enviadas al Órgano legislativo, donde la mayoría es oficialista, tendrá la facultad de crear, interpretar, modificar y derogar leyes? Habrá un verdadero debate de discusión? Dicha votación de proyectos de ley , para convertirlos en normas de rango legal, será realmente un ejercicio democrático?
El Salvador , se encuentra ante un proyecto político totalitario, donde plasma la idea de legitimidad, justificando un poder total, activando la experiencia histórica en la que la democracia se realiza por vez primera.
No estamos frente a una democracia, el totalitarismo entró sigilosamente como un entusiasmo a un proyecto aparentemente comunitario, donde se vendió la idea a los individuos en una participación falsa dentro de un espacio, que poco a poco se ha ido cerrando.
Cuando un Estado emplea todos los mecanismos de violencia a favor de garantizar la sumisión e impedir la disidencia y el pensamiento autónomo, la participación política no solo no es democrática si no que ese grupo tiraniza al disidente.
Podremos habla de Estado Democrático cuando la participación política procede de la autonomía de ciudadanos libres, en ejercicio de su derecho a la deliberación y el disenso, caso contrario estamos frente a una falsa democracia.
