La cibercriminalidad es un tema a nivel internacional y El Salvador no es la excepción, en el trascurso de este año se han evidenciándose ataques cibernéticos a instituciones estatales cada vez más atractivos, transformándose en un desafío permanentes del país dado que, los mismos tipos de ataques afectan a personas, empresas y al Estado mismo.
El gobierno salvadoreño creó el decreto No. 143 de 2024 - Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, dicha normativa es para proteger los datos del Estado salvadoreño, pero ¿ qué pasa cuando los gobiernos usan esas mismas herramientas para vigilar, contralar a sus ciudadanos?
Las policías digitales , están cada vez entrando a una normalización de los gobiernos, los cuales giran en torno a la vigilancia masiva, potenciando los algoritmos y criminalizando conductas. Aplicar el uso tecnológico a una labor policial, “ciber patrulla”, es usarla como herramienta indispensable de los gobiernos . El uso de la Inteligencia Artificial, IA y un sistema de predecir delitos utilizando algoritmos , puede reforzar la inclinación hacia una parte de la población ya estigmatizada por la pobreza. ¿Que pasa si estos datos que usan están entrenados para buscar patrones discriminatorios? Su resultado será la aplicación de un sesgo muy injusto contra una población con un estatus socioeconómico bajo y contra periodista, voces opositoras, criticas del gobierno, que es lo que está pasando.
El riesgo latente que la tecnología sea utilizada para abusos de poder, es alto, ya que en redes sociales se mide el descontento social y una vigilancia indebida puede ser utilizada por regímenes autoritarios para fines de represión política. El crear leyes de ciberdelincuencia con términos amplios y vagos, solo permiten acusar a cualquier persona que critique al gobierno, limitando así el discurso político.
En eras tecnológicas, todos los ciudadanos poseen vida digital que comparten en redes, asi como también sus opiniones políticas, los cuales la policía digital está monitoreando y recopilando datos personales en base a esas redes sociales.
El monitoreo utilizado por los gobiernos debe tratarse como un uso indebido de los datos personales de sus ciudadanos, la vigilancia tecnológica llamada “policías digitales” debe entrar en un debate de las organizaciones , el cual requiere de una debate urgente y coordinado.
Los gobiernos se están protegiendo para los ciber ataques, pero quien está protegiendo a los ciudadanos?
