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¿El sueño chileno? Sufrimientos venezolanos en la frontera. por Hugo Norris Gahona y María Emilia Tijoux

Cuando vemos, leemos y sentimos el castigo contra una comunidad de personas por el hecho de migrar, y escuchamos testimonios que hieren profundamente los lazos que se construyeron solidariamente entre los pueblos, pensamos en la importancia de cuidar a nuestros territorios, a las familias, los niños y las niñas, los ancianos y las ancianas. Independientemente de su origen y sabiendo del abandono histórico y la utilización política de las migraciones, duele observar la condena que proviene de los pueblos mismos. Esta vez contra la persona migrante. Contra su vida. Contra su posibilidad de existencia.

El drama migratorio que se vive en la macrozona norte de Chile con los ciudadanos venezolanos implica precisiones. Primero, identificar que los principales protagonistas y víctimas son los propios desplazados, los cuales según datos de la OIM se empinan por cerca de los 5,2 millones de venezolanos distribuidos en el mundo. Luego hay que recordar que es un desplazamiento claramente documentado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR-OIM), el CIDH y Amnistía Internacional -entre otros organismos internacionales-, en lo que atañe a los Derechos Humanos y a las condiciones de vida en Venezuela, que ha generado uno de los mayores desplazamientos humanos contemporáneos después de Siria. Llama la atención que aún muchos(as) se pregunten por las razones para que personas venezolanas hayan viajado tantos kilómetros en condiciones infrahumanas enfrentado diversos riesgos en un contexto, además, de pandemia y crisis sanitaria.

La migración venezolana comenzó en 2019, cuando estalla la primera crisis de fronteras en la región de Arica y Parinacota con Perú (Chacalluta) con más de 300 personas varadas que intentaban ingresar; y paralelamente, en la región de Tarapacá cuando 200 personas venezolanas se agolpaban en el paso de Colchane-Pisiga, en la frontera de Chile con Bolivia. Nos conmovíamos entonces por el sufrimiento de familias que llegaban con niños, lactantes y personas mayores que permanecían en la intemperie, exponiéndose a temperaturas insoportables y sin condiciones básicas de seguridad para sus vidas.

Pero la migración venezolana se había iniciado antes de la pandemia del Covid 19, aunque esta agravó más la situación de trabajadores empobrecidos que ante la incertidumbre precisaban partir para buscar supervivencia. En 2019, la respuesta gubernamental fue poner a disposición una visa que denominó “de responsabilidad democrática”, de tramitación consular fuera de las fronteras nacionales, que permitiera a las personas venezolanas, bajo ciertos requisitos, contar con una visa transitoria. (Siempre en el estilo “diferenciador” que ha caracterizado las políticas selectivas y racistas de este gobierno). Con la llegada de la pandemia esa visa fue suspendida y en 2020, según datos del Servicio Jesuita Migrante, se rechazó un 70% de las solicitudes, otorgándose menos del 30%.

Pero detengámonos en la pregunta que se hace el Gobierno, los medios de comunicación y la ciudadanía: ¿por qué venezolanos y venezolanas vienen a Chile?, ¿por qué viajan con lo puesto, se exponen a rutas peligrosas, a ser sujetos de redes de tráfico y trata de personas, a gastar todo su dinero para intentar ingresar, cruzando por pasos no habilitados exponiéndose a temperaturas extremas, que colocan al límite sus cuerpos? ¿Por qué un acto que descrito como irracional, incomprensible, temerario? Los relatos de personas venezolanas que migraron antes de la pandemia sitúan a Chile como un país de oportunidades. Y es importante destacar la frase del presidente: “vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile,” que resuena negativamente a diferencia del momento en que la pronunció. Chile fue visto como lugar para organizar el futuro de los hijos y por eso siguiendo el sueño vinieron a reencontrarse con sus familiares. Pero el sueño se ha transformado en una pesadilla, pues cuando despiertan y levantan la vista hacia lo que realmente ocurre, la realidad, antes velada, se aclara con crudeza. No llegan a la tierra prometida y deberán hacer frente a la angustia, el frio, el hambre y la humillación.

Estamos frente a una crisis humanitaria agravada con la crisis sanitaria del Covid-19, y frente a ella deben movilizarse los recursos internacionales y nacionales para responder a las necesidades básicas que permitan la seguridad personal y la preservación de la vida de los grupos más expuestos a los riesgos de la migración. Se precisa contar con una gobernanza migratoria acorde a los tiempos, definida como aquellos “marcos, conjuntos de normas jurídicas, leyes, reglamentos, políticas y tradiciones, así como de estructuras organizativas (subnacionales, nacionales, regionales e internacionales), y procesos pertinentes que regulan y determinan la actuación de los Estados en respuesta a la migración en todas sus formas, abordando los derechos y obligaciones, y fomentando la cooperación internacional” (OIM 2019). Siguiendo a esta definición, la gobernanza migratoria chilena ha sido sistémicamente ineficiente y poco efectiva tanto para lograr el objetivo de largo plazo trazado “de controlar el flujo migratorio irregular”, como para responder de manera concreta a la crisis humanitaria.

Existen serios problemas de coordinación nacional, subnacional y local para una respuesta integral que garantice la seguridad de las personas, en especial los grupos de especial protección: niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o en situación de discapacidad, cuyos determinantes sociales los colocan en una situación de mayor exposición vital en el contexto de crisis sanitaria.

En la región de Tarapacá no existen albergues ni casas de acogida para recibir a personas desplazadas, solo se han habilitado residencias sanitarias en establecimientos educacionales municipales, para albergarlas y realizar cuarentenas, para que posteriormente a su alta puedan continuar el viaje. Ha quedado de manifiesto el escaso apoyo de la red del gobierno (nacional-regional) y de hecho, la principal oferta programática y respuesta de ayuda humanitaria ante esta dramática situación migratoria (alimentación, traslado, kit de seguridad, hospedaje), proviene de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, y municipios locales (OIM, ACNUR, FASIC, Pastorales de iglesias, Oficinas municipales de migración, Red de organizaciones Migrantes y Promigrantes, etc.).

Una vez que las personas llegan a la capital regional de Tarapacá y completan las cuarentenas, según dispone la autoridad sanitaria, deben seguir enfrentando diversos obstáculos para llegar a su destino (9 de cada 10 venezolanos tiene a Santiago como su principal destino). Los motivos son múltiples: falta de dinero para realizar traslados y toma de exámenes PCR, problemas con la documentación solicitada, caducidad de documentación de origen (pasaporte, actas de nacimiento, declaraciones juradas). Un escenario que se complica y se vuelve más crítico para quienes no fueron catastrados y empadronados por carabineros en las localidades de Colchane o Huara, y bajan por sus propios medios, debido a que no son derivados a residencias sanitarias y ven dificultadas sus posibilidades de cumplir cuarentenas. No contar con espacios adecuados de refugio y albergue, conduce a que muchas de estas familias comiencen a habitar los espacios de las distintas ciudades y comunas, las playas, las plazas, y los sitios eriazos en las zonas periféricas, instalando viviendas y campamentos transitorios.

Hay que señalar con claridad que la crisis actual migratoria no debe detenerse solo en lo que se vive en Colchane, Huara o Iquique, aun cuando dichas localidades se han visto afectadas directamente, sino que ocurre a un nivel internacional del cual Chile no queda exento, especialmente cuando durante mucho tiempo ha sido reconocido como un país generoso, próspero y seguro. En las últimas semanas se han escuchado tres propuestas de parte del gobierno para hacer frente a esta crisis humanitaria: mayor control de frontera, militarización (ampliación decreto N°265) y deportación. Todas propuestas completamente alejadas de lo que supone el carácter humano que debiera estar presente, que no responden a los sufrimientos que hemos conocido en el último tiempo.

Ninguna de ellas resuelve el hecho de que casi 2000 personas estén durmiendo a la intemperie a 4000 metros de altura, y con 6 grados bajo cero en la madrugada, y que de ellos, cerca del 50% sean niños, niñas y adolescentes; o que 1000 personas del campamento ubicado en el sector de Laguna Verde en la ciudad de Iquique (donde más del 80% son venezolanos) vayan a ser desalojadas y queden en situación de calle en plena pandemia. Las medidas tampoco resuelven la situación de los ciudadanos de la plaza Brasil de la misma ciudad, que viven múltiples humillaciones cotidianas cuando aumenta el sentimiento antinmigrante y de rechazo por parte de los(as) nacionales.

Hace unos días, el alcalde de la comuna de Colchane interpelaba al Estado, señalando que no equiparara los derechos de los migrantes con las de los habitantes de esta localidad, en su mayoría de etnia aymara. Esto, pues señalaba que los habitantes de Colchane eran foco de ocupación y robo de sus casas por parte de personas migrantes, mientras sus dueños se encontraban trabajando fuera de la comuna. Poco o nada se dice que esos robos correspondían a ropa de cama, frazadas, colchones, ropa y alimentos que se producen cuando la desesperación embarga la existencia. Pero en vista de las imágenes difundidas en diversos medios de comunicación, donde se muestra a 1800 personas pernoctando a la intemperie, con niños, lactantes, mujeres embarazadas, con temperaturas bajo cero, sin techo, sin acceso a baño; uno podría pensar y entender más allá de la molestia de los habitantes de dicha localidad, que somos testigos de una situación extrema y excepcional, de vidas expuestas al peligro y que precisan ser pensadas en clave humana. Las condiciones climáticas de la zona han cobrado nuevas víctimas, aunque no parece ser suficiente para comprender y conmoverse con un drama humano. Más duele leer en redes sociales la incitación a que efectivos militares hagan uso de sus armas como escarmiento, con el objetivo de desincentivar su ingreso; o que se sugiera la instalación de bombas para destruir las vidas.

Sin duda lo peor que puede pasar, es que la inacción estatal frente a este sufrimiento sea canalizada y dirigida hacia las propias víctimas, en formas de racismo, xenofobia, discriminación, campañas antinmigrantes y de incitación al odio. Porque no hay mejores y legitimas víctimas; sean los venezolanos, los habitantes aymaras de Colchane, los huarinos, iquiqueños, tarapaqueños o santiaguinos; se debe interpelar a quien debe garantizar los derechos fundamentales universales de todo ser humano. Al Estado y lo que ha enseñado y que supone que ser un “no nacional” convierte a la persona no invitada -a diferencia de los extranjeros que el Estado invita- a someterse a todo castigo. Incluso a la muerte.

El Estado chileno no puede atacar ni responsabilizar a las personas migrantes de una crisis promovida por la política y la economía internacionales. Sabemos que la clausura de fronteras, la criminalización y la securitización generalizada no conseguirán amainar los desplazamientos migratorios. Por eso el Estado debe cumplir el objetivo que comprometió al hacerse parte de la agenda 2030, específicamente de la meta 10.7 de los ODS: “facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas” (ONU, 2015). Es urgente que el Estado y el gobierno, ofrezcan una respuesta sensata a las personas que quieren ejercer su derecho a migrar, en sintonía con el derecho internacional de los derechos humanos, y que den prioridad a la seguridad de las personas que migran, en especial de los grupos de especial protección.

Por último, hay mucho por hacer en esta sociedad atrapada en el egoísmo consumista que evita pensar que la solidaridad es fuente de vida. La violencia racista, oculta tras las “crisis” promueve sentimientos comunitaristas de defensa que a nada conducen. Salvo a la muerte y al castigo de quienes en un momento de la historia debieron salir de sus tierras y que hoy buscan un lugar para trabajar y vivir dignamente. Vale examinar las narrativas político-mediáticas y la gestión institucional de este y de otros gobiernos y también ver que día tras día no solo se criminaliza a las personas migrantes sino a quienes solidarizan con sus vidas.

El sueño chileno tiene un costo muy alto. El racismo vivido cotidianamente mella la vida, empobrece económicamente a la persona y empobrece socialmente a una democracia, pues deja ver que la sociedad que se busca construir está articulada con un dispositivo de gobernanza que racializa, originado en el pasado colonial y en la mezcla entre capitalismo y colonialismo.

Hugo Norris Gahona, sociólogo. Diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Chile y María Emilia Tijoux, socióloga, profesora Titular en la Universidad de Chile, Directora Proyecto Anillos ANID PIA SOC 180008 “Migraciones Contemporáneas en Chile: desafíos para la democracia, la ciudadanía global y el acceso a los derechos para la no discriminación”.

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