Por décadas, el debate sobre la salud pública en Chile ha oscilado entre dos visiones contrapuestas: la salud entendida como derecho social y la salud concebida como un gasto fiscal susceptible de reducción. El Decreto N.º 333, firmado el 19 de marzo de 2026 por el ministro de Hacienda Jorge Antonio Quiroz Castro, parece inscribirse con claridad en esta segunda lógica.
El documento contempla un recorte de $413.193 millones al presupuesto del Ministerio de Salud, cifra que, hasta el momento constituye el mayor recorte al presupuesto de salud en la historia democrática de Chile. Más allá de la magnitud económica, el decreto adquiere relevancia política e ideológica, porque redefine las prioridades del Estado: reducir el gasto social para facilitar una rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%.
Desde una perspectiva ideológica, esta decisión refleja un modelo de gobernanza inspirado en principios neoliberales clásicos, donde la eficiencia fiscal y los incentivos al capital privado, son considerados motores prioritarios del desarrollo económico. En esta lógica, el mercado adquiere centralidad y el Estado reduce progresivamente su rol redistributivo. Como señalan los autores Azócar, Carvajal y Olivares-Tirado (2026), el decreto “transfiere recursos desde los enfermos hacia los accionistas”.
La dimensión política del conflicto aparece con mayor fuerza al analizar quiénes absorben el costo del ajuste. Es necesario recordar que el 84% de la población está afiliada a FONASA, y por tanto depende del sistema público. Este 84% es el que será afectado por la reducción presupuestaria. Entre las consecuencias previstas, se encuentran 28.019 hospitalizaciones menos financiadas, listas de espera más extensas y la eventual eliminación de programas vinculados a salud mental, atención primaria y cuidados de adultos mayores, si es que el Ministerio de Salud acoge las sugerencias que el Ministerio de Hacienda hiciera en el Oficio N°16 de abril del presente año.
Más allá de las cifradas y las acciones específicas ya concretadas y otras por venir, nos interesa relevar el perfil ideológico que subyace a ellas. Se propone un discurso de la “austeridad” que opera como legitimador político. El concepto de responsabilidad fiscal suele presentarse como una necesidad técnica y neutral; sin embargo, toda política presupuestaria implica una selección de prioridades sociales. En este caso, la austeridad no aparece distribuida de manera homogénea, sino focalizada en áreas vinculadas a protección social. La pregunta de fondo no es únicamente cuánto se recorta, sino quién paga las consecuencias del ajuste.
La contradicción política también resulta evidente en el tratamiento de la crisis sanitaria. Mientras el gobierno declara una “alerta sanitaria oncológica”, simultáneamente reduce recursos hospitalarios destinados precisamente a enfrentar esa emergencia. Esta tensión evidencia una brecha entre el discurso público y la orientación material de las políticas estatales.
Otro aspecto relevante en la configuración ideológica de este discurso, es la noción de “derroche” dentro del sistema sanitario. Autores como Olivares-Tirado y Zanga (2024), señalan que entre el 20% y 25% del gasto en salud, correspondería a ineficiencias estructurales. Desde esta perspectiva, estos investigadores sostienen que el problema no sería el volumen del gasto público, sino la ausencia de reformas orientadas a mejorar coordinación, prevención y atención comunitaria. El recorte, entonces, no resolvería las ineficiencias, sino que profundizaría sus efectos sociales.
La dimensión simbólica del decreto, entendida como una de las dimensiones del dispositivo ideológico implicado, adquiere especial importancia cuando se lo vincula con la historia reciente del país. En efecto, esta política se vincula con el malestar social que desembocó en el estallido social de octubre de 2019, pudiendo ser interpretado como resultado acumulativo de desigualdades en salud, pensiones y educación. Desde esta perspectiva, el Decreto N.º 333 no constituye un hecho aislado, sino la continuidad de un modelo económico que privilegia la rentabilidad sobre la protección social.
En términos ideológicos, el conflicto refleja una disputa más amplia sobre el sentido del Estado en las democracias contemporáneas. Por un lado, una visión subsidiaria donde el mercado organiza prioritariamente la vida social; por otro, una concepción basada en derechos sociales garantizados por políticas públicas robustas. El debate que abre el Decreto N.º 333, no se limita a cifras presupuestarias: pone sobre la mesa una discusión respecto al tipo de sociedad que Chile busca construir en el futuro. Lamentablemente, nuestra democracia representativa, luego del período de la dictadura civil-militar, no ha involucrado de manera más protagónica a la ciudadanía en esa necesaria discusión sobre el futuro del país que todos queremos.
Como consecuencia de lo expuesto hasta aquí, el Decreto N.º 333 no puede entenderse únicamente como una medida administrativa o un ajuste técnico del gasto público. Su significado más profundo emerge cuando se analiza como expresión ideológica de un modelo económico y político específico. Detrás de las cifras presupuestarias y del lenguaje tecnocrático del Ministerio de Hacienda, se encuentra una concepción determinada sobre el rol del Estado, el mercado y la ciudadanía en Chile.
En concreto, el decreto firmado por el ministro de Hacienda Jorge Quiroz Castro, reduce en más de $413 mil millones el presupuesto de salud pública mientras simultáneamente facilita una rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, como aportan Azocar, Carvajal y Olivares -Tirado (2026). Desde un punto de vista ideológico, esta relación no es casual. Expresa una lógica histórica del neoliberalismo: reducir el peso redistributivo del Estado para fortalecer la acumulación privada de capital. Nada se dice del déficit fiscal que provocará la rebaja del impuesto corporativo, actuando además sobre un supuesto de reactivación económica, que perfectamente podría no ocurrir, como sucedió en la Inglaterra de Margaret Thatcher o en Los Estados Unidos de Ronald Reagan.
El Decreto N.º 333 no puede entenderse únicamente como una medida administrativa o un ajuste técnico del gasto público. Su significado más profundo emerge cuando se analiza como expresión ideológica de un modelo económico y político específico. Detrás de las cifras presupuestarias y del lenguaje tecnocrático del Ministerio de Hacienda, se encuentra una concepción determinada sobre el rol del Estado, el mercado y la ciudadanía en Chile. Este tipo de acciones y políticas sólo refuerzan ideológicamente la lógica histórica del neoliberalismo, esta es, como afirma Harvey (2007), reducir el peso redistributivo del Estado para fortalecer la acumulación privada de capital
Volviendo sobre la articulación discursiva del decreto en cuestión, uno de los elementos más relevantes de dicho documento, es el concepto de “responsabilidad fiscal”. En apariencia, el ajuste se presenta como una necesidad técnica inevitable. Sin embargo, desde la teoría crítica y la economía política, ningún presupuesto estatal es neutral. Como ya advertía Marx (1867), todo presupuesto refleja relaciones de poder y decisiones sobre quiénes deben asumir los costos de una crisis económica.
La austeridad es parte de esta ideología legitimadora. El lenguaje técnico oculta el carácter político de la medida. Conceptos como “eficiencia”, “ajuste” o “optimización” operan como mecanismos discursivos que despolitizan el conflicto social. En este caso, el Estado se utiliza para resguardar intereses particulares, relacionados con el gran capital del empresariado nacional. Lo inmoral y de una falta absoluta de ética, es que se quiere hacer creer que ese resguardo, recoge también los intereses generales de toda la sociedad. Esto queda refrendado en la investigación de Azócar, Carvajal y Olivares-Tirado, (2026), al señalar que el 80% del beneficio tributario favorece al 1% de mayores ingresos. En esta línea, podemos interpretar el decreto, no solo como una política económica, sino como una redistribución regresiva del ingreso: recursos que antes financiaban derechos sociales pasan a fortalecer la rentabilidad empresarial.
El Decreto N.º 333 hace emerger un conflicto de fondo. Se trata de la disputa entre dos modelos de sociedad. Por un lado, la salud concebida como derecho universal garantizado colectivamente; por otro, la salud entendida como bien de consumo regulado por la capacidad de pago. Como señalábamos antes, el delivery democrático en su versión representativa, no ha sido capaz o no ha querido involucrar a los chilenos y chilenas, en discusión tan relevantes como esta, discusión que afecta directamente la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas.
Se trata, para ir finalizando este análisis y reflexión, de un decreto maldito, que favorece la concepción de la salud como un bien de consumo, al que se accede dependiendo de lo que podemos pagar. Cuando el sistema público se debilita, aumenta inevitablemente la dependencia del mercado privado de salud. Las listas de espera, la reducción de hospitalizaciones financiadas y la disminución de programas preventivos, empujan progresivamente a los sectores medios y populares hacia soluciones privadas cada vez más costosas.
Este fenómeno responde a una lógica histórica del neoliberalismo latinoamericano: deteriorar gradualmente lo público para legitimar la expansión de servicios privados. El resultado es una segmentación sanitaria donde la calidad de la atención depende crecientemente de la posición socioeconómica. En este contexto, la salud deja de ser un derecho ciudadano y se transforma en un privilegio de mercado. En los términos de Brown (2015), la desigualdad ya no aparece como una anomalía del sistema, sino como una consecuencia normalizada de la competencia económica.
Para concluir, sólo podemos agregar que decretos como este, al igual que los oficios enviados por el Ministerio de Hacienda a todas las demás carteras, contienen más exclusión y causan daño a la población. Por eso se trata de un decreto maldito, una instrucción más dentro de la política de la crueldad que se intenta instalar, para gobernar el país. Los contenidos de este tipo de decretos, intentan reducir la capacidad estatal en áreas estratégicas como la atención primaria, la salud mental y los programas de atención hospitalaria. Estas acciones sólo pueden generar en la ciudadanía un sentimiento de orfandad y vulnerabilidad creciente, en la que se le conmina a una vida aún más precaria.
Referencias bibliográficas
ü Carrillo Azócar, J., Carvajal, Y. & Olivares-Tirado, P. (2026). “Cuando la austeridad es para los enfermos y la generosidad para los accionistas”. Documento de análisis político y sanitario.
ü Marx, K. El capital. (1867). El capital. Crítica de la economía política. Hamburgo: Verlag von Otto Meissner.
ü Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal
ü Brown, W. (2015). Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. New York: Zone Books.
ü Olivares-Tirado, P. & Zanga, J. (2024). Estudios sobre eficiencia estructural y derroche en el sistema de salud chileno.
ü Ministerio de Hacienda. (2026). Decreto N.º 333: Modifica el presupuesto vigente del Sector Público y establece reducción de recursos al Ministerio de Salud. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.diariooficial.interior.gob.cl/
ü Prof. Dr. Jorge Brower Beltramin
ü Profesor Titular
ü Director del Programa Centro de Estudios de la Comunicación y la Cultura (CECC).
ü Departamento de Publicidad e Imagen (DPI)
ü Facultad Tecnológica
ü Universidad de Santiago de Chile
ü jorge.brower@usach.cl
ü ORCID iD: https: //orcid.org/0000-0002-6968-2949
