El 2020 quedará inscrito en la historia de la humanidad como el año del Covid-19. Todas nuestras capacidades se pusieron a prueba en el diseño e implementación de estrategias efectivas para su control, y en el desarrollo acelerado de vacunas.
Sin embargo, tan pronto como los países y agencias fueron aprobando las vacunas contra el nuevo Coronavirus, se hizo evidente su distribución desigual.
Durante los comentarios de apertura de una reciente reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), su Director el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizó que las serias brechas entre países en el acceso a las vacunas ponían en peligro la respuesta mundial al Covid-19. Según información de este organismo, de los 128 millones de dosis de vacunas administradas hasta la fecha, más de tres cuartas partes se han aplicado en tan solo 10 países, los que representan el 60% del PIB mundial. A la fecha, casi 130 países, con 2.500 millones de habitantes, todavía no han administrado ni una sola dosis.
A la distribución inequitativa de las vacunas, se suman las reglamentaciones y restricciones que los países están imponiendo dentro de sus fronteras. Recientemente el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Allamand, ha llamado la atención internacional al señalar que “no se van a poder vacunar los extranjeros que estén en el país con una visa de turista, los extranjeros que estén como turistas pero que vengan de algún país a los que no se les exige visa, ni tampoco los extranjeros que se encuentren en una situación irregular”.
Las declaraciones del Canciller chileno van a contrapelo de las recomendaciones entregadas por el Director de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), organismo dependiente de la ONU, Antonio Vitorino, quien ha sido enfático en señalar que, “es responsabilidad de los gobiernos garantizar que todos los que están en su territorio, ya sea nacionales o no nacionales, migrantes independientemente de su estatus legal, tener acceso a las vacunas”.
Los funcionarios de salud pública y epidemiólogos subrayan constantemente la necesidad de vacunar a toda la población dentro de una jurisdicción o territorio. Los grupos de personas que no se vacunen pueden tener efectos adversos sobre la inmunidad colectiva y la propagación de la epidemia.
Los impedimentos para el acceso a las vacunas, incluido el estado de la visa, la detención, las preocupaciones por la privacidad y la desconfianza en el gobierno o los sistemas de salud, pueden reducir las tasas de inmunización entre los migrantes y crear “grupos” de comunidades subvacunadas. Cuando a las poblaciones migrantes no se les ofrece acceso a las vacunas, los pronósticos epidemiológicos sugieren efectos negativos sobre la población en general.
Es por ello que algunos países ya han comenzado a priorizar la vacunación de los migrantes y los grupos más vulnerables. Por ejemplo, en Alemania, los solicitantes de asilo, que viven en unidades de alojamiento que dificultan el distanciamiento social y, por lo tanto, son más vulnerables a contraer el virus Covid-19, están en el segundo grupo para recibir la vacuna, después de los trabajadores de la salud y las personas mayores de 80 años.
Hoy con cerca de 110 millones de casos y más de 2,4 millones de muertos en todo el mundo, estrategias de vacunación que no tengan en perspectiva la salud global, son contraproducentes y tendrán costos en vidas y medios de subsistencia, darán al virus nuevas oportunidades para mutar y evadir las vacunas, socavando la recuperación económica mundial.
El desarrollo de una vacuna contra el Covid-19 y su distribución equitativa, es el desafío más apremiante de nuestro tiempo; nadie ganará la carrera hasta que todos ganen. La pandemia ha demostrado que nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo.
Eduardo Leiva Pinto es antropólogo, filósofo y periodista.
