Cuando todo parece indicar que la humanidad se extingue sin solidaridad —sin ayuda mutua, sin justicia, sin equidad, sin trato igualitario ni sentido del bien común—, los retrocesos y las inconsistencias irrumpen como una burla obscena, sacándole la lengua a los sueños que alguna vez creímos posibles.
Ayer, después del triunfo en las elecciones en las que resultó electo José Antonio Kast, escuchaba a una señora desconocida, de nombre Mara, quien al parecer tomará protagonismo en el próximo gobierno al desempeñarse como vocera de la campaña del presidente electo. Con mucho desparpajo y una evidente falta de alteridad, afirmó que las listas de espera se disminuirán mediante un sistema de prestaciones privadas, en el cual los pacientes serán derivados a clínicas privadas para ser atendidos, y que posteriormente dichas atenciones serán pagadas a los privados con dineros provenientes de FONASA.
“¿Por qué no han hecho esto antes?”, dijo indignada. “¿Por qué impedir el traspaso de esos fondos a privados para que las personas sean atendidas?”, exclamó.
Este sistema, sin embargo, ya existe. Pero se usa con precaución justamente por la fuga de dinero que significa para el precarizado sistema de salud pública. Los recursos provienen del presupuesto regular del sector salud, que incluye tanto los aportes fiscales como la recaudación del 7% de cotización obligatoria de los beneficiarios. Y se tiene precaución porque en diversas ocasiones se ha reportado que el Estado puede llegar a pagar hasta el triple del costo que tendría realizar la misma prestación dentro de un hospital público.
El objetivo de esta vuelta jurídica —en una sociedad de mercado y con una Constitución que protege la propiedad privada— es que la persona reciba atención gratuita o con copago cero, dependiendo de su tramo de FONASA. Se trata de una salida no deseada y viciosa que intenta resolver las enfermedades que aquejan a las personas y que, no debería implicar que el paciente asuma costos directos inesperados.
Vicios para deteriorar el Estado, y engordar los bolsillos de las clínicas privadas.
Momentos después, el presidente electo habló vehementemente del “valor” que, según él, retomarían las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden en su gobierno. No sé si se refería a los criminales de lesa humanidad recluidos en el Centro Punta Peuco; al legado del general Pinochet, procesado en múltiples causas por secuestro, tortura y homicidio; o a Manuel Contreras, condenado a más de quinientos años de prisión por secuestro, tortura y asesinato.
Tal vez hablaba de Pedro Espinoza, condenado por el homicidio, secuestro y asesinato de Orlando Letelier; o del general Sergio Arellano Stark, a cargo de la Caravana de la Muerte; o de Hugo Salas, general y exdirector de la CNI, condenado por secuestro y desapariciones; o de Raúl Iturriaga, exgeneral condenado por secuestro y desaparición forzada.
Quizá se refería a suboficiales y oficiales del Ejército como Miguel Krassnoff, su aliado, condenado a más de mil años de cárcel; o a Marcelo Moren Brito, jefe operativo de Villa Grimaldi, condenado por secuestro y tortura. O tal vez hablaba de miembros de la Fuerza Aérea de Chile, como Fernando Matthei Aubel, general del aire investigado por conocimiento de centros de detención en la FACH; Patricio Campos Méndez, general condenado por secuestro y torturas en la Academia de Guerra; o Enrique Ruiz Bunger, general condenado por crímenes cometidos en dependencias de la FACH.
O acaso se refería a Jorge Arancibia, comandante en jefe de la Armada de Chile, investigado por responsabilidades institucionales; a Sergio Larraín Fernández, colaborador civil condenado por secuestro y desapariciones vinculadas a la Armada; o a César Mendoza Durán, general director de Carabineros e integrante de la Junta Militar, investigado y fallecido sin condena. Tal vez hablaba de Manuel Contreras Donaire, oficial condenado por ejecuciones ilegales; de los oficiales de la DICOMCAR, condenados por el Caso Degollados; o de los militares de la patrulla del Ejército que golpearon brutalmente y rociaron con bencina y quemaron vivos los cuerpos de Carmen Quintana y Rodrigo Rojas Denegri, quien murió sin poder resistir las quemaduras salvajes.
O quizás, quién sabe, se refería a los más de mil trescientos exagentes del Estado procesados desde el retorno a la democracia y a los cientos de torturadores que aún caminan libres por las calles.
O a los pocos Generales, y escasos hombres de la Patria como al jefe del Ejército Libertador, O’Higgins, de quien la historia también ha develado el respeto que tuvo hacia el pueblo mapuche, manejando el mapudungun como segundo idioma de entendimiento, y bajo cuyo mandato el escudo nacional de 1818 era custodiado por un hombre y una mujer mapuche.
O quizá se refería al legado heroico de los hermanos Carrera, o al general Prat, o a René Schneider, quienes defendieron la democracia incluso con su propia vida. Tal vez hablaba del general Bachelet, muerto bajo tortura, o del actual comandante en jefe del Ejército, quien debió decirle al expresidente Piñera que no estaba en guerra con nadie y que era un hombre feliz. En fin, depende como dice el presidente electo.
Todo olía a enfermedad, a horas acumuladas, a ira decantada en una paciencia inexorable. Un médico joven salió y comenzó, a viva voz, a gritar nombres para decir únicamente: “Estamos pasando lista. Solo quienes estén presentes podrán ser atendidos. No hay más capacidad”. Y ahí, al final, aparecía su nombre: noventa años, sin oxígeno suficiente. ¿Y qué? ¡Que espere su turno! ¿Cuánto? Entre ocho y diez horas.
Hicieron una cama en el auto, porque los huesos de un cuerpo viejo y con neumonía duelen más que los de otros. Pero no podían verla así y decidieron llevarla al Hospital Militar de La Reina.
—Este es un hospital privado —les dijo el médico—, así que queremos informarles que todo se paga. La he observado y parece tener síntomas estables. Los pongo en antecedentes por si desean retirarla ahora, porque un escáner podría costar del orden de un millón de pesos.
—Ella se siente mal, muy mal. Haga los exámenes.
Y humildemente, como quien está acostumbrado a la humillación, y a la doble vinculación de realidades sin rumbos certeros para un país, agradecieron la advertencia sobre los valores, como si eso fuera lo más importante. Pero en Chile sí lo es, porque las personas pueden perder sus casas pagando gastos médicos privados. En chile unos pagan y otros reciben; en Chile hay quienes se forran y la inmensa mayoría se empobrece; en Chile, los militares se quedaron con los privilegios que les arrebataron a los civiles.
Según su propia página web, este establecimiento es hoy el principal centro clínico del Ejército de Chile. Está construido en un terreno de 9,9 hectáreas y posee más de 85.000 m2 edificados en la comuna de La Reina. En él funcionan procedimientos ambulatorios, pabellones quirúrgicos, unidades de paciente crítico y otros servicios. La infraestructura incluye 109 boxes de consulta, 49 salas de procedimiento, 10 pabellones quirúrgicos y 39 camas UPC.
Una mole estructural prácticamente vacía. Cuando llegaron con sus 90 años cerca de las 23 horas, uno que otro conscripto sostenía algún dolor con sus manos. Médicos, enfermeras o personal de salud —civiles o militares, nunca se supo— circulaban por un pasillo principal de urgencias. El resto eran oficinas vacías, pasillos anchos, ascensores, salas desocupadas. Todo ocioso. Mientras en urgencias del Hospital Salvador la gente hervía en un brote de influenza, este hospital militar acogía solo la oscuridad. Los conejos salvajes precordilleranos se paseaban bajo la luna, como riéndose de los humanos y de la inequidad entre civiles y militares.
Ochenta y cinco mil pesos por la atención, les dijeron. No quedaba otra. El dolor en el costado de la espalda era insoportable, y ella no era una mujer acostumbrada a quejarse.
Varias veces insistieron en que el hospital era privado. Incluso afirmaron que se sostenía con recursos propios. Sin embargo, el Hospital Militar es financiado por el Estado de Chile: infraestructura, mantención y personal uniformado y civil. En rigor, atiende gratuitamente a conscriptos, oficiales, suboficiales, generales y sus familias. Para los civiles, funciona como prestador de la red pública: si un paciente es derivado por falta de camas, el Estado paga la prestación al Ejército, pese a que este ya recibe presupuesto nacional para esas mismas funciones.
Se trata de un hospital construido para las FF.AA. y sus cargas, que opera sobre la cota cero, sin fiscalización efectiva y revela la profunda asimetría entre los recursos destinados al sistema de salud militar y al sistema público civil.
¿Con más privilegios retomarán su lugar las Fuerzas Armadas y de Orden?
Venían de urgencias del Hospital Salvador, donde, una vez que se ingresa, todo funciona como un buen Estado, aunque reducido por las políticas derechistas que solo buscan precarizarlo para que la mano privada entre a jugar sus fichas especulativas y de lucro en la salud. Ella tiene 90 años. Noventa. La llevaron con neumonía. Sentía un fuerte dolor en un costado. Había que esperar muchísimo para una atención. En fin, pensaron, siempre es así; pero al menos estaba en una camilla HELP, a diferencia de los demás, que estaban sentados en cualquier parte: en las escaleras, en sillas que se caen a pedazos, en sillas de ruedas frenadas de tanta avería, en una sala sin ventilación, todos cerca de un baño con hedor a peste.
La vida digna no vale nada para esta señorita desconocida mencionada al inicio del relato, quien, con la insolencia que le otorga su condición ABC, viene a decirnos que los recursos deben traspasarse a privados en lugar de fortalecer un sistema público que atiende a más del 80 % de la población. Así, los privados se quedarán con nuestro dinero y las filas se perpetuarán, profundizando la precarización de hospitales y centros de urgencia públicos.
En contraste —o quizá como consecuencia lógica de esa misma jerarquización de las vidas— , la vida de los militares sí parece valer muchísimo para nuestro futuro presidente, quien, según su propio discurso, ahondará en defenderlos en todo orden de cosas; una situación, por decir lo menos, paradójica, cuando debiera ser precisamente al revés.
Mientras estaba sola en su camilla privada en urgencias de El Salvador, sin aviso alguno, la empresa Help indicó que el protocolo era sacarla del hospital porque no había espacio para la camilla y que, una vez afuera, se retirarían. Una ofensa a la vida y a la confianza.
—¿Eres médico? —preguntaron al hombre con estetoscopio y actitud soberbia de la HELP. —No, soy reanimador —respondió. ¡Empresa privada de atención médica made in Chile! ¡Se hacía pasar por médico!
Chile necesita ser reanimado de la muerte cuando sus adultos mayores deben peregrinar al amanecer por distintos hospitales. Chile no tiene UCI suficientes donde esos cuerpos puedan descansar sus huesos, ni ambulancias, ni médicos suficientes —solo usurpadores mercenarios de empresas privadas—. Según conversaciones con dirigentes de asociaciones de funcionarios de CAPREDENA, el sistema de reparto militar está quebrado, pero se sigue aplastando al sector civil para continuar financiando sus pensiones y su sistema de salud, que mantiene una brecha de 9 a 1 en relación con el sistema de previsión social civil representado por las AFP.
Es decir, mientras los militares reciben nueve —con jubilaciones que pueden obtener tras 20 años de servicio y, con 30 años, lograr una pensión equivalente al 100 por ciento de su última remuneración imponible—, los chilenos y las chilenas recibimos uno en pensiones y prestaciones de salud. Reciben y cobran aportes estatales; mientras nosotros, los civiles,
debemos batirnos con la capitalización individual, rascándonos con nuestras propias uñas hasta sangrar.
Su pulmón derecho tiene dos lesiones y su izquierdo una; por su condición, debe quedar hospitalizada. Cerca de la una o dos de la mañana ya no querían seguir paseándola como una bola perdida. ¿Cuánto cuesta el día cama? —trescientos mil pesos, más todos los insumos— Al día siguiente debieron retirarla, porque el Ejército de Chile también les cobraría la diálisis que le correspondía por su enfermedad renal grado 5. Entonces tuvieron que volver a El Salvador en busca de una nueva oportunidad. Llegó cerca de las 11 de la mañana y fue ingresada alrededor de las 18 horas: no pudieron precisar la hora exacta, pero en situaciones así hasta cinco minutos son eternos.
En el presupuesto 2024-2025, los organismos de salud de la Defensa recibieron unos USD 232 millones; de ellos, ¡el sistema de salud del Ejército recibió aproximadamente USD 93,8 millones y dicen ser privados! Desde 1883 que Chile no enfrenta una guerra externa en defensa del territorio nacional, pero seguimos manteniendo hospitales vacíos para ellos, hospitales que reciben presupuesto sin bajas por guerra. Cientos de camas vacías, mientras en Urgencias y en el Hospital Salvador los trabajadores/as de la salud no saben qué responder ante tanto dolor y tanta demanda.
En Chile, hace 52 años nada cambia, y mientras el pueblo y sus adultos reciben migajas, los militares, sus familias y el poder que los acompaña, siguen acumulando privilegios y blindajes. No sé si Chile debe pedir justicia o castigo por tanta estafa. Yo pido castigo por los cientos chilenos y chilenas con dolores neumónicos en un costado de la espalda sentados a la espera de una cama clínica caliente en medio de la noche. Pido justicia por las cerca de ocho horas en el Hospital Militar que dejaron una deuda de varios sueldos mínimos. Y digo Basta ante tanta brecha y privilegios.
Soledad Romero Donoso. Periodista/ Cientista Política.
