Hace unos días leí en Twitter una diapositiva cuyo objetivo era convencer acerca de las consecuencias negativas de sacar el 10% de nuestros ahorros previsionales (@SociedadCL). El argumento descansaba en que si uno retirase 1 millón de pesos –y considerando una rentabilidad de 6% a veinte años– entonces dejaría de ganar 2.2 millones de pesos. Mi primera intuición fue dividir esos 2.2 millones de “pérdida” por los 20 años en los que se distribuiría. El resultado: 9166 pesos mensuales. Las otras opciones posibles para no “perder” esos 2.2 millones eran solicitar un préstamo u obtener un bono. Sobre esto último, desde hace un mes que he estado ayudando a algunos familiares a completar su solicitud de actualización de ocupación e ingresos en el Registro Social de Hogares (RSH) para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En uno de los casos el rechazo inicial para obtener el IFE se debe a que en el RSH la persona aparece con la renta que ganaba hace tres años, fecha desde la cual no ha tenido otros trabajos formales. Para actualizar la ficha es necesario llevar un certificado de la AFP que requiere asistencia presencial. No sabemos cuánto durará el proceso de actualización de la ficha, ni menos si los nuevos antecedentes serán aceptados. Lo que sí sabemos es que la solicitud de actualización de las fichas ha aumentado en un 900% y no hay personal suficiente para hacerse cargo de ello.
Como el caso anterior, hay cientos de personas que no saben si alguno de los “beneficios” del gobierno llegará a sus familias. Todos tenemos alguien cercano que, incluso necesitando la paupérrima caja de alimentos, no la ha recibido. Al mismo tiempo, hemos vistos cómo estas cajas llegan a familias que no la necesitan.
Todo lo anterior lleva a una gran incertidumbre. Y no es la incertidumbre de si abrirán o no los centros de esquí de Farellones o Valle Nevado, o si podré usar mis pasajes de vacaciones para Europa. Es la incertidumbre de si habrá o no dinero para alimentar a hijos e hijas, así como para comprar los remedios para los adultos mayores. Junto a lo anterior, está el problema de la burocracia de un gobierno de tecnócratas que supone que todas las personas que necesitan las ayudas cuentas con un computador, conexión a internet o habilidades digitales que le permitan hacer las gestiones necesarias para “postular” a los beneficios.
Frente a este escenario –y asumiendo el carácter regresivo de la política, así como la merma real en las pensiones– parece que el retiro del 10% se presenta como una medida que le da mayor certeza a las familias sobre la liquidez y realidad de esos momentos. Asimismo, hace mucho tiempo que las teorías de la justicia social han abierto el camino para considerar elementos no estrictamente económicos para la toma decisiones. Por ejemplo, cómo estas políticas tratan o consideran a las personas afectadas, si respetan y reconocen la legitimidad de sus demandas, así como si promueven su dignidad y autorrespeto.
Tal como lo mostró Ken Loach en su película Yo, Daniel Blake, muchos de los sistemas burocráticos de postulación a beneficios sociales no solo van en la dirección contraria a este reconocimiento de las necesidades de las personas, sino que también de su dignidad. Quizás por todo lo anterior, sería bueno poner en el “cálculo de utilidad” la certeza de que estos dineros llegarán a la brevedad a las familias que los necesitan.
Pablo Aguayo Westwood
Doctor en Ética y Democracia
Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
