El 18 de marzo de 2020 se realizó el punto de prensa más esperado y probablemente más visto en la historia: fue el día que se decretó el estado de emergencia por la pandemia del COVID. Pasarían 40 meses para que la autoridad pública declarara el fin de la alerta sanitaria. No se olvidan esos días que dejaron huellas en la vida de todos y generaron un agradecimiento generalizado al personal médico, de enfermería, de seguridad pública y para aquellos que continuaron abasteciendo a la población que resistió encerrada.
Más de 220 mil empleados públicos atienden a 16 millones de chilenos en FONASA o en los hospitales públicos[i]. Actualmente, 4 millones de educandos, desde jardines infantiles hasta educación media, se financian con fondos públicos; la mitad del alumnado depende de 120 mil educadores de centros públicos[ii]. Los 17 mil integrantes de gendarmería custodian a 60 mil personas privadas de libertad. Por su parte, a través de medio millón de operaciones, las 5 mil personas que integran el control aéreo permiten un despegue y aterrizaje seguro a 25 millones de pasajeros al año[iii]. En 2023, más de 800 defensores públicos penales defendieron a 54 mil personas declaradas inocentes[iv]. Se trata de algunos ejemplos, ya que junto a otros juegan un papel importante para la calidad de vida; incluso para preservar la vida misma, como el personal de urgencia. La mayoría lo hace con dedicación y de forma eficiente. De hecho, la medida de satisfacción usuaria (MESU), aplicada a más de 100 mil personas desde 2015, muestra que los dos tercios de la población califica el servicio recibido y sus instituciones con nota 6 o 7[v].
El cuadro siguiente constituye una aproximación del empleo en el Estado. Según estas cifras, en el sector público laboran 1,2 millones de personas, que representan 13% de la fuerza de trabajo y 17% de los asalariados de Chile[vi]; esta proporción es baja si se compara con el promedio en los países de la OCDE que es el doble[vii].
Estimación de Trabajadores del Estado 2024

Fuente: elaboración propia con base en fuentes oficiales[viii]
A pesar de la importancia de conocer cuántos trabajadores tiene el Estado, no existe un registro homogéneo oficial, lo que dificulta establecer diversas políticas públicas. Esta falta de claridad alimenta el discurso contra el Estado y su personal, al que se califica como “burócratas ineficaces” y, bajo la consigna “que se vayan todos”, se demanda el desmantelamiento del sistema público.
Lejos de ese discurso que los presenta como “burócratas ineficaces del gobierno que viven a costa de los impuestos de todos detrás de sus escritorios”, la realidad es muy diferente. Lo cierto es que, con relación al total del empleo público, 1 de cada 4 está directamente relacionado con los servicios de salud o educación; 1 de cada 4 presta servicios municipales esenciales para el día a día de la población; 1 de cada 6 garantiza la seguridad pública como policía o la seguridad externa como militar. Otros trabajan en áreas estratégicas, como la fabricación de equipos para la defensa y seguridad pública, o en la minería pública, que enriquece directamente el presupuesto nacional. Por su parte, el personal que labora en el ejecutivo (presidencia y ministerios del gobierno) es sólo 1 de cada 10[ix], asegurando el funcionamiento organizado del país y, sobre todo, atendiendo directamente a la población en servicios, como el Registro Civil, la administración de subsidios, operando la red de transporte, ofreciendo programas de formación y empleo, vivienda, etc. Y nada de lo que hacen es prescindible.
Ciertamente, existen diversas críticas legítimas al sector público. Entre otras, al clientelismo en el nombramiento de funcionarios de carácter técnico o al uso de recursos públicos para favorecer correligionarios. También se critica la calidad y eficiencia de algunos servicios como las listas de espera y la segregación social en la educación o la salud. A la corrupción, que afecta incluso a las altas autoridades, incluyendo parlamentarios, ministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fuerzas Armadas, policías y alcaldes.
La respuesta a estos desafíos no es la anulación o el descrédito del sector público, sino su modernización, la formación de sus empleados y un mayor control institucional y de la ciudadanía.
A pesar de la importancia de los trabajadores que laboran sirviendo a todos, el sueldo base del sector público está 20% por debajo de la línea de pobreza; el incremento previsto para inicios de 2025 no hace más que mantener –con rezago—esta situación. Sin embargo, la economía chilena tiene la capacidad para establecer la línea de la pobreza como base o mínimo salarial. Lograrlo depende de cuánto y a quién se le cobran impuestos.
Asimismo, quienes trabajan en el sector público enfrentan una alta precariedad laboral: 7 de cada 10 no tienen contratos estables, operando bajo la modalidad de honorarios, contratos temporales o subcontratación. Esto limita sus condiciones laborales, prestaciones y sueldos. Como consecuencia se generan problemas de incentivos, desempeño, motivación, autoestima y salud. Esta situación es muy diferente a la de los países de la OCDE donde sólo 3 de cada 10 carecen de contratos estables y, aun en ese caso, acceden a prestaciones sociales. De hecho, la precariedad del empleo público en Chile es el doble a la que presenta el sector privado[x]. Es urgente establecer un nuevo régimen de contratación que garantice la conducción política, la estabilidad y la flexibilidad con derechos sociales para todos quienes trabajan en el Estado.
Es evidente la urgencia de cambiar el estatuto administrativo y las leyes o normas conexas que establecen los tipos de contrato; las reglas de ingreso, carrera funcionaria y desvinculación; los mecanismos de evaluación del desempeño actuales que resultan ineficaces; así como, corregir la heterogeneidad en las estructuras salariales y extra salariales entre diversas dependencias del Estado.
Además, es igualmente urgente cambiar profundamente el sistema AFP porque el adulto mayor que quiere dejar el empleo requiere una jubilación suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Pero, como el sistema AFP es incapaz de brindar la seguridad económica, ha obligado a establecer un mecanismo de bonos de incentivos al retiro, aumentando la carga al presupuesto público.
La modernización requiere la introducción de nuevas tecnologías de información y comunicaciones con el fin de lograr más eficiencia. Actualmente Chile ocupa el lugar 31 de 39 en el índice de gobierno digital de la OCDE[xi], lo que muestra la necesidad de profundizar este aspecto. Asociado a esto, el sistema de formación continua del personal necesita cambios para la adaptación del personal a la forma de prestar los servicios actuales y asumir nuevos tipos de ocupaciones.
La corrupción, el financiamiento ilícito a políticos y el tráfico de influencias en los altos niveles de la administración pública daña a todos los niveles del sector público y corroe la credibilidad de la población. Casos como el de Hermosilla y sus aristas muestran la necesidad de ajustar las normas y procedimientos para garantizar mayores mecanismos de control administrativo y social, así como una acción penal punitiva rápida y eficaz. Asimismo, para abordar el desafío de la corrupción, es urgente establecer regulaciones más estrictas al financiamiento de la política, las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, ampliar el control a las cuentas bancarias, y establecer tipos penales más estrictos y amplios como la figura del enriquecimiento ilícito, cuando no se pueden acreditar los cambios patrimoniales.
Las condiciones laborales en el servicio público no son las que se merecen quienes desempeñan un rol importante en la vida de la población. Mejorarlas, no sólo es un imperativo con relación a quienes trabajan en el sector público, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de los servicios que se entregan a la población. Así lo refleja una reciente encuesta realizada por la Universidad Católica; en ella, 90% de los más de 50 mil consultados cree “necesario mejorar la calidad del empleo público para contar con un mejor Estado”[xii].
Los discursos simplistas sobre el empleo público desvían el debate sobre los temas que realmente importan. No se debe olvidar que quienes trabajan en el sector público son fundamentales para el funcionamiento diario de nuestra sociedad en áreas esenciales como la salud, la educación y la seguridad.
[i] Banco Central de la Nación, El recurso humano en el sector salud en Chile, BCN, mayo 2021 https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32110/2/BCN_Aproximacion_al_recurso_humano_en_Salud_EG_Final_2.pdf
[ii] Ministerio de Educación, Resumen Estadístico de la Educación 2023, Centro de Estudios, Chile, Febrero 2024
[iii] Dirección de Aeronáutica Civil, Balance de Gestión Integral 2023, Chile, 2024
https://www.dgac.gob.cl/wp-content/uploads/2024/06/BGI2023VersionPublicar.pdf
[iv] Defensoría Pública Penal, Cuenta Pública 2024, Chile, 2024
https://cuentapublica.dpp.cl/informe-ejecutivo-2024/
[v] Secretaría de Modernización, Resultados MESU 2023
[vi] Instituto Nacional de Estadísticas, INE Estadísticas, Chile, última consulta septiembre 2024
https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion
[vii] OECD (2024), Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2024, OECD Publishing, Paris,
[viii] Instituto Nacional de Estadísticas, INE Estadísticas, Ocupación y Desocupación, Chile, última consulta septiembre 2024 https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion
Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto, Recursos Humanos del Sector Público, Chile, marzo 2024 https://www.dipres.gob.cl/598/articles-333101_version_PDF.pdf
Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto, Informe Trimestral de los Recursos Humanos del Sector Público, Chile, junio 2024 https://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-24332.html#recuadros_articulo_5482_group_pvid_35869_0
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, DIPRECA, Cuenta Pública 2022, Chile 2023
Ministerio de Hacienda, noticias, web de diciembre 2023
Ministerio del Trabajo, Balance de Gestión Integral 2021, Chile, 2022 www.dipres.gob.cl/597/articles-279882_doc_pdf.pdf
Ministerio del Trabajo, Balance Gestión 2022, Chile 2023 https://www.dipres.gob.cl/597/articles-313380_doc_pdf.pdf
Fiscalía, Planta del Personal del Ministerio Público, por transparencia www.fiscaliadechile.cl/transparencia/documentos/planta_personal.pdf
Defensoría, Balance de Gestión 2023, Chile, 2024 https://cuentapublica.dpp.cl/informe-ejecutivo-2024/
Cuenta Pública PDI 2023 https://www.pdichile.cl/docs/default-source/pdf/cuentapublica2023.pdf?sfvrsn=5fe58a4c_1
Cuenta Pública Gendarmería 2024
http://genchitv.gendarmeria.gob.cl/cuentapublica.gendarmeria.gob.cl/#two4
Memorias anuales de FAMAE, ENAER y ASMAR para 2021
SIPRI Yearbook 2024 https://www.sipri.org/yearbook/2024
Fund Sol https://media-front.elmostrador.cl/2021/11/20211109-Informe-Metuech.pdf
Diario Financiero, Octubre 2023 https://www.df.cl/empresas/actualidad/trabajadores-de-empresas-del-estado-forman-su-primera-confederacion-y
Valdebenito S., Estudios Nueva Economía, DT 5, Chile 2017, p.20
[ix] La DIPRES considera en el “gobierno central” a más de 400 mil trabajadores al sumar siete instituciones diferentes al ejecutivo. Y, dentro de este, incluye a una parte del personal de salud y de educación pública.
[x] Instituto Nacional de Estadísticas, INE Estadísticas, Tasa de Desocupación al 30.09.24
[xi] OCDE, Índice de Gobierno Digital de la OCDE 2023, París
https://www.oecd.org/en/publications/2023-oecd-digital-government-index_1a89ed5e-en.htmlPrincipio del formulario
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[xii] Servicio Civil, noticias, julio de 2021
Texto original: