A mediados del año pasado se presentaron tres proyectos de ley que buscan restringir el derecho al voto de la población migrante en Chile. El primero fue iniciativa de los senadores Ebensperger, Coloma, Durana, Sanhueza y Van Rysselberghe, y contempla este tema entre otros, apuntando a restringir el derecho a las personas migrantes con residencia definitiva (Boletín N° 16815-06, 7 de mayo de 2024). Actualmente, para poder votar, se requiere tener residencia legal por al menos cinco años consecutivos contados desde la obtención de la residencia temporaria, ser mayor de 18 años y no estar condenado a pena aflictiva. El segundo proyecto, de autoría de los senadores Saavedra, Vodanovic, Araya, Castro González y Castro Prieto, también apunta a limitar el derecho al voto a aquellas personas migrantes con residencia definitiva, y agrega como requisito cinco años de residencia continua en el país después de la obtención de ese visado (Boletín N°16972-06, 10 de julio de 2024). Entre los argumentos para justificar la medida, se sostiene que: “Existe una preocupación de que los extranjeros puedan tener lealtades a otros países o intereses que no coincidan con los intereses nacionales. En algunos casos, esto podría llevar a preocupaciones sobre la seguridad nacional” (p. 6-7), una justificación que parece contextualizada en tiempos de la guerra fría, o de disputas territoriales con los países vecinos[1]. El último de los proyectos fue presentado por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini Milla, y agrega a las restricciones anteriores la limitación del derecho a sufragio a las elecciones municipales (Boletín N° 17062-06, 26 de agosto de 2024).
El temor inconfesado que se advirtió, sobre todo, detrás de esta última presentación, a partir del relato mediático que la acompañó, es el de la hipotética afinidad con partidos de derecha que tendría el electorado venezolano, que es uno de los que más ha crecido en los últimos años entre la población extranjera, de la mano del crecimiento de este grupo nacional en el país: entre 2020 y 2022 los electores venezolanos aumentaron un 384,1% (de 7.148 a 34.605 votantes), después de los haitianos, que se incrementaron un 412,8% (de 5.182 a 26.572 votantes)[2]. De todos modos, hay que leer estos datos en su contexto: según el padrón auditado de 2024, los electores extranjeros representan un 5,1% del padrón nacional[3].
Pero la preocupación que está detrás de estas iniciativas legislativas implica una simplificación infundada de la realidad, que mañosa e irresponsablemente se ha tratado de instalar para quitar derechos políticos a las personas migrantes, justamente en uno de los países en que este reconocimiento de derechos es mayor a escala global. En efecto, Chile es uno de los cinco países del mundo que otorga este derecho a las personas migrantes que no se han nacionalizado. El país reconoció muy tempranamente, en la Constitución de 1925, el derecho al voto en elecciones municipales para esta población, derecho que se amplió a las elecciones nacionales en la Constitución de 1980, de factura dictatorial[4], en un momento en que el país, lógicamente, no era un destino migratorio importante.
Esta situación ha cambiado en las últimas décadas, en las que se ha registrado un aumento de la población migrante residente en el país, que según datos censales pasó del 0,8% en 1992 al 8,8% en 2024. En directa relación con ello, ha habido un aumento del padrón extranjero, que fue del 16,3% entre 2023 y 2024. Y este aumento ha hecho que, como afirmaba Héctor Pujols en un artículo por 2020[5]: “el peso electoral de la población migrante se vuelve hoy un factor relevante en la política chilena, especialmente a nivel local”, en aquellas comunas en que la proporción de votantes migrantes es importante (Independencia tiene el 33% de padrón extranjero, Santiago el 31%, Estación Central el 21%, Iquique, San Pedro de Atacama y Mejillones el 17%). Justamente por eso es que el tema ha aparecido con fuerza en la agenda pública reciente, pero de la peor manera posible, a partir de mezquinos y mal informados intereses políticos. De todas formas, la proporción de población migrante que efectivamente vota no es mayor que en el caso de la población chilena: en las elecciones presidenciales de 2022 (los datos más recientes procesados con esta desagregación), votó un 87% de los electores nacionales y un 61% de los extranjeros (aunque esto varía por nacionalidades).
Cristián Doña y Pablo Sotomayor[6] aplicaron en 2017 una encuesta en línea a todos aquellos extranjeros que estuvieran residiendo en Chile, que tuvieran permanencia definitiva, y que contaran con correo electrónico en el entonces Departamento de Extranjería y Migración (DEM). Una de las preguntas aplicadas fue: “¿Votará usted en las próximas elecciones presidenciales chilenas, a realizarse el 2017?”. Cerca de 2 mil personas habilitadas para votar respondieron esa pregunta: un 39% tenía la intención de votar y un 25% estaba indeciso. Los autores aclaraban, por supuesto, que no se trataba de una encuesta representativa, pero aun así aportaba importantes indicios. A partir de análisis correlacionales, determinaron que edad y sexo no tenían incidencia en esa intención de voto, pero sí otras dos variables que los autores relacionaron con el nivel de integración en Chile: los planes de permanencia en el país y la conformación de parejas mixtas por nacionalidad. Entre aquellos que planeaban quedarse en Chile más allá de los próximos 5 años, 46% respondía que votaría, cifra que descendía al 20% entre aquellos que pensaban re-emigrar. Es decir, como sostenían los autores: “Cuando los migrantes asumen una migración de más largo plazo comienzan a participar de las instituciones del país de migración, en este caso del voto”. También observaron que dentro del grupo que tenía parejas chilenas (55%), la cantidad de quienes respondían que votarían era mayor, y estadísticamente significativa.
Analizando datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Servicio Nacional Electoral (SERVEL), específicamente, el número de extranjeros residentes, el número de extranjeros habilitados para votar y el número de extranjeros que ejercieron el voto en las elecciones de 2017, Héctor Pujols también aportó algunas interpretaciones interesantes: primero, que el mayor número de residentes no implicaba necesariamente un mayor porcentaje de personas habilitadas para votar, sino que esto dependía también de la temporalidad de los procesos migratorios, la irregularidad migratoria o la composición etaria de los diferentes grupos nacionales residentes en el país. Segundo, que ni el número de residentes ni el porcentaje de habilitados influyeron en los niveles de participación de los diferentes países en esas elecciones. Y otro elemento interesante que observó fue la incidencia del comportamiento electoral de la comuna, siendo mayor la participación migrante en las comunas donde la participación electoral general era más elevada. También el idioma parecía tener incidencia, o sea, si la lengua madre era el español, parecía haber más posibilidades de participación. Es decir, en general, el interés en la participación política mostraba estar ligado a indicadores de mayor integración, como también apuntaron Doña y Sotomayor. Por lo demás, la literatura internacional sobre este tema ya ha evidenciado hace tiempo la potencialidad que la participación política de las personas migrantes tiene para la integración en la sociedad en la que residen.
Otro elemento interesante para este cuadro lo aportó Victoria Finn[7], a partir de una encuesta que aplicó también antes de la elección presidencial de 2017 (primera y segunda vuelta), con una muestra de 680 migrantes residentes en Chile y habilitado para votar. Con ese trabajo constató algo en lo que coincidía con hallazgos de Doña y Sotomayor: un alto nivel de desconocimiento respecto del derecho al voto, del 43%, un dato significativo porque, como comprobó la autora con regresiones logísticas, a mayor conocimiento de este derecho, mayor es la posibilidad de que efectivamente se vote.
Ahora bien, estos datos hablan sobre la probabilidad de participación, no sobre el sentido del voto, que es el fantasma que se instaló con la presentación de algunos de los proyectos a los que aludía al principio. En ese sentido, la Encuesta Voces Migrantes de 2021, realizada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y la Consultora Ekhos, encontró que los migrantes en Chile “siguen concentrándose en posiciones independientes, despolitizadas o en el centro», entre las cuales un grupo importante, y cada vez mayor, prefiere no contestar (22,4% en 2019 y 34,8% en 2021)”. El “siguen” se refiere a resultados de la misma encuesta en su versión de 2019.
Otro análisis reciente de este tipo lo realizó la Consultora Nómade[8], a partir de las elecciones de Gobernadores Regionales de 2024, y concluyeron que: “Mientras que en elecciones de Gobierno Regional de octubre la oposición obtuvo mejores resultados en territorios con alta representatividad de electorado migrante, en la segunda vuelta es el oficialismo quien sacó mayor cantidad de votos”.
La encuesta Panel Ciudadano, de la Universidad del Desarrollo[9], exploró la intención de voto respecto de las próximas elecciones presidenciales. A partir de una muestra de 491 extranjeros que han residido en Chile por más de 5 años y cumplen con los requisitos legales para sufragar en las elecciones presidenciales de 2025, aplicada entre el 6 y 7 de febrero de este año (es decir, antes incluso de la definición de candidatos a primarias), encontraron que un 59% votaría por candidatos de derecha (Matthei) y ultraderecha (Kast y Kaiser). No hay que perder de vista, de todos modos, que esta ha sido también, por ahora, la tendencia de la intención de voto de la población nacional.
En el trabajo de investigación de carácter cualitativo que hemos estado desarrollando en el marco del proyecto “Trayectorias de subjetivación política y luchas de migración: imbricaciones e implicaciones” (Fondecyt N° 11241215), entrevistando a dirigentes de organizaciones migrantes para explorar sobre sus trayectorias de politización e implicación en luchas de migración, se nos ha hecho evidente que los clivajes izquierda/derecha en los distintos campos políticos nacionales, además de experimentar transformaciones dentro de su propio marco de origen, no son traducibles de manera idéntica entre países, y que al migrar hay un período variable de cambio de la matriz de intelegibilidad política, tanto personal como grupal. Por lo tanto, hacer este tipo de cálculos interesados es un ejercicio infructuoso y, sobre todo, peligroso. Ese es precisamente el punto que quiero poner sobre relieve: los peligros que representan estos intentos de restringir derechos políticos para nuestras democracias contemporáneas, más aún en los tiempos complejos que estas democracias están atravesando a escala global.
Juan Carlos Velasco[10] ha dicho que la migración internacional es un “catalizador social” de las transformaciones experimentadas por la institución de la ciudadanía. Este es un tema que ha sido densamente trabajado ya por las ciencias sociales, aunque las pobres argumentaciones que se presentan en los proyectos de ley que citamos al comienzo no acusen recibo de su existencia. De hecho, ideas como las de ciudadanía postnacional, multicultural, transnacional, desnacionalizada, global, han buscado recoger diversos aspectos de esas transformaciones. Autores como Sandro Mezzadra han señalado que, aunque no sean consideradas ciudadanas en términos jurídicos, las personas migrantes, con sus prácticas cotidianas, están generando una ciudadanía de nuevo tipo. Esta ciudadanía se adquiere por la residencia y la integración en un territorio, por los vínculos que se construyen en esos territorios, por la participación social en juntas de vecinos, en comités de viviendas, en sindicatos, como hemos visto en nuestro trabajo de campo desde hace al menos una década. Es en esos lazos entre nacionales y migrantes que se está construyendo el tejido social que podrá sostener nuestras democracias en los tiempos que vienen, algo en lo que pocos actores del ámbito político están poniendo atención. Pretender invisibilizar esa construcción cotidiana de ciudadanía negando el derecho a votar habla de una preocupante falta de perspectiva, o bien, de una deliberada perspectiva instrumental.
[1] Como señalaron en 2019 Lucía Dammert y Rodrigo Sandoval en un capítulo de libro titulado “Crimen, inseguridad y migración: de la percepción a la realidad”, estas tensiones consolidaron una imagen estatal de sospecha en las políticas migratorias chilenas.
[2] En línea, https://www.servel.cl/2022/07/22/el-voto-de-los-electores-extranjeros-en-chile/
[3] En línea, https://www.servel.cl/2024/07/31/aumentos-de-extranjeros-en-el-padron-auditado-2024/
[4] En línea, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2014.979322
[5] En línea, https://www.iepa.org.pe/raep/index.php/ojs/article/view/181/141
[7] En línea, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13621025.2020.1745154
[9] En línea, https://panelciudadano.cl/wp-content/uploads/2025/02/PanelCiudadano-UDD_Presidencial-inmigrantes-7feb.pdf
[10] En su libro El azar de las fronteras. Políticas migratorias, ciudadanía y justicia, publicado en 2016 por el Fondo de Cultura Económica.
María Fernanda Stang Alva
Centro de Investigación en Ciencias Sociales (CISJU)
Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH)
